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Colombia pide perdón a un hombre que pasó más de una década preso por un crimen que no cometió – El Nuevo Diario (República Dominicana)
Gustavo Sastoque. Arte/Erick Trujillo
EL NUEVO DIARIO, BOGOTÁ. – Tras casi 30 años de una injusticia que le arrebató sus sueños y su libertad, el Estado colombiano pidió oficialmente perdón a Gustavo Sastoque, un exfuncionario del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) condenado erróneamente por el asesinato del guerrillero Hernando Pizarro Leongómez en 1995.
El acto simbólico, encabezado por la Fiscalía General de la Nación y la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado (Andje), reconoció que la detención y condena de Sastoque fueron ilegales y arbitrarias, en un caso que terminó por convertirse en emblema de los errores judiciales cometidos en Colombia durante los años más duros del conflicto.
Sastoque, quien en ese momento se desempeñaba como encargado del archivo y correspondencia del CTI, no tenía funciones operativas ni vínculo con el crimen, pero fue señalado sin pruebas y apresado el mismo día en que se emitió la orden de arresto.
“El 8 de marzo de 1995 empezó una terrible pesadilla en mi vida… utilizaron testigos falsos para condenarme por un delito que jamás cometí”, recordó Sastoque durante el acto de desagravio.
El error judicial lo llevó a pasar más de diez años en prisión, truncando sus estudios de Derecho y su vida familiar. “Aunque haya un acto de perdón, el daño está hecho”, lamentó.
Una reparación que llega tarde
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) determinó en su momento la responsabilidad internacional del Estado colombiano en la violación de los derechos de Sastoque, y fue la Asociación Minga la que impulsó su defensa ante instancias internacionales.
Durante el acto, la fiscal general Luz Adriana Camargo reconoció que el caso debe servir como lección institucional:
“Debe invitarnos a reflexionar sobre el impacto que tienen nuestras decisiones en la vida de las personas y el peligro de actuar bajo la presión de ofrecer resultados rápidos”.
El caso volvió a cobrar relevancia cuando en 2021 el excomandante guerrillero Carlos Antonio Lozada (Julián Gallo) admitió ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) que fue él quien dio la orden de ejecutar a Pizarro Leongómez, jefe del Comando Ricardo Franco, disidencia de las FARC.
El reconocimiento del error y la disculpa pública llegan tarde, pero confirman la necesidad de revisar las prácticas judiciales que, en nombre de la justicia, condenaron a inocentes durante años de violencia y desconfianza institucional.
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