BOGOTÁ. – El Gobierno colombiano anunció este jueves que tomará las «medidas necesarias» para evitar que la ONU, la Misión de Apoyo al Proceso de Paz de la Organización de Estados Americanos (MAPP/OEA) y la Defensoría del Pueblo suspendan sus actividades tras las restricciones impuestas por una disidencia de las antiguas FARC para que accedan a las zonas en las que opera.

«Siempre respetando la neutralidad y la imparcialidad de estas instituciones, tomaremos las medidas necesarias para que no se suspenda ningún tipo de acción, ni de la Defensoría ni de la MAPP/OEA, ni de Naciones Unidas», afirmó el viceministro para el Diálogo Social y los Derechos Humanos, Gabriel Rondón, a periodistas.

El Estado Mayor Central (EMC), la principal disidencia de las antiguas FARC, señaló el miércoles en un comunicado que la restricción a los tres organismos «obedece a graves violaciones de confianza y neutralidad» y añadió que «acciones humanitarias y de verificación han sido utilizadas para obtener información» de su ubicación, «facilitando operaciones militares» en su contra.

En ese sentido, el viceministro señaló que el Gobierno «está en capacidad de garantizar el desarrollo de las acciones de estas instituciones en todo el país».

«Tenemos todas las capacidades por parte de nuestro Ministerio de Defensa y de toda nuestra fuerza pública para enfrentar y neutralizar cualquier acción armada que se quiera cometer. Los invitamos más bien a usar esa energía y ese tiempo que se gastan escribiendo un panfleto para escribir un documento que nos lleve a un acuerdo de paz», expresó Rondón.

Señalamientos desmentidos

La MAPP/OEA desmintió «los señalamientos sobre falta de imparcialidad y la supuesta filtración de información para favorecer acciones militares, a través de su labor».

«Durante 22 años, la MAPP/OEA ha trabajado de la mano con comunidades, víctimas y población vulnerable en los territorios más afectados por la violencia y el conflicto armado, desarrollando su mandato sin restricciones gracias a la confianza depositada por todos los actores sociales en su función institucional», subrayó ese organismo en un comunicado.

Según la MAPP/OEA, «las restricciones que se intentan imponer, además de ser contrarias al Derecho Internacional Humanitario, afectan principalmente a la población de las regiones más apartadas, para quienes la presencia y permanencia de organismos nacionales e internacionales resulta fundamental para la protección de todos sus derechos».

Por su parte, la Defensoría del Pueblo lamentó la decisión del EMC porque «limita la labor para la defensa de los derechos de la población civil y agrava su situación de vulnerabilidad».

«Impedir o condicionar la presencia de organismos humanitarios imposibilita el monitoreo sobre riesgos para la población civil, deja a las comunidades sin el acompañamiento al que tienen derecho, limita el acceso a la atención humanitaria y coarta las labores para aliviar su sufrimiento», indicó la Defensoría en un comunicado.

El EMC, dirigido por Néstor Gregorio Vera, alias Iván Mordisco, el hombre más buscado de Colombia, también acusó a los organismos de filtrar «información sensible desde misiones humanitarias».

La disidencia agregó que «solo mantendrá misiones humanitarias con el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), en la medida en que esta institución garantice la neutralidad absoluta, el secreto y confidencialidad y se mantenga la coordinación previa para toda acción».

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