Internacionales
Prisión preventiva para presunta implicada en el atentado contra senador colombiano – El Nuevo Diario (República Dominicana)
Senador colombiano Miguel Uribe. Foto/fuente externa
EL NUEVO DIARIO, BOGOTÁ. – Un juez ordenó prisión preventiva para Katerine Andrea Martínez, la tercera persona detenida por presuntamente haber participado en el atentado contra el senador colombiano y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, ocurrido el pasado 7 de junio en Bogotá, informó este martes la Fiscalía.
Martínez, de 19 años, fue capturada en Florencia, capital del departamento de Caquetá (sur), durante un operativo conjunto entre la Policía Nacional y la Fiscalía, la cual señala que la joven participó tanto en la planeación como en la ejecución del ataque.
De acuerdo con la investigación, presuntamente «asistió a reuniones en las que se definieron los roles delictivos del atentado; trasladó y entregó el arma al menor de edad (de 15 años) que disparó contra el congresista, y estuvo en el parque ‘El Golfito’, en el barrio Modelia (de Bogotá), asegurándose de la materialización del ataque».
El comunicado apunta que también habría participado en encuentros posteriores para coordinar «rutas de escape y evadir a las autoridades».
Por todo ello, la Fiscalía le imputó los delitos de homicidio agravado en grado de tentativa; fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones, y uso de menores de edad para la comisión de un delito.
Aunque Martínez no aceptó los cargos, el juez decidió mantenerla privada de su libertad de manera preventiva en el búnker de la Fiscalía, en Bogotá, hasta que se celebre el juicio.
Con esta joven ya son tres los capturados por su presunta participación en el atentado.
Además del menor de edad, a quien un juez imputó por los delitos de tentativa de homicidio y porte ilegal de armas, también fue detenido Carlos Eduardo Mora González, señalado de haber realizado labores de inteligencia en la zona y de coordinar la logística del ataque.
Uribe Turbay, del partido Centro Democrático, recibió dos disparos en la cabeza y uno en la pierna izquierda hace 10 días y permanece desde entonces en la Fundación Santa Fe de Bogotá, donde ha sido sometido a múltiples cirugías y su estado sigue siendo crítico.
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Aplazan audiencia para revisar la detención de opositores por la crisis de 2019 en Bolivia – El Nuevo Diario (República Dominicana)
Simpatizantes del gobernador suspendido Luis Fernando Camacho, rezan por su libertad. EFE/ Luis Gandarillas
EL NUEVO DIARIO, LA PAZ. – La audiencia judicial para revisar la detención preventiva de los líderes opositores Luis Fernando Camacho y Marco Pumari por su rol en la crisis política de 2019 en Bolivia se aplazó hasta este martes, informó este lunes uno de los abogados defensores.
El Tribunal Sexto de Sentencia Anticorrupción de La Paz dispuso aplazar a este martes en la mañana la audiencia con el fin de «evidenciar si existen o no existen riesgos procesales», explicó a los medios el abogado Diego Gutiérrez, defensor del exlíder cívico de la región andina de Potosí Marco Pumari.
«Mañana (martes) se dictaría el fallo con relación a la detención preventiva de Luis Fernando Camacho y Marco Antonio Pumari» una vez revisados los riesgos procesales, indicó Gutiérrez.
El jurista recordó que su defendido lleva 44 meses en detención preventiva en la cárcel de Cantumarca en la región de Potosí (suroeste) y consideró que en su caso, los riesgos procesales señalados inicialmente ya no existen, pues los documentos requeridos en este proceso ya fueron presentados y también declararon todos los testigos.
Mientras que Camacho, el gobernador suspendido de la región oriental de Santa Cruz, está detenido en una cárcel de máxima seguridad en el Altiplano de La Paz desde finales de 2022.
La audiencia se realiza dentro del instructivo emitido el pasado viernes por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) para que se verifique el cumplimiento de los plazos de las detenciones preventivas en todos los procesos en curso contra la expresidenta interina Jeanine Áñez (2019-2020), Camacho y Pumari.
El llamado caso ‘golpe de Estado I’ se inició por una denuncia de la exdiputada del oficialista Movimiento al Socialismo (MAS) Lidia Patty en 2020 sobre los hechos que derivaron en la renuncia de Evo Morales (2006-2019) a la Presidencia en 2019.
El Gobierno de Luis Arce y el oficialista Movimiento al Socialismo (MAS) sostienen que la dimisión de Morales fue por un «golpe de Estado», mientras que sus detractores afirman que las protestas sociales que derivaron en su renuncia fueron consecuencia de un fraude electoral a su favor en los fallidos comicios generales de 2019, posteriormente anulados.
Camacho está acusado de haber liderado las protestas poselectorales contra Morales en 2019, cuando todavía era presidente del Comité Cívico de Santa Cruz, la mayor región del país, por lo que fue imputado por los delitos de terrorismo, seducción de tropas y cohecho activo, entre otros.
La expresidenta Áñez estaba acusada en este caso en calidad de «cómplice», pero en 2024 el tribunal decidió apartarla al determinar que ya fue juzgada y sentenciada por los mismos hechos en otro proceso conocido como ‘golpe de Estado II’.
En el juicio por ese otro caso, la exmandataria transitoria fue sentenciada en junio de 2022 a 10 años de cárcel, acusada de situarse ilegalmente en la línea de sucesión en 2019.
En 2023, el TSJ ratificó la condena de 10 años de cárcel contra Áñez, por lo que al ser la última instancia a la cual se podía recurrir para anular la sentencia, su defensa se planteó acudir a la vía internacional.
La defensa de Áñez y la oposición insisten en que se le debe procesar en un juicio de responsabilidades por ser una expresidenta y no por la vía ordinaria, algo que rechazan el Gobierno y el oficialismo.
Además de los casos por la crisis de 2019, Áñez y Camacho afrontan otros procesos penales por decisiones tomadas en sus respectivos gobiernos, si bien solamente la exmandataria ha sido sentenciada.
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EE. UU. advierte de la formación de la tormenta Fernand pero indica que no supone un peligro – El Nuevo Diario (República Dominicana)
Foto: fuente externa.
EL NUEVO DIARIO, MIAMI.- El Centro Nacional de Huracanes (NHC, en inglés) informó este lunes que la tormenta tropical Fernand que se encuentra actualmente en el Atlántico norte se desplazará hacia el noreste, alejándose de la costa este de Estados Unidos y Canadá, lo que no representa, en principio, un riesgo para la población.
El sexto sistema en lo que va de temporada de huracanes en el océano Atlántico se encuentra actualmente 685 kilómetros al noreste de Bermuda, mientras se aleja en dirección noreste a una velocidad de 20 kilómetros por hora (13 millas por hora), indicó en su último boletín el NHC.
Los vientos máximos sostenidos de esta tormenta tropical alcanzan los 95 kilómetros por hora, agregó el organismo con sede en Miami, indicando que no había ninguna advertencia en vigor.
Aunque el NHC indicó que espera pocos cambios hoy en su intensidad, Fernand comenzará a debilitarse a partir del martes, y pronostica que la tormenta pase a ser un ciclón postropical el miércoles.
Fernand se desarrolla una semana después de que Erin, el primer huracán de la temporada en el Atlántico, se acercara a la costa este estadounidense, especialmente a Carolina del Norte, donde provocó la evacuación de algunas islas pequeñas.
El NHC emitió varias advertencias por Erin, que surgió como tormenta cerca de Cabo Verde en África, donde dejó siete muertos, y posteriormente ocasionó fuertes lluvias y vientos a su paso por el Caribe, mientras que en Estados Unidos propició marejadas ciclónicas que las autoridades meteorológicas advirtieron que suponían un riesgo para la vida humana.
Antes de Erin, en el Atlántico se formaron los ciclones Andrea, Barry, Chantal y Dexter.
Chantal fue el primero en tocar tierra este año en EE.UU., donde causó dos muertos en julio en Carolina del Norte.
La Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA, por su sigla en inglés) estima una temporada ciclónica «superior a lo normal», al pronosticar entre 13 y 18 tormentas tropicales, de las que entre cinco y nueve podrían transformarse en huracanes.
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Trump firma una orden para procesar a quienes quemen la bandera de EE. UU. – El Nuevo Diario (República Dominicana)
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en una foto de archivo. EFE/EPA/JIM LO SCALZO / POOL.
EL NUEVO DIARIO, WASHINGTON.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó este lunes una orden ejecutiva para procesar a quienes quemen la bandera de Estados Unidos como forma de protesta, pese a que el Tribunal Supremo ya falló que es una forma de libertad de expresión.
«Si quemas una bandera, tendrás un año de cárcel, sin salidas anticipadas ni excepciones: es un año de cárcel. Si quemas una bandera, lo que estás provocando es incitar disturbios», dijo Trump mientras firmaba el documento en el Despacho Oval.
Sin embargo, el texto de la iniciativa no recoge esta condena, solo insta a la fiscal general, Pam Bondi, y al Departamento de Justicia a investigar los casos de quema de bandera y a aplicar las leyes penales y civiles cuando lo consideren apropiado.
Esta nueva orden ejecutiva choca con la jurisprudencia del Tribunal Supremo. En 1989, el Alto Tribunal decidió que quemar una bandera de EE.UU. es una forma de libertad de expresión protegida por la Primera Enmienda, que recoge protecciones como la libertad de creencia, la de expresión, la de prensa o la de asamblea pacífica.
Esta sentenció se emitió después de que cuatro años antes, el activista Gregory Lee Johnson quemara una bandera durante una protesta en la Convención Nacional Republicana, como forma de manifestación política contra las políticas del expresidente Ronald Reagan.
Sin embargo, la orden de Trump apunta que «la Corte nunca ha sostenido que la profanación de la bandera estadounidense realizada de una manera que probablemente incite a una acción ilegal inminente o que constituya ‘expresiones provocadoras’ que inciten a la violencia esté protegida por la Constitución».
Trump busca alegar que más allá de la libertad de expresión, la quema de la bandera de EE.UU, que define como «el símbolo más sagrado y preciado» del país, ejerce de llamada para actos que pueden ser delictivos.
En la orden incluyó un apartado concreto para que el Departamento de Estado y el de Seguridad Nacional «nieguen, prohíban, finalicen o revoquen visas, permisos de residencia, procesos de naturalización y otros beneficios migratorios, o buscar la expulsión de los Estados Unidos» a migrantes que participen en actos de «profanación de bandera».
Según dijo, con esto se conseguirá detener la quema de banderas «de inmediato».
«Es lo mismo que cuando firmé la ley de estatuas y monumentos: diez años de cárcel. ¿Has escuchado de ataques a nuestros hermosos monumentos? Desaparecieron», dijo Trump en alusión a una orden que firmó durante su primer mandato en la Casa Blanca.
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