PARÍS.– En una decisión histórica, el Senado francés aprobó con 202 votos a favor y solo dos en contra un proyecto de ley que busca eliminar definitivamente del Código Civil la noción del llamado “deber conyugal”, una figura interpretada durante años como la obligación de mantener relaciones sexuales dentro del matrimonio.

La iniciativa, de carácter transpartidista y previamente avalada por la Asamblea Nacional, pretende alinear la legislación francesa con la jurisprudencia reciente del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), reafirmando que el consentimiento es indispensable en cualquier relación, incluso entre cónyuges.

Fin de una interpretación histórica

Aunque la ley francesa ya no impone explícitamente este deber desde la década de 1990, su interpretación persistía en algunos tribunales debido a una redacción ambigua heredada del Código Civil napoleónico de 1804. En aquel entonces se hablaba de un “derecho de cohabitación”, que con el tiempo evolucionó hacia el concepto de “comunidad de vida”, utilizado por algunos jueces como base para exigir relaciones sexuales dentro del matrimonio.

A pesar de que desde los años 90 la jurisprudencia reconoce que toda relación sin consentimiento constituye una violación, incluso entre esposos, no fue hasta 2010 cuando se eliminó la “presunción de consentimiento” del Código Civil. Sin embargo, algunos fallos recientes aún consideraban la falta de relaciones íntimas como motivo de divorcio.

Condena europea impulsa el cambio

El impulso definitivo a esta reforma llegó tras la condena a Francia por parte del TEDH en un caso ocurrido en 2020. En esa sentencia, una mujer fue considerada responsable del divorcio por negarse a mantener relaciones sexuales durante una década, pese a alegar que sufría violencia doméstica.

El tribunal europeo concluyó que “el matrimonio no puede equipararse al consentimiento automático de relaciones sexuales”, lo que obligó al Estado francés a revisar su marco legal.

Ahora, el proyecto deberá pasar por una comisión mixta entre el Senado y la Asamblea Nacional para resolver diferencias en su redacción antes de su aprobación final, marcando un paso decisivo hacia una legislación más clara y centrada en los derechos individuales dentro del matrimonio.

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