TSA admite recurso de nulidad contra INTRANT e incluye demanda patrimonial contra funcionarios

SANTO DOMINGO.- El Tribunal Superior Administrativo (TSA) admitió a trámite una demanda de nulidad relacionada con los fondos utilizados por el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (INTRANT) para la licitación de licencias de conducir.

Mediante el Auto núm. 18002-2025, la presidencia del tribunal otorgó un plazo de 30 días al INTRANT para responder y fijó para este miércoles, a las 2:00 p.m., la audiencia virtual para conocer una solicitud de suspensión cautelar.

La información fue confirmada por la oficina del doctor Juan Manuel Guerrero, en representación del doctor Ángel Lockward, abogado que presentó la demanda.

La acción legal busca demostrar que el INTRANT habría desviado recursos públicos al utilizar de forma irregular la Partida 2.2.8.7.06 —destinada al pago de servicios a la empresa DEKOLOR— para nutrir la Partida 2.29.1.01, correspondiente a la licitación de licencias, a la cual el Congreso Nacional solo había asignado RD$10 millones. La instancia sostiene que esta maniobra representa una desviación de poder y un desfalco, con la finalidad de engañar tanto al Congreso como a la ciudadanía.

Según el expediente, esta modificación presupuestaria se habría realizado con la participación de altos funcionarios, entre ellos el director de Presupuesto, José Rijo; el director del INTRANT, Milton Morrison; el director de Compras y Contrataciones Públicas, Carlos Pimentel; y César Bobadilla. Todos figuran como co-demandados en una acción de responsabilidad patrimonial por daños estimados en RD$669,898,814.55; RD$7,000 millones; RD$100 millones y RD$50 millones, respectivamente.

De acuerdo con la demanda, el 23 de abril de 2025, el director de Presupuesto autorizó un cambio de partida por RD$1,400 millones para saldar compromisos con DEKOLOR. No obstante, dichos fondos —que ya habían sido autorizados por la Presidencia desde el año anterior— habrían sido omitidos deliberadamente por el director del INTRANT, a pesar de haber emitido un informe de buen desempeño en el primer trimestre del año.

El Tribunal Constitucional ha reiterado que la omisión en la ejecución de partidas contempladas en el Presupuesto General del Estado constituye una falta grave de responsabilidad patrimonial, como lo establece la sentencia TC/0264/22.

El caso del INTRANT, que ya ha sido objeto de cuestionamientos públicos, ahora se centra no tanto en el presunto intento de soborno —considerado por algunos como una cortina de humo—, sino en las anomalías del pliego de condiciones de la licitación publicada en abril, así como en la ilegalidad de los fondos utilizados.

Este proceso licitatorio ha sido objeto de múltiples enmiendas y erratas. Al menos seis oferentes, incluyendo importantes empresas extranjeras, han objetado las bases del proceso por considerar que vulneran los principios de igualdad y transparencia, lo que ha motivado su retiro.

Adicionalmente, el TSA acogió con carácter de urgencia otra acción legal: una Acción de Amparo de Cumplimiento, que está pautada para conocerse este jueves a las 9:00 a.m., en la Segunda Sala del mismo tribunal.