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Abogados guatemaltecos accionan contra nombramientos de jueces sin aval del Congreso – El Nuevo Diario (República Dominicana)
EL NUEVO DIARIO, CIUDAD DE GUATEMALA. – Un grupo de abogados guatemaltecos presentó este lunes un amparo ante la Corte de Constitucionalidad (CC), máximo tribunal del país centroamericano, por el nombramiento unilateral de jueces de salas de Apelaciones por la Corte Suprema de Justicia sin el aval del Congreso.
El grupo de juristas que presentó el amparo (recurso legal) está encabezado por el abogado Edgar Ortiz, experto en derecho constitucional, quien explicó a periodistas que lo que se pretende con esta acción es el respeto a la ley.
De acuerdo con la legislación guatemalteca, la Corte Suprema de Justicia está facultada para crear nuevas Salas de Apelaciones, pero la integración de las mismas es potestad del Congreso.
«Pedimos que se proteja la Constitución», afirmó Ortiz, quien recordó que «le corresponde al Congreso nombrar» a los jueces respectivos.
De igual manera, el abogado señaló que existe una invasión a las funciones constitucionales del Organismo Legislativo tras los nombramientos por parte de la Corte Suprema de Justicia.
«Ahí entra en juego la Ley de la Carrera Judicial, en su artículo 6, párrafo B, y el artículo 23, que dice claramente que cuando exista una vacante en la Corte de Apelaciones, el Consejo de la Carrera Judicial debe informarle al Congreso, para que sea este el que designe a los magistrados», reiteró Ortiz.
La aprobación de las 18 nuevas Salas de Apelaciones fue oficializada este mes por la Corte Suprema de Justicia, quien designó a sus respectivos jueces (tres magistrados titulares y dos suplentes), lo que implica la elección de 20 magistrados sin el aval del Congreso.
En octubre de 2024, los 160 diputados que componen el Congreso designaron a alrededor de 200 jueces de Salas de Apelaciones, como establece la ley.
Desde hace varios años, diversas organizaciones sociales y de derechos humanos de la sociedad civil guatemalteca han denunciado un proceso sistemático de cooptación del sistema de justicia, con el fin de perpetuar la corrupción y la impunidad.
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