EL NUEVO DIARIO, BUENOS AIRES. – La expresidenta argentina Cristina Fernández (2007- 2015), quien se encuentra presa en su domicilio desde el pasado junio y se enfrenta desde este jueves a un nuevo juicio, el más grande de corrupción de la historia argentina, cuenta además con otros tres procesos judiciales abiertos en su contra.

A Fernández se la juzga desde este jueves en la denominada ‘causa de los cuadernos’, acusada de liderar, entre 2003 y 2015, una asociación ilícita que recibía sobornos de empresas de construcción, energía y transporte a cambio de contratos estatales, en un proceso en el que también están acusados otros 21 exfuncionarios y 65 empresarios.

El caso, que obtiene su nombre de los cuadernos en los que un conductor del Ministerio de Planificación anotó a lo largo de años el traslado de dinero desde las empresas hasta despachos o domicilios de miembros del Ejecutivo, unifica distintas causas de corrupción y fue considerado por la Fiscalía «la investigación de hechos de corrupción más extensa que se ha realizado en la historia judicial argentina».

Desde el pasado 17 de junio, Fernández cumple además una pena a seis años de prisión domiciliaria e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por una causa paralela, conocida como ‘Vialidad’ y en la que fue condenada por irregularidades en la concesión de obras públicas en la provincia sureña de Santa Cruz durante su gobierno y el de su fallecido esposo Néstor Kirchner (2003-2007).

La expresidenta cuenta, además, con otros tres procesos judiciales abiertos en su contra.

1. Caso Hotesur-Los Sauces

La causa lleva el nombre de dos empresas participadas por la familia Fernández-Kirchner e investiga supuestas maniobras a través de esas firmas mediante las cuales se habría incurrido en lavado de dinero.

Según la investigación, que estuvo a cargo del juez Julián Ercolini, el lavado se habría producido mediante el alquiler de habitaciones de un hotel administrado por Hotesur, que nunca se ocuparon.

La Justicia investigó además maniobras similares en propiedades administradas por Los Sauces, específicamente el pago de alquileres por parte de los empresarios Lázaro Báez y Cristobal López a cambio de las adjudicaciones de obra pública que recibieron sus compañías entre 2003 y 2015.

Por esta causa -que inicialmente fueron dos y terminaron siendo unificadas-, Fernández fue procesada por el delito de lavado de activos, pero luego sobreseída en noviembre de 2021.

Sin embargo, el sobreseimiento fue anulado en 2023 por la Cámara Federal de Casación Penal y el procesamiento de Fernández fue confirmado luego por la Corte Suprema de Justicia, por lo que la exmandataria deberá enfrentar un juicio oral, que todavía no tiene fecha de inicio prevista.

2. La ruta del «dinero K»

La causa de la denominada «ruta del dinero K» investiga el supuesto lavado de dinero por parte del matrimonio Kirchner entre 2010 y 2013.

El caso se inició en 2013 con una investigación periodística que vinculaba a la expresidenta y a su esposo con lavado de dinero a través de la empresa Austral Construcciones.

La empresa era propiedad de Lázaro Báez, que en 2021 fue condenado a doce prisión junto a otros 17 imputados.

Fernández fue inicialmente sobreseída en 2021 por el juez Sebastián Casanello, pero en 2023, cuando aún era vicepresidenta, la Cámara Federal de Apelaciones revirtió esa decisión y la causa sigue abierta.

3. Pacto con Irán

Fernández está procesada también por el delito de encubrimiento del atentado a la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA), perpetrado en 1994 con un saldo de 85 muertos, atribuido por la Justicia argentina al grupo chií libanés Hizbulá, presuntamente con autorización, directivas y financiamiento de autoridades iraníes.

La acusación hecha por el fallecido juez Claudio Bonadio se basa en la firma, en 2013, de un memorando de entendimiento entre Argentina e Irán.

Según Fernández, Argentina firmó ese pacto para facilitar la investigación del atentado a la mutual judía, aunque Bonadio concluyó que se trató de una maniobra de encubrimiento de varios funcionarios del país persa.

La causa se inició tras una denuncia del fiscal Alberto Nisman, que horas antes de presentarse ante la Justicia para defender su acusación, apareció muerto en su apartamento con un disparo en la cabeza, un episodio que aún no ha sido esclarecido.

La exmandataria fue sobreseída en 2021 por un tribunal que consideró que el memorando, «más allá de que se lo considere un acierto o desacierto político, no constituyó un delito», pero tras la apelación de familiares de víctimas del atentado, la Cámara Federal de Casación revocó ese sobreseimiento en 2023.

La Corte Suprema de Argentina, máximo tribunal del país, resolvió en diciembre de 2024 rechazar un recurso presentado por la expresidenta, quien deberá enfrentarse a un juicio oral cuya fecha todavía no ha sido fijada.

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