EL NUEVO DIARIO, WASHINGTON.- Un tribunal de los EE.UU. bloqueó temporalmente la implementación de una ley que prohibiría la entrada o permanencia en Oklahoma de inmigrantes sin presencia legal en el país, incluidos solicitantes de asilo, informó este jueves la Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU, en inglés).

La normativa de Oklahoma, considerada una de las más extremas del país, además autoriza a los agentes de policía a preguntar sobre el estatus migratorio durante las interacciones de rutina, como en las paradas de tráfico o en las investigaciones.

En su fallo el Tribunal para el Distrito Oeste de Oklahoma declaró «la probable inconstitucionalidad» de la ley HB 4156, con lo que impide a las autoridades de ese estado aplicarla hasta la resolución de una demanda que la impugna.

En concreto, la querella legal alega que la ley, aprobada el año pasado, crea un «sistema estatal» para regular la inmigración socavando el control federal migratorio.

La ley fue impugnada por una demanda anterior a la que se unió el Departamento de Justicia de EE. UU. bajo el Gobierno del expresidente Joe Biden (2021-2025).

Un juez bloqueó la entrada en vigor de la ley el 1 de julio del 2024. Sin embargo, la Administración del presidente Donald Trump ha retirado la impugnación, que se ajusta a sus políticas migratorias de deportaciones masivas.

Ante el cambio de posición del Ejecutivo estadounidense, los defensores de los derechos civiles se vieron obligados a presentar una nueva acción legal, liderada por ACLU de Oklahoma.

Noor Zafar, abogada de la ACLU, advirtió hoy en un comunicado que cada día que la HB 4156 llegara a estar en vigor, pondría a los inmigrantes en Oklahoma en riesgo de arresto, detención y expulsión del estado.

Firmada por el gobernador de Oklahoma, el republicano Kevin Stitt, la HB 4156 establece el delito de «ocupación inadmisible», por el que cualquier vecino que sospeche de la presencia ilegal de inmigrantes puede denunciarlos por «presencia ilegal» sobre la base de «supuestas declaraciones».

Esta disposición otorga a las fuerzas del orden la capacidad de detención de los sospechosos hasta que estos puedan demostrar su derecho legal a residir en Estados Unidos, algo que abre la puerta a la discriminación racial, denuncia la Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos de Oklahoma City («LULAC-OKC») que, junto con Padres Unidos de Tulsa, demandaron al gobierno de Oklahoma.

Tamya Cox-Touré, directora ejecutiva de la ACLU de Oklahoma, calificó a la HB 4156 como uno de los proyectos de ley antiinmigrantes «más extremos jamás aprobados por ningún estado».

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