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Jueza federal frena temporalmente el despliegue de tropas de Trump en Portland – El Nuevo Diario (República Dominicana)
Una jueza federal nominada por el propio presidente Donald Trump ha emitido una orden temporal que detiene por 14 días el despliegue de soldados de la Guardia Nacional en Portland. (Ilustración: El Nuevo Diario)
EL NUEVO DIARIO, LOS ÁNGELES. – Una jueza federal nominada por el propio presidente Donald Trump ha emitido una orden temporal que detiene por 14 días el despliegue de soldados de la Guardia Nacional en Portland, Oregon, en medio de la escalada de la Casa Blanca para militarizar ciudades gobernadas por demócratas.
La magistrada Karin Immergut tomó la decisión mientras se estudia la demanda presentada por el estado de Oregon, que buscaba impedir que al menos 200 soldados fueran enviados a la ciudad, donde las protestas por las redadas migratorias se han intensificado. En la querella, Oregon y la ciudad de Portland acusaron al Gobierno federal de abuso del poder ejecutivo y de actuar de manera inconstitucional.
“Lejos de promover la seguridad pública, las acciones provocadoras y arbitrarias del Gobierno amenazan con socavarla al incitar la indignación ciudadana”, señaló la demanda.
El despliegue había sido ordenado por Trump tras el rechazo de la gobernadora demócrata Tina Kotek a enviar a la Guardia Nacional por iniciativa propia, estrategia similar a la utilizada en Illinois. La Casa Blanca argumenta que la presencia militar es necesaria ante las protestas, exacerbadas por decisiones recientes como la designación del movimiento Antifa como grupo terrorista.
Portland ha sido descrita por Trump como “devastada por la guerra”, pero autoridades locales y líderes estatales sostienen que las manifestaciones han sido mayormente pacíficas y que la seguridad está bajo control. Sin embargo, imágenes recientes muestran enfrentamientos entre agentes federales y manifestantes frente al edificio del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE), incluyendo el uso de gas pimienta contra personas derribadas en el suelo.
La decisión judicial representa un revés momentáneo para la estrategia de militarización de ciudades demócratas impulsada por la Casa Blanca, mientras se debate el alcance del poder federal en la gestión de protestas civiles.
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