Foro de ONU insta al Gobierno de Ecuador a garantizar el debido proceso para los detenidos – El Nuevo Diario (República Dominicana)

EL NUEVO DIARIO, ECUADOR. -El Foro Permanente de las Naciones Unidas para las Cuestiones Indígenas instó este sábado al Gobierno de Ecuador a garantizar el debido proceso, la representación legal y el contacto con los familiares de los detenidos durante las protestas contra el Gobierno en la ciudad andina de Otavalo.

En un comunicado publicado en redes sociales por la Confederación de Nacionalidades Indígenas (Conaie), convocante de un paro nacional contra el alza de precio del diésel, el Foro formuló el pedido en especial para los 13 detenidos del pueblo Kichwa Otavalo, e insto a «que se detengan todos los procesos de persecución».

Además, a investigar de manera pronta e imparcial todas las «denuncias de violencia, detención arbitraria y malos tratos por parte de las fuerzas de seguridad».

Asimismo, a defender y garantizar los derechos a la libertad de expresión y la reunión pacifica.

Recordó que el pasado miércoles, la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones ordenó el cierre durante 15 días de TV MICC, el canal del Movimiento Indígena y Campesino de Cotopaxi, que es «una plataforma vital para las comunicaciones públicas de los Pueblos Indígenas, para las voces diversas y el dialogo público equilibrado», señaló.

El Foro -que consideró que el estado de excepción decretado en ocho provincias «ha restringido las libertades de asociación, reunión y tránsito»-, pidió entablar un diálogo «constructivo y genuino» con los pueblos indígenas y sus representantes para atender las «preocupaciones legitimas mediante soluciones pacificas e inclusivas».

Marcha por la liberación

Este sábado, una nutrida marcha indígena en Otavalo, en la provincia de Imbabura, foco de las protestas convocadas por la Conaie, exigió la liberación de detenidos el pasado lunes en esa urbe: doce de los cuales cumplen prisión preventiva en otras provincias, mientras que a una mujer la justicia le impuso medidas alternativa. Todos procesados por el delito de terrorismo.

En la marcha estuvieron familiares de los detenidos el pasado lunes cuando un millar de manifestantes atacó un destacamento policial, dañó su infraestructura y quemó diez vehículos policiales y particulares.

«Caminamos en unidad, dejando en claro que los pueblos indígenas  no dejamos solos a nuestros hermanos criminalizados», señaló la Conaie, convocante del paro con carácter de nacional, pero que desde el pasado lunes ha afectado, de forma esporádica a unas cinco de las 24 provincias del país.

«Somos resistencia, no terroristas», apuntó la Conaie, que exige la eliminación del decreto con el que el pasado 12 de septiembre se eliminó el subsidio del diésel, detonante de las protestas, en las que luego pidieron la reducción en tres puntos del Impuesto al Valor Agregado (IVA), hasta el 12 %, entre otros reclamos.

La eliminación de la subvención hizo que el precio del diésel subiera de 1,80 a 2,80 dólares por galón (3,78 litros) y el presidente, Daniel Noboa, ha recalcado que mantendrá su decisión.

En el recorrido, los manifestantes coreaban «Somos pueblo, no somos terroristas» y pedían la salida del Gobierno, al que tildaban de «anti-popular».

Entre los detenidos el lunes también figuran dos venezolanos, que las autoridades presumen que están vinculados al Tren de Aragua, la mayor banda criminal de Venezuela, catalogada por el Gobierno de Noboa como «terrorista».

Las protestas en Imbabura provocaron el viernes el reclamo de los comerciantes de zonas como Antonio Ante y Atuntaqui, que  protagonizaron cruces de palabras con los manifestantes, mientras que en Ibarra (capital de la provincia) hubo una marcha de ciudadanos en demanda de tranquilidad para trabajar.

El movimiento indígena ya lideró en 2019 y 2022 las masivas protestas que llevaron a los presidentes Lenín Moreno (2017-2021) y Guillermo Lasso (2021-2023) a dar marcha a atrás cuando también quisieron eliminar las subvenciones estatales a los combustibles para cumplir con las metas de ajuste fiscal de los programas crediticios firmados con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

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