Mejía resalta avances de RD contra el narco en foro de Costa Rica

El expresidente advierte que el crimen organizado amenaza la democracia.

Santo Do mingo.- Desde San José de Costa Rica, Hipólito Mejía habló con firmeza. Definió al crimen organizado como un huracán social que no solo golpea la convivencia, sino que amenaza la base misma de las instituciones democráticas. El expresidente dominicano participó como expositor en la clausura del Seminario Internacional Derechos Humanos y Crimen Organizado en América Latina, un encuentro organizado por la Asociación Latinoamericana para los Derechos Humanos y la Universidad de Costa Rica.

Mejía empezó señalando que este fenómeno criminal afecta con más fuerza a jóvenes y mujeres que viven en entornos vulnerables. Lo describió como un mal capaz de debilitar las estructuras que sostienen el ejercicio de los derechos fundamentales. Según él, cuando esa tormenta criminal entra a un país, corroe la confianza pública, alimenta la desigualdad y abre espacio a la violencia.

Recordó que República Dominicana, por su ubicación estratégica, ha sido utilizada durante años como punto de tránsito para la cocaína movida por redes transnacionales. Estas organizaciones, según explicó, no conocen fronteras ni límites éticos. Atacan el tejido social y amenazan directamente a las poblaciones más frágiles, desde comunidades originarias hasta zonas afrodescendientes olvidadas por las instituciones.

Pese a este escenario, Mejía aseguró que el país ha decidido plantarle cara al narcotráfico con una coordinación interinstitucional más sólida que en décadas anteriores. A su juicio, este esfuerzo conjunto entre organismos de seguridad es uno de los pilares de los avances logrados en los últimos cinco años. Lo resumió con una frase que dio paso a un par de cifras contundentes: “Esa determinación nos ha dado resultados muy satisfactorios”.

Según los datos que compartió, entre el 16 de agosto de 2020 y el 16 de agosto de 2024 fueron incautados 156,137.21 kilos de drogas. En el periodo que va del 16 de agosto de 2024 al 20 de octubre de 2025, la cifra alcanzó 71,686.87 kilos. El total de los últimos cinco años suma 227,824.08 kilos. Para dimensionar el cambio, recordó que entre 2004 y 2020, un lapso de dieciséis años, el país había confiscado 77,526.11 kilos. La comparación deja claro que la magnitud de las operaciones actuales triplica el resultado acumulado de más de una década y media.

Mejía afirmó que este trabajo operativo ha ido acompañado de una agenda de reformas que busca atacar las raíces del problema. Mencionó la aprobación del nuevo Código Procesal Penal, la Ley de Extinción de Dominio, la modernización del sistema penitenciario, el fortalecimiento de los mecanismos contra el lavado de activos y la persecución del terrorismo. A esto sumó la actualización del Plan Nacional de Derechos Humanos y la reforma policial, que consideró un punto de inflexión por su impacto institucional.

El expresidente destacó además la red de cooperación internacional que se ha construido con otros países y organismos regionales. Este intercambio de información, dijo, ha permitido mejorar la capacidad de respuesta. Para él, la confianza y la transparencia entre instituciones son elementos decisivos cuando se enfrenta un crimen que no reconoce límites.

Aun con estos avances, Mejía subrayó un dato inquietante. En América Latina, la tasa promedio de homicidios en 2024 fue de 20.2 por cada 100,000 habitantes. Es una cifra que triplica la media mundial, pese a que la región solo representa el 9 por ciento de la población global. Señaló que los homicidios tienen múltiples causas, pero insistió en que el crimen organizado es una de las principales.

También llamó la atención sobre la lucha por el control territorial. Explicó que en muchos barrios urbanos y comunidades rurales, especialmente en zonas marcadas por la exclusión social, las bandas criminales ocupan espacios que deberían pertenecer al Estado. Esto afecta incluso territorios donde se extraen materiales de construcción, recursos mineros y productos agrícolas de alto valor.

Describió cómo esta realidad altera la vida cotidiana. Hay personas que no salen a trabajar o estudiar por temor a cruzarse con grupos delictivos, y residentes de zonas remotas que viven aislados por el miedo. Incluso algunos fieles han dejado de ir a sus iglesias para evitar convertirse en víctimas.

El expresidente cerró su intervención con una advertencia. Señaló que el crimen organizado no solo afecta a las personas, sino también a las instituciones llamadas a investigarlo, perseguirlo y juzgarlo. Según él, cuando esas estructuras se debilitan surge la impunidad y se pierde la confianza ciudadana. Y remató con una idea que repitió a lo largo de su discurso: el ataque a las instituciones judiciales es uno de los objetivos más dañinos del crimen organizado.