Jueza de Illinois frena decisión sobre despliegue de Guardia Nacional ordenado por Trump – El Nuevo Diario (República Dominicana)

EL NUEVO DIARIO, CHICAGO, EE.UU. — La tensión entre la Casa Blanca y el estado de Illinois escaló este lunes, luego de que una jueza federal se negara a suspender de forma inmediata el despliegue de tropas de la Guardia Nacional en Chicago, ordenado por el presidente Donald Trump para contener las crecientes protestas contra las redadas migratorias.

La magistrada April M. Perry, del distrito norte de Illinois, explicó durante la audiencia que necesita más tiempo para examinar los argumentos antes de pronunciarse sobre la legalidad de la medida. Una nueva vista fue fijada para este jueves, mientras las tropas —provenientes de Texas— se preparan para llegar entre martes y miércoles, según confirmó un abogado del Gobierno federal.

El gobernador JB Pritzker y el fiscal general Kwame Raoul encabezan la demanda interpuesta contra la Administración Trump, alegando que el envío de la Guardia Nacional constituye una “invasión inconstitucional” y un “abuso de poder” del Ejecutivo federal.
Pritzker advirtió que los efectivos están “formados como soldados” y no como agentes del orden civil, lo que, a su juicio, “pone en riesgo la seguridad ciudadana”.

Raoul, por su parte, insistió en que “ningún presidente puede saltarse la Constitución”, subrayando que no existe un mandato legal que justifique la federalización de estas tropas.

El conflicto surge tras un fin de semana de alta tensión en Chicago, donde las protestas contra las redadas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) derivaron en incidentes, incluido un disparo de agentes fronterizos que hirió a una ciudadana estadounidense en el área de South Side.

La decisión de Trump de desplegar unidades militares para contener manifestaciones no se limita a Illinois: este mismo lunes, otra jueza federal bloqueó un intento similar del mandatario de enviar 300 efectivos a California, donde se desarrollan protestas contra las políticas migratorias en Portland, Oregón.

El pulso entre Washington y los gobiernos estatales marca un nuevo capítulo en la batalla política sobre el papel de las fuerzas armadas en asuntos civiles y la respuesta federal a las manifestaciones sociales.

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