CIUDAD DE GUATEMALA. – El Gobierno de Estados Unidos criticó este miércoles a la comisión que postuló a 20 candidatos para formar parte del Tribunal Supremo Electoral de Guatemala (TSE) para el período 2026-2032.

La comisión, formada en su mayoría por autoridades de universidades privadas y estatales, definió el listado de 20 candidatos el pasado martes, a la espera de que el Congreso designe en marzo a cinco magistrados titulares y cinco suplentes de dicha nómina.

«Las autoridades universitarias guatemaltecas abrieron las puertas a organizaciones criminales y narcotraficantes con sus selecciones para el TSE», expuso John Barrett, encargado de Negocios de la embajada de Estados Unidos en Guatemala y máxima autoridad de la sede diplomática por el momento ante la ausencia de un embajador.

Barrett añadió que los dirigentes universitarios priorizaron «sus propios intereses por encima del bienestar del país y de sus instituciones».

La nómina entregada el martes por la comisión de postulación incluye, por ejemplo, al abogado Lesther Castellanos, sancionado en 2023 como actor corrupto y antidemocrático por Estados Unidos con el retiro de su visa y la prohibición de ingresar a su territorio.

Además, según medios locales y expertos en el tema, hay al menos otros cinco abogados en el listado con señalamientos de corrupción en el pasado.

La comisión de postulación está comandada por el rector de la Universidad de San Carlos de Guatemala (la única estatal), Walter Mazariegos, también sancionado por Estados Unidos por corrupción y quien ocupa el cargo desde 2022 bajo señalamientos de conseguir el puesto con una elección irregular.

También forma parte de la comisión Mynor Herrera, rector de la Universidad Panamericana (privada), en representación de todos los rectores del país, cuyo pasado como pastor religioso sería impedimento para formar parte de la misma comisión.

Herrera aseguró en años anteriores que hubo fraude electoral en los comicios de 2023, un delito que no ha sido probado y que ha sido promovido solamente por la fiscal general y jefa del Ministerio Público, Consuelo Porras Argueta, de igual manera sancionada por Estados Unidos por corrupción y por socavar la democracia.

La elección de los nuevos magistrados se encuentra bajo la lupa de la Organización de Estados Americanos y de la población civil para evitar casos como el de hace tres años, cuando los actuales magistrados en el cargo decidieron de manera unilateral, según varias fuentes (incluida la Comisión Interamericana de Derechos Humanos), excluir a candidatos presidenciales sin motivo válido, como en el caso de Roberto Arzú García Granados, hijo del expresidente Álvaro Arzú Irigoyen (1996-2000).

Los nuevos miembros del Tribunal Supremo Electoral tendrán a su cargo las elecciones de 2027, para definir a las autoridades (presidente, Congreso y alcaldías) del país centroamericano para el período 2028-2032.

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