El dirigente de la FNP asegura que la nueva ley penal limita a militares y migración

Santo Domingo. – El exdiputado y dirigente de la Fuerza Nacional Progresista (FNP), Vinicio Castillo Semán, lanzó duras críticas al nuevo Código Penal aprobado por el Congreso Nacional. Asegura que la normativa representa una amenaza directa a la soberanía del país y a la capacidad de las autoridades para combatir el tráfico de personas, drogas y otros delitos.

Según Castillo, la reforma penal incluye figuras delictivas que podrían utilizarse para acusar penalmente a militares, agentes de migración y otras autoridades, dejando el terreno abierto a denuncias de particulares y organizaciones no gubernamentales financiadas por organismos internacionales. Esto, dice, limitará la capacidad del Estado para aplicar la ley, sobre todo en zonas sensibles como la frontera.

“El nuevo Código le da a los haitianos la posibilidad de querellarse si se les niega el acceso a hospitales, escuelas o maternidades, argumentando discriminación por raza o nacionalidad, lo que ahora será considerado delito”, afirmó. A su juicio, esto frenará operativos fronterizos y de control migratorio, ya que los oficiales temerán ser acusados y enfrentar cárcel por detener vehículos sin una orden judicial.

En el ámbito del narcotráfico y el porte de armas ilegales, el exlegislador advirtió que la nueva ley también crea un escenario preocupante. “El miedo a actuar sin una orden judicial específica hará que las autoridades se abstengan de intervenir ante sospechas razonables. Se desarma a quienes deben combatir el crimen en el terreno”, puntualizó.

Castillo sostiene que el Congreso ha legislado “reaccionando a abusos aislados”, cuando bastaba con reforzar controles internos y dotar a los agentes de cámaras para registrar los operativos. “Convertir esto en un delito penal es, literalmente, poner a las autoridades contra la pared. El crimen organizado y las mafias de tráfico humano deben estar celebrando”, advirtió.

Aunque reconoce como un logro la exclusión de las tres causales en la nueva legislación —una bandera histórica de la FNP—, Castillo asegura que los artículos que, según él, debilitan las estructuras de control y vigilancia del Estado, empañan cualquier avance. “No puedo celebrar algo que compromete los intereses vitales del país”, concluyó.

Dice que el nuevo Código fortalecerá la justicia y la democracia

Rafael “Fiquito” Vásquez, coordinador nacional del Movimiento Electoral Peñagomista (MEP), aplaudió la aprobación del nuevo Código Penal por parte del Congreso, y afirmó que el presidente Luis Abinader no dudará en promulgarlo. A su juicio, esta reforma representa un paso firme hacia el fortalecimiento del sistema judicial y democrático del país.

“El Congreso dio una respuesta valiente y justa”, declaró Vásquez al referirse a la votación que se llevó a cabo esta semana en ambas cámaras legislativas. Según el dirigente político, el nuevo Código recoge demandas largamente esperadas por la sociedad dominicana y es producto de años de discusión entre distintos sectores del país.

Vásquez destacó que los legisladores actuaron con responsabilidad y sensibilidad al “poner sus oídos en el corazón del pueblo”, en alusión al reclamo de más de 20 años por una reforma penal. Subrayó especialmente el trabajo de la Cámara de Diputados, encabezada por Alfredo Pacheco, y agradeció el esfuerzo de los senadores y sus líderes, como Ricardo de los Santos.

“Valió la pena cada hora de debate y sacrificio”, afirmó, al señalar que el nuevo marco legal endurece penas contra delitos que hoy golpean con fuerza a la sociedad, como el feminicidio, el secuestro y los abusos contra menores. Aseguró que estas modificaciones envían un mensaje claro: el que delinca enfrentará consecuencias severas.

Fiquito también valoró la disposición de algunos sectores de la oposición que apoyaron la pieza, por encima de diferencias partidarias. “El país está por encima de cualquier interés político”, afirmó, en lo que interpretó como una señal de madurez del liderazgo nacional.

A su entender, el nuevo Código no solo fortalece el combate a la criminalidad, sino que responde a reclamos de juristas, académicos y organizaciones de la sociedad civil que han exigido un marco penal más actualizado. En su opinión, la nueva legislación deja atrás vacíos legales que favorecían la impunidad y permitirá a las autoridades actuar con más firmeza ante crímenes que antes quedaban sin castigo proporcional.

Con respecto al paso siguiente, Fiquito Vásquez se mostró confiado en que el presidente Abinader no se apartará del rumbo trazado por el Congreso. “Este Código será promulgado. Es una herramienta clave para afianzar la justicia y reforzar nuestra democracia. Estoy seguro de que el presidente lo ve igual”, aseguró.

Mientras algunos sectores sociales y defensores de derechos humanos han expresado serias críticas al contenido del Código, Vásquez insiste en que la reforma representa un avance. “Quien cometa crímenes, tendrá que pensarlo dos veces. Ya no habrá espacio para la impunidad”, concluyó.

El debate ahora pasa al Poder Ejecutivo, donde el presidente Abinader tendrá la última palabra sobre si se convierte o no en ley.

Tribunal aplaza tres audiencias clave y rechaza detener proceso electoral solicitado por partidos.

SANTO DOMINGO. El Tribunal Superior Electoral (TSE) dejó claro que no dará paso al freno de los procesos en curso. Rechazó de manera categórica la solicitud de sobreseimiento planteada por los partidos Justicia Social (PJS), Unidad Nacional (PUN) y Opción Democrática (OD) en el recurso contencioso de extrema urgencia que mantienen contra dos resoluciones de la Junta Central Electoral (JCE).

Las resoluciones en cuestión —la 15-2025 y la 16-2025, emitidas el pasado 3 de julio— están siendo impugnadas por estos partidos que consideran vulnerados derechos esenciales del proceso electoral.

El TSE fue claro en su argumento: no está obligado a suspender casos que ya han sido apoderados, incluso si hay procesos abiertos ante el Tribunal Constitucional. Según indicó, no hay indicios de que ambas instancias estén en riesgo de emitir fallos contradictorios.

Además de esa decisión de fondo, el tribunal aplazó la audiencia para permitir que se cite a todas las organizaciones políticas implicadas en las resoluciones que motivaron el recurso. La lista es extensa: incluye al oficialista Partido Revolucionario Moderno (PRM), así como a Fuerza del Pueblo, PLD, PRD, y decenas de otros partidos y movimientos políticos registrados ante la JCE, desde los tradicionales hasta agrupaciones emergentes como Movimiento Político Águila o Nosotros Pa’ Cuando.

El tribunal dispuso que las notificaciones correspondientes corran por cuenta de los demandantes, y fijó la próxima audiencia para el 18 de agosto.

Más audiencias aplazadas

El TSE también movió para el mismo 18 de agosto otra audiencia importante: la solicitud de medidas cautelares de extrema urgencia presentada por los mismos tres partidos (PJS, PUN y OD) contra la JCE.

La parte demandante solicitó el aplazamiento para poder citar formalmente a todas las organizaciones políticas registradas, argumentando que la complejidad del proceso requiere un manejo más riguroso en la convocatoria.

Igualmente, fue reprogramada la vista del expediente número TSE-05-0005-2025, esta vez para el 11 de agosto. En ese caso se trata de una acción de amparo por supuestas violaciones a derechos fundamentales de participación política, democracia interna, y uso transparente de fondos públicos.

En este último proceso, el Partido Justicia Social es el demandado. Está representado por su presidente, Julio César Valentín Jiminián, y la acción fue interpuesta por Rubén Darío Rodríguez Beato, quien acusa al partido de desconocer estatutos internos y prácticas democráticas básicas.

Con estos movimientos, el TSE busca que todos los actores estén debidamente citados y en capacidad de responder antes de tomar decisiones que podrían impactar el rumbo del actual proceso electoral.