BOGOTÁ.- El escándalo suscitado en Colombia por una fiesta de presos en la cárcel La Paz, en Itagüí (noroeste), que incluyó la presentación del cantante de música vallenata Nelson Velásquez, llevó al Ministerio Público a abrir este viernes una investigación administrativa para esclarecer quién autorizó el ingreso del músico al penal.

La diligencia fue iniciada por la Procuraduría (Ministerio Público), que busca identificar a los funcionarios del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) que participaron en la parranda el pasado 1 de abril, organizada por personas privadas de la libertad en esa cárcel del departamento de Antioquia y sin autorización oficial.

«Para avanzar en la investigación, la Procuraduría Regional de Instrucción de Antioquia adelantará hoy una inspección disciplinaria al lugar donde ocurrieron los hechos y a la Dirección Regional del Inpec», señaló el organismo en un comunicado.

La fiesta, en la que además del citado artista hubo bebidas alcohólicas y hasta prostitutas, según algunas versiones, se conoció por denuncias públicas y provocó críticas de autoridades locales, al tratarse de una cárcel donde pagan condenas jefes de bandas criminales de Medellín.

Algunos de ellos, que están vinculados a delitos como narcotráfico y extorsión, participan en el proceso de «paz urbana» impulsado por el Gobierno del presidente Gustavo Petro.

El ministro de Justicia, Jorge Iván Cuervo, expresó este viernes su rechazo a lo sucedido y aseguró a medios locales que la fiesta no fue autorizada por el Gobierno.

Cuervo precisó que varios de los reclusos vinculados a la «paz urbana» en Medellín cuentan con un régimen especial de visitas los miércoles, acordado en las mesas de diálogo que el Ejecutivo impulsa como parte de la política de «paz total», pero subrayó que eso no incluye ni autoriza celebraciones como la denunciada.

Previamente, el Inpec anunció el relevo del director encargado del establecimiento, el traslado del comandante de vigilancia y la apertura de una investigación disciplinaria contra siete funcionarios que estaban de servicio al momento del ingreso del artista.

Este episodio se suma otros similares de corrupción y descontrol en cárceles colombianas en las últimas décadas.

Uno de los más recordados por su gravedad es el de la cárcel La Catedral (Antioquia), donde el narcotraficante Pablo Escobar estuvo recluido a principios de la década de los 90 del siglo pasado, con unas condiciones excepcionales de lujo y comodidad pagadas y controladas por él mismo que dejaron en evidencia la debilidad del Estado ante el poder del capo.

A ello se suma el de la base militar de Tolemaida, en el departamento de Tolima (centro), donde estuvieron presos militares condenados por violaciones a los derechos humanos y que fue conocida en 2013 como «Tolemaida Resort» por las comodidades y beneficios indebidos de que gozaban los detenidos, un reflejo de los problemas estructurales de corrupción en el sistema penitenciario del país.

Estos episodios, separados por décadas, mantienen vigente el debate sobre los privilegios ilegales en centros de reclusión y la incapacidad del Estado colombiano para ejercer el control dentro de las cárceles.

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