EL NUEVO DIARIO, LONDRES.- La proposición de ley sobre Adultos Terminales (Fin de Vida), que permitiría la muerte asistida para adultos terminales con pronóstico de vida inferior a seis meses en Inglaterra y Gales, obtuvo una importante victoria este viernes por un estrecho margen en la Cámara de los Comunes (baja).

Un total de 314 diputados apoyaron esta legislación, que ahora pasará a ser debatida por la Cámara de los Lores (alta), frente a 291 que se pronunciaron en contra, en una votación que no estaba sometida a la disciplina de partido sino que cada parlamentario elige según su conciencia.

El pasado noviembre, los Comunes aprobaron por una mayoría de 55 votos la proposición legislativa en una segunda lectura, pero desde entonces ha sido enmendada y hay diputados de todas las formaciones que cambiaron de opinión, lo que explica que esta vez el respaldo se haya reducido a casi la mitad.

El texto, presentado en octubre de 2024 por la diputada laborista Kim Leadbeater, seguirá ahora su proceso en la Cámara de los Lores (alta, no electa), donde, de no mediar sorpresa, debería también ser aprobada.

Mientras el debate y la posterior votación tenían lugar en el interior del Parlamento de Westminster, centenares de manifestantes, a favor y en contra de la medida, se manifestaban en las inmediaciones del Legislativo.

En declaraciones a la BBC, Leadbeater destacó que se trata de un momento «histórico» para su país y subrayó que sus esfuerzos irán dirigidos ahora a que se proporcionen las mayores garantías para evitar que se cometan abusos o que haya que personas que se puedan sentir coaccionadas para pedir su muerte.

Entre otras cosas, el texto establece que podrán solicitar la asistencia para morir los adultos residentes en Inglaterra o Gales que lleven al menos 12 meses registrados con un médico de cabecera, tengan un pronóstico de menos de seis meses de vida y estén en condiciones de tomar decisiones con libertad.

El solicitante debe hacer dos declaraciones separadas, firmadas y con testigos, expresando un deseo claro, firme y sin coacción para acabar con su vida.

Además, el proyecto exige que dos médicos independientes evalúen al paciente, y que una comisión judicial formada por un trabajador social, un abogado y un psiquiatra otorgue la autorización final.

El medicamento letal podrá ser preparado por un médico, pero deberá ser el propio paciente quien se lo administre, prohibiéndose que terceros lo hagan, para evitar abusos.

Así, la ley introduce penas de hasta 14 años de prisión para quien presione, coaccione o engañe a alguien para que se suicide o declare querer hacerlo.

El pasado 13 de mayo, el Parlamento autónomo de Escocia aprobó por su parte los principios generales de un proyecto de ley para legalizar el suicidio asistido en este territorio británico, un texto que actualmente sigue su trámite parlamentario.

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