Auditoría de Cámara de Cuentas a Industria y Comercio del 2015 a 2019 revela 11 anomalías y fallas por más de 950 millones de pesos

En la auditoría a las gestiones del 2015 al 2019 del Ministerio de Industria y Comercio, la Cámara de Cuentas encontró 11 anomalías y fallas valoradas en RD$953,070,527.00 (novecientos cincuenta y tres millones, setenta mil quinientos veintisietes pesos) entres las cuales está la no elaboración de estados financieros en base a lo que estipula la Dirección de Contabilidad Gubernamental, así como compensaciones, pagos a servicios y expedientes sin justificación, así como compras sin proceso de selección correspondiente.

La auditoría corresponde al período comprendido entre el primero de enero del 2015 y el 31 de diciembre del 2019. En ese tiempo los ministros correspondientes manejaron ingresos valorados en RD$23,770,544,646.00 (veintitres mil setecientos setenta millones quinientos cuarenta y cuatro mil seiscientos cuarenta y seis pesos).

La investigación se hizo según las instrucciones dispuestas por la presidencia de la entidad en los oficios 010607/2020 del once de septiembre del 2020 y la 019366/2020 del 14 de diciembre del 2020.

El primer indicio fue que se comprobó que en el período analizado el ministerio no cumplía con la elaboración de lo estados financieros según lo establece la Dirección General de Contabilidad Gubernamental (DIGECOG) por un monto ejecutado en el 2019 de 5 mil 798 millones 555 mil 389 pesos. «No se evidencia preparación y presentación de los referidos informes«, indica la auditoría.

El documento muestra la respuesta del entonces ministro, Juan Temistocles Montáas que expresaba que sí se hacían los estados, aunque una comunicación del actual ministro, Víctor, Ito, Bisonó aseguró que la anterior gestión hizo los análisis pero no bajo las normativas de la DIGECOG.

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Aunque la auditoría se hizo en el 2020, las recomendaciones finales fueron presentadas el 20 de mayo de este año bajo la firma de Glenis M. Santana Cuevas, supervisora de Grupos de Auditoría y Fabio Enríque Roa, director de Auditoría.

El organismo fiscalizador recomienda que la Dirección Administrativa y Financiera inicie la preparación de los estados financieros aplicables al sector público no financiero. Asimismo que se registre de manera integra los libramientos sobre remuneraciones, se busquen los soporte que justifiquen pagos de compensaciones, se unifiquen las nóminas y se gestione ante el Ministerio de Administración Pública la autorización para la contratación de asesores. De igual forma, invitó al ministerio a que cree los mecanismos necesarios para que los pagos por servicios de inteligencia tengan soportes y que el Departamento de Comrpas vele por la correcta selección de los procesos de adquirir contratación y servicios. También que los desembolsos contengan certificaciones de las apropiaciones presupuestarias de dichos fondos.

En la fiscalización se determinó que se hicieron pagos por 270 millones de pesos por pagos de servicios de inteligencia que carecen de soportes que justifiquen ese monto.

De igual forma se hicieron cargo a asesores por unos 228 millones de pesos, 700 mil 448 pesos, los cuales no tenían autorizacaión del Ministerio de Administración Pública.

También se muestran 174 millones 994 mil 774 pesos correspondientes a expedientes de pago que carecen de certificaciones de que tenían esos recursos apropiados en el presupuesto correspondiente.

Una cuarta anomalía de 137 millones, 488 mil 896 pesos atribuida al pago de raciones alimenticias carente de documentación de soporte que valide en qué se gastaron esos recursos.

Para conocer el nivel de detalles de los hallazgos de esta auditoría, puede acceder a la misma acá debajo: