Por Mikaela Viqueira

EL NUEVO DIARIO, LOS ÁNGELES (EE.UU.). – Las protestas en Los Ángeles, que alcanzan este martes su quinto día y han convertido el complejo federal del centro de la ciudad en un campo de batalla, no cesan ante la amenaza del presidente de EE.UU., Donald Trump, de invocar una antigua Ley de Insurrección para acallar las manifestaciones contra las redadas migratorias.

Cientos de manifestantes se congregan frente a las puertas del edificio federal, que siguen resguardadas por decenas de soldados que impiden el acceso a las instalaciones salvo vehículos autorizados.

Alrededor del edificio, una multitud aguarda de manera pacífica: guitarra en mano, algunos cantan contra la presencia de la Guardia Nacional y las redadas migratorias llevadas a cabo desde el pasado viernes por el Gobierno de Donald Trump y que dieron origen a las protestas.

Mientras, otros ofrecen alimentos y botellas de agua tanto a los manifestantes como a las decenas de miembros de los medios de comunicación desplegados en la zona.

En los alrededores, ondea la bandera mexicana mientras se corean consignas y se ensalzan pancartas en las que se preguntan dónde estaba la Guardia Nacional en disturbios como los del 6 de enero de 2021 ante el Capitolio u otros que rezan «liberen a mi gente».

«Las políticas de deportación masiva de Donald Trump son un gran fracaso. Estas operaciones en Los Ángeles tienen más que ver con un intento de provocar disturbios y encumbrar las políticas fallidas de Trump», asegura a EFE Hoku Jeffrey, uno de los manifestantes.

La tensión se apodera del ambiente a medida que pasan las horas y las decenas de fuerzas de seguridad de la ciudad tratan de mantener controlados a los manifestantes.

Hasta el momento, Trump ha autorizado el despliegue de 4.000 miembros de la Guardia Nacional de California, más 700 efectivos de la marina, pero estos solamente tienen órdenes de proteger a funcionarios y edificios federales.

En la mañana, el presidente republicano afirmó que, de ser necesario, invocará la Ley de Insurrección, que le otorga la facultad de desplegar al Ejército para reprimir episodios de desorden civil y poder así disolver militarmente las protestas desatadas en la capital californiana.

La calle poco a poco toma forma de campo de batalla: dos líneas diferenciadas entre manifestantes y efectivos, que agrandan cada vez el terreno dispuesto a dispersar a los manifestantes con porras en mano y bolas de gas pimienta.

Tras la detención de un manifestante a manos de las fuerzas de seguridad se despeja la calle principal y detienen a aquellos que se resisten a acatar las órdenes de las autoridades de abandonar el lugar.

La multitud comienza a dispersarse, aunque una gran mayoría corre a cortar el paso de vehículos en la Autopista 101.

El centro de Los Ángeles vandalizado

Gran parte de las calles donde se han desarrollado las protestas amanecen completamente vandalizadas, tras varios días de tensión.

Pese a que la situación es más calmada que en anteriores jornadas, las calles del centro de Los Ángeles, donde se ubican los edificios gubernamentales, se ven prácticamente vacías de turistas y viandantes.

El edificio del Departamento de la Policía de Los Ángeles viste a modo de fortaleza, con decenas de miembros de las fuerzas de seguridad que aseguran el perímetro.

También el Ayuntamiento de Los Ángeles se encuentra repleto de guardias mientras personal limpian las pintadas de spray, evidencias de la rudeza que vive esta parte de la ciudad.

Y en medio de los intentos por restablecer el orden, lejos de cesar el ruido de las protestas, las sirenas de las patrullas de policía y las aspas de varios helicópteros que sobrevuelan las calles no paran de sonar.

Estas fricciones no solo se sienten en las calles, sino también a nivel político.

El gobierno de California respondió este martes a los actos del presidente, con una solicitud de emergencia ante un tribunal para solicitar una orden que impida al Pentágono ampliar la misión del personal federalizado de la Guardia Nacional de California y la Infantería de Marina; no obstante, esta fue rechazada por el juez de distrito Charles R. Breyer.

El juez programó una audiencia para el jueves en la que se prevé que California y el gobierno federal presenten sus argumentos sobre si se debe permitir o no el uso de las tropas en estas tareas.

El despliegue total de los casi 5.000 soldados tendrá un costo de 134 millones de dólares que cubrirán transporte, alimentación, alojamiento y otros gastos hasta un máximo de 60 días, según cifras compartidas por el Pentágono.

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