SANTO DOMINGO.- Falleció la madrugada de este viernes el veterano periodista Gilberto Hernández, quien durante varios años llegó a desempeñarse como editor económico de El Nuevo Diario.
Hernández, quien enfrentaba quebrantos de salud desde hace varios años, falleció a la edad de 78 años, dejando con su partida física un legado de profesionalismo y entrega al oficio periodístico. Fue ampliamente reconocido entre la clase periodística por su carácter jovial, su compañerismo y su incansable ética de trabajo.
Los restos de Hernández serán expuestos a partir de este sábado en horas de la mañana en la funeraria Gresefu de la avenida Las Américas con Sabana Larga, en Santo Domingo Este, mientras que el sepelio se hará en horas de la tarde en el cementerio Parque del Prado, ubicado en el municipio San Antonio de Guerra.
Hernández ingresó como colaborador de El Nuevo Diario el 23 de marzo de 2003, cuando el periódico aún funcionaba con equipos básicos y bajo condiciones que hoy parecen parte de otra época.
En la sección de Economía, Hernández se destacó por su rigurosidad al abordar los temas económicos, financieros, empresariales y de desarrollo nacional.
Colegas y excompañeros han lamentado profundamente su partida física, y lo recuerdan como un periodista comprometido con la verdad y la objetividad, así como un ser humano íntegro y afable.
Descanse en paz.

SANTO DOMINGO .- Tras acoger la solicitud del Ministerio Público, un tribunal de Santiago impuso una coerción de tres meses de prisión preventiva a una imputada de delitos de trata, tráfico y abuso sexual y psicológico en perjuicio de una adolescente dominicana a la que trasladó al vecino países de Haití para explotarla sexualmente.

La imputada María Estela Fajardo Liriano (La Patrona), una reincidente sometida por los mismos delitos en el distrito judicial de Valverde, encabezaba una red de tratantes que se articuló para reclutar a sus víctimas adolescentes dominicanas en distintas demarcaciones del país.

Las adolescentes eran trasladadas al cabaret bar La Patrona, un negocio propiedad de la procesada, ubicado en Pétion-Ville, Haití.

La medida de coerción se impuso en razón de las pruebas materiales, periciales, testimoniales y documentales que recolectó el órgano persecutor a través de su Departamento de Trata y Tráfico de Personas, que fue apoderado del caso en el que la víctima, para entonces menor de edad, fue conducida a Haití, en donde estuvo recluida y sometida a vejámenes, violación sexual y otras formas de abuso.

La investigación en la que se empleó el procurador fiscal Juan Osvaldo García, refiere que la víctima fue contactada y trasladada desde Santiago hasta una villa en Santo Domingo por varias jóvenes que actuaban por encargo de la imputada.

El Ministerio Público tiene evidencias de que los captores de la víctima le exigieron el pago de valores en efectivo a sus parientes, a cambio de devolverla al país.

La Fiscalía de Santiago imputó a Fajardo por los cargos provisionales de violación a los artículos 265 y 266 del Código Penal Dominicano; artículo 1, literales A y C, у artículo 3, de la Ley 137-03, sobre Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas.

Además, se le imputan cargos por transgresión al artículo 396, literales A, B y C, de la Ley 136-03, del Sistema de Protección y los Derechos Fundamentales de Niños, Niñas y Adolescentes, que castigan la asociación de malhechores, trata de personas y agresión física, psicológica y sexual en contra de una menor de edad.

Fajardo Liriano también fue sometida a la acción de la justicia en la jurisdicción de la provincia Valverde, en donde, igualmente, le fue impuesta como medida de coerción la prisión preventiva mediante la resolución 103-2025, del 24 de febrero del 2025, por haber explotado sexualmente a una menor de edad en Haití, a quien además golpeaba de manera salvaje para obligarla a recibir clientes, al extremo de haberle producido una herida en la cara, lo cual demuestra la conducta antijurídica, delictiva y antisocial de la imputada.

Por Ramón Mercedes.-

NUEVA YORK.- Ante el hallazgo de una lista con nombres de legisladores y funcionarios en poder de Vance Boelter, de 57 años -sospechoso de asesinar a tiros a la representante estatal demócrata de Minnesota Melissa Hortman y a su esposo, así como de herir al senador estatal John Hoffman y a su esposa-, el congresista por el distrito 13 de NY, Adriano Espaillat, aseguró que no tiene miedo.

“Soy neoyorquino, tengo 28 años representando esta comunidad en el Alto Manhattan, camino por sus calles porque es mi vecindario desde que tenía 9 años, y el día que me sienta con algún temor me retiraré de todo esto”, precisó Espaillat.

El violento ataque perpetrado por Boelter conmocionó a Minnesota: Melissa Hortman y su esposo murieron a causa de los disparos, mientras que el senador estatal John Hoffman, de Champlin, y su esposa resultaron heridos.

En medio de un clima de creciente tensión política y ataques a funcionarios públicos, también se han producido acciones controversiales por parte de autoridades federales de inmigración.

En California, el senador federal Alex Padilla, primer y único latino en ocupar ese cargo en el estado, fue detenido de forma violenta por agentes de inmigración cuando intentaba cuestionar a la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, durante una conferencia de prensa sobre políticas migratorias.

En NYC, el contralor y candidato a la Alcaldía, Brad Lander, fue esposado por agentes del ICE mientras acompañaba a un inmigrante tras una audiencia judicial. Lander se interpuso entre los agentes y el inmigrante, exigiendo ver una orden judicial y las identificaciones oficiales. Al negarse a permitir la detención sin una orden, fue empujado contra la pared, esposado y puesto bajo custodia.

También el alcalde de Newark, Ras Baraka, fue arrestado el mes pasado en un centro de detención federal donde protestaba por su reapertura. Fue acusado de entrar sin autorización y detenido durante varias horas.

A principios de este mes, los congresistas demócratas Adriano Espaillat y Nydia Velázquez (D-12) acudieron al edificio 26 de Federal Plaza, en Manhattan, ante denuncias sobre condiciones infrahumanas en que se encontraban detenidos varios inmigrantes.

Las autoridades impidieron que los legisladores pudieran ver a los detenidos e inspeccionar el lugar, pese a que, como legisladores, tiene ese derecho.

Pese a estos incidentes, el congresista Espaillat reafirma su compromiso con los inmigrantes: “Seguiremos ofreciéndoles orientación legal a quienes acuden a nuestras oficinas. Es un compromiso con los más vulnerables y necesitados”, subrayó.