Guatemala finaliza contrato con la ONU en medio de acusación al Gobierno de corrupción – El Nuevo Diario (República Dominicana)

EL NUEVO DIARIO, GUATEMALA.- El gobierno del presidente guatemalteco Bernardo Arévalo anunció este lunes la finalización de un contrato con una agencia de la ONU para comprar insumos médicos, en medio de acusaciones de corrupción por parte de la fiscalía.

El 21 de octubre, el fiscal Rafael Curruchiche acusó al gobierno de «corrupción» por la firma del acuerdo entre el Ministerio de Salud y la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS).

El contrato por 943,9 millones de dólares para comprar medicamentos y equipos fue firmado en abril de 2024 y finalizó el pasado 17 de octubre «por mutuo consentimiento», dijo la presidencia en una nota a la prensa.

Para Curruchiche, sancionado por Estados Unidos y la Unión Europea por «corrupto» y «antidemocrático», el convenio es «lesivo para los intereses» del país.

Alega que tuvo que ser «aprobado» por el Congreso y no firmado por el anterior ministro de Salud, Óscar Cordón, y el director local de UNOPS.

Un juez emitió una orden de detención contra Cordón y el fiscal pidió quitar la inmunidad al actual titular de Salud, Joaquín Barnoya, a quienes acusa de asociación ilícita, abuso de autoridad y peculado.

Además, el fiscal afirmó que el contrato fue ordenado por el presidente y su hermano Martín Arévalo, quien es funcionario de la UNOPS en Roma, afirmación el gobernante rechaza.

«La suspensión y terminación del acuerdo por mutuo consentimiento, son acciones que se habían tomado anteriormente a las acciones realizadas por el Ministerio Público (Fiscalía)», afirmó la nota.

Arévalo mantiene una larga disputa con la fiscal general, Consuelo Porras, a la que señala de promover un «golpe de Estado» al abrir cuestionadas investigaciones para evitar que asumiera la presidencia, en enero de 2024.

El mandatario carece de las facultades para remover a Porras, también sancionada por Washington y Bruselas, y que tiene mandato hasta mayo de 2026.

El pasado 30 de octubre, la fiscalía solicitó retirar la inmunidad al presidente para investigarlo por supuesto incumplimiento de deberes por la fuga de prisión de 20 cabecillas de la pandilla Barrio 18. La justicia todavía no resuelve la solicitud.

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