Por Israel López.-

Santo Domingo.– Un grupo de comunicadores, periodistas, locutores y profesionales vinculados a los medios de comunicación afines al Partido Revolucionario Moderno (PRM), hicieron un llamado este sábado al presidente Luis Abinader y al ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza, para que les brinden un mayor respaldo con la colocación de publicidad oficial.

Explican que en los diferentes medios de comunicación donde tienen participación defienden abiertamente la obra del gobierno del presidente Abinader.

El reclamo fue dirigido también a otros funcionarios que se han mostrado indiferentes a los reclamos que hacen estos comunicadores.

Destacaron que su labor no debe limitarse a momentos electorales, sino que es contínua y estratégica frente a los desafíos diarios de la gestión gubernamental.

“Lo que queremos es que nos tomen en cuenta, ya que un partido no solo se activa en campaña. Todos los días surgen retos que enfrentar, y nosotros jugamos un papel fundamental en la defensa de las ejecutorias del presidente Abinader”, afirmaron.

Asimismo, insistieron en que, a pesar de su compromiso con la divulgación de los logros del gobierno, muchas veces no cuentan con el respaldo institucional ni con los recursos necesarios para continuar su labor de manera efectiva.

Los reclamantes señalaron que muchos de los comunicadores que apoyan al gobierno enfrentan limitaciones, mientras otros medios y figuras que no respaldan la gestión reciben viven recibiendo contratos publicitarios.

“No es que ellos no reciban publicidad, pero demandamos que se nos tome en cuenta también, ya que cuando solicitamos publicidad en las instituciones del gobierno, nunca hay para nosotros”, afirmaron.

En ese sentido, denunciaron una aparente falta de equidad en la distribución de recursos comunicacionales del Estado, en perjuicio de quienes están alineados con el PRM y su liderazgo.

En el encuentro asistieron el licenciado Benigno Encarnación, la licenciada Esther Minyetys, el comunicador Rolando Campusano, Andrade Piña, Nelson Ramírez y otros.

Operativo concluyó con el arresto de dos hombres y varios vehículos ocupados

Santo Domingo.- Miembros de la Policía Nacional y agentes de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), coordinados por el Ministerio Público, dentro del reforzamiento de las labores conjuntas para enfrentar el narcotráfico, incautaron 200 paquetes de cocaína, en una labor de seguimiento e interdicción conjunta, desarrollada en el municipio de Boca Chica, provincia Santo Domingo.

Los equipos operativos y varios fiscales, atendiendo a informes de inteligencia, realizaron un allanamiento en el negocio, La Embajada Social Club, de la Calle prolongación Caracoles, donde ocuparon, en una primera intervención, 184 paquetes de cocaína, envueltos en cinta de color azul y con logotipos.

En el operativo se arrestaron a dos personas y se incautaron además, cinco yipetas, una furgoneta, un JetSki , un vehículo todo terreno (buggy) y dos camiones.

Posteriormente las unidades actuantes, por instrucciones de los fiscales y para resguardar la seguridad de los equipos operativos, así como los detenidos, se trasladaron hacia la sede central para continuar con el proceso.

Iniciado el protocolo de inspección a todos los vehículos, se descubrió en uno de ellos, específicamente en la jeepeta Kia Sorento, una caleta debajo del asiento del conductor, en cuyo interior se ocuparon otros 16 paquetes, para un total de 200.

Los paquetes tuvieron un peso total de 205.33 kilogramos de cocaína, según determinó en su análisis el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF).

“Cabe destacar que a cuatro de los vehículos confiscados le fue encontrado compartimientos secretos o caletas, modalidad del narcotráfico para transportar drogas”, dice un comunicado de prensa de la DNCD.

El Ministerio Publico y la DNCD profundizan las investigaciones en relación al caso, mientras los detenidos, ambos dominicanos, serán sometidos a la justicia por violación a la ley 50-88, sobre drogas y sustancias controladas.

El decomiso del alijo evidencia una vez mas el compromiso de las autoridades de seguir golpeando con firmeza y determinación a las redes de narcotráfico nacional e internacional.

SANTO DOMINGO.- En respuestas a la solicitud del Ministerio Público, un tribunal colegiado de San Pedro de Macorís condenó a 30 años de prisión a dos hombres que cometieron asesinato y tortura en contra de otros dos hombres, en un hecho registrado en 2019, en Juan Dolio, del municipio Guayacanes.

El Ministerio Público, representado por los fiscales Katherine Vallejo Herrera y Antonia Idalia Jiménez Esteves, demostró la culpabilidad de Melvin Reyes Rodríguez y Yensi Martínez Tiburcio en el asesinato de Andrew Reniel Jesus Aguilera Tovar y en el intento de homicidio y tortura de Luis Miguel Santana.

El órgano persecutor demostró que, con sus acciones, los procesados incurrieron en la violación de los artículos 266, 295, 297 y 302 del Código Penal Dominicano y los artículos 66 y 67 de la Ley 631-16 sobre Control y Regulación de Armas, Municiones y Materiales Relacionados.

Los hechos se produjeron la madrugada del 30 de diciembre del año 2019, cuando aproximadamente a las 2:00 de la mañana, Reyes Rodríguez y Martínez Tiburcio se presentaron a un hotel en el que trabajaban ambas víctimas, obligando a Aguilera Tovar a montarse en una jeepeta blanca, en la que se lo llevaron del lugar.

Ambos malhechores regresaron al hotel alrededor de las 4:00 de madrugada y en esta oportunidad obligaron a Santana a abordar el vehículo, en el cual lo trasladaron hasta un vertedero de Juan Dolio, donde le mostraron el cuerpo sin vida de Aguilera Tovar.

En el mismo lugar, el procesado Reyes Rodríguez le disparó a Santana, produciéndole herida por proyectil de arma de fuego con entrada en la región del hombro izquierdo y salida en la cara anterior del cuello.

Al ver que el disparo no le quitó la vida a la víctima, y que ya no contaba con más balas, el agresor montó a Santana nuevamente en el vehículo y se trasladó hasta Santo Domingo, donde en un área de la avenida Bolívar, dentro del vehículo, intentó ahorcarlo con un cable de teléfono que terminó rompiéndose y esto evitó que pudiera quitarle la vida.

Al fallar en este intento, Reyes Rodriguez regresó al hotel en Juan Dolio, donde recogió a Martínez Tiburcio, y ambos se trasladaron a una zona montañosa en la carretera de San Pedro de Macorís, donde torturaron a la víctima.

Ante las súplicas de la víctima, Reyes Rodríguez decide perdonarle la vida, con la condición de que Santana lo lleve a casa de su madre, como un método de amenaza para asegurarse de que no denunciará lo ocurrido.

En este proceso, Reyes Rodríguez decide regresar al hotel para cubrir las heridas de la víctima, a quien se negó llevar a un hospital, y envía a Martínez Tiburcio a lavar el vehículo, quedándose dormido, lo que aprovechó la víctima para escapar y denunciar los hechos.

Por disposición de los jueces Juan de la Cruz Rijo Guillamo, Bethania del Carmen Conce Polanco y Katherine Santana Mejía, ambos procesados cumplirán la condena en el Centro de Corrección y Rehabilitación de San Pedro de Macorís (CCR-11).