EL NUEVO DIARIO, REDACCION DIGITAL. -El presidente interino del Perú, José María Balcázar, fue citado a juicio oral por el presunto delito de apropiación ilícita en agravio del Colegio de Abogados de Lambayeque, según una resolución emitida por el Poder Judicial del Perú. El proceso será visto por el Segundo Juzgado Penal Unipersonal de Chiclayo, que fijó el inicio de la audiencia para el 16 de junio de 2026 a las 10:00 de la mañana.

Balcázar, quien asumió la Presidencia el 18 de febrero de 2026 tras ser elegido titular del Congreso en medio de una nueva crisis política, deberá comparecer obligatoriamente a la diligencia. El tribunal advirtió que, de no asistir sin justificación válida, podría ser declarado reo contumaz, lo que habilitaría la emisión de órdenes de captura y la continuación del proceso en su ausencia.

Acusación por delito contra el patrimonio

De acuerdo con el expediente, el mandatario es investigado por el presunto delito de apropiación ilícita común, contemplado en el artículo 190 del Código Penal peruano. La imputación se relaciona con hechos que habrían afectado el patrimonio del Colegio de Abogados de Lambayeque, entidad que ya había expresado anteriormente reparos sobre su postulación a cargos públicos y solicitado evaluar su idoneidad.

El juzgado determinó que el caso cumplió las etapas preliminares de investigación y control de acusación, por lo que corresponde avanzar a la fase de juzgamiento oral, donde se evaluarán los medios probatorios ofrecidos por el Ministerio Público y la defensa.

Advertencia de declaratoria de contumacia

En la resolución judicial se detalla que la audiencia podrá desarrollarse de manera presencial o virtual, a través de plataformas digitales, si así lo dispone el tribunal. No obstante, la comparecencia del imputado es obligatoria.

La advertencia es clara: si Balcázar no acude sin una causa debidamente acreditada, el juzgado podría declararlo reo contumaz. Esta figura procesal implica su declaración formal de rebeldía, habilitando medidas coercitivas y la posibilidad de continuar el juicio sin su presencia.

Asimismo, se ordenó la notificación formal al acusado, su defensa, el fiscal, los testigos y peritos convocados, garantizando el debido proceso y el derecho de defensa conforme a lo establecido en el Código Procesal Penal.

Organización del expediente

La resolución también dispone la conformación de dos cuadernos procesales: uno principal, que reunirá todas las actuaciones y resoluciones del caso, y otro exclusivo para las pruebas admitidas que serán debatidas durante el juicio oral.

Este ordenamiento busca facilitar la revisión de los elementos de convicción por parte de las partes procesales antes del inicio de la etapa central del proceso.

El Poder Judicial recordó que las audiencias programadas tienen carácter inaplazable, salvo causa debidamente sustentada, y que las actuaciones cuentan con plena validez jurídica mediante el uso de firmas electrónicas certificadas, lo que asegura la continuidad del procedimiento bajo los parámetros legales vigentes.

El inicio del juicio se producirá en un contexto político particularmente delicado, dado que el actual jefe de Estado enfrenta este proceso penal mientras ejerce la más alta magistratura del país, lo que añade un nuevo elemento de tensión a la ya compleja coyuntura institucional peruana.

Relacionado