EL NUEVO DIARIO, BANGKOK.- Australia está cada vez más cerca de hacer realidad el veto a los menores de 16 años en las redes sociales, tras haber obtenido este viernes resultados positivos de un ensayo sobre la viabilidad tecnológica de la ley que aprobó en noviembre, y que entrará en vigor a finales de año.

La norma, pensada para proteger a los menores de posibles problemas de acoso y salud mental, dicta que la responsabilidad de denegar su acceso a las redes recae sobre las propias empresas al frente de plataformas como Facebook, Instagram o TikTok, que si incumplen la ley afrontan multas de hasta 49,5 millones de dólares australianos (alrededor de 28 millones de euros).

Estas son las claves en torno a la ley y del estudio que defiende su viabilidad tecnológica:

Posible en términos tecnológicos

Las conclusiones de un ensayo tecnológico de la organización independiente Age Assurance Technology Trial, encargado por el Gobierno de Australia, fueron publicadas este viernes.

El estudio, preliminar y cuya entrega final al Ejecutivo australiano será a finales de año, confirma que la verificación de edad con la que Australia busca poner en marcha su legislación «es posible».

Lo es a través de sistemas «robustos y eficaces» existentes, entre ellos la estimación facial, los controles parentales, la verificación de fechas de nacimiento o la comprobación de la edad en otras plataformas como tiendas de aplicaciones.

La cadena pública australiana ABC señaló por su parte que el ‘software’ de estimación facial mostró una efectividad del 85 % al identificar los rostros, con un margen de error promedio de alrededor de 18 meses en el cálculo de la edad de una persona.

¿Qué dicen las tecnológicas?

Algunas plataformas como X cuestionaron la «legalidad» de ley cuando esta todavía era un borrador, arguyendo que podría no ser compatible con regulaciones internacionales y tratados de derechos humanos firmados por Australia.

Gigantes como Meta y Google pidieron a su vez tiempo para terminar las pruebas tecnológicas antes de que fuera aprobada en noviembre, y la matriz de Facebook e Instagram dijo que el hecho de que la norma excluyera a YouTube por considerarla de bajo riesgo era «una burla a la intención del Gobierno de proteger a los jóvenes».

Las soluciones son «técnicamente viables» y «se pueden integrar con flexibilidad en los servicios existentes», remarcó el director del informe revelado hoy, Tony Allen, si bien asegura que no existe una universal.

Otras críticas

El Partido Verde australiano criticó durante el debate de la propuesta del Gobierno laborista de Anthony Albanese, reelegido en mayo, que es «profundamente defectuosa» y «peligrosa», y que diversos sectores de la salud mental, algunas agencias gubernamentales y defensores de los derechos humanos han alertado sobre los riesgos de su implementación.

En concreto, subrayaron el riesgo al que supuestamente podría exponer a jóvenes vulnerables, por ejemplo del colectivo LGTBI de las zonas rurales, que encuentran apoyo en las redes sociales, y la posibilidad de que se violen normativas de privacidad.

Amnistía Internacional subrayó al ser aprobada que la ley «no aborda el problema fundamental de que las empresas de redes sociales se benefician de contenidos nocivos, algoritmos adictivos y vigilancia (a los usuarios)».

Regulaciones en otros países

Varios países han promovido legislar sobre el acceso de niños y adolescentes a las redes sociales, pero, en la práctica, las normas enfrentan múltiples obstáculos a la hora de ser aplicadas.

La Comisión Europea está preparando una guía para asegurar que los menores no acceden a contenidos inapropiados en internet, así como para fijar cuál debe ser la edad mínima para abrirse una cuenta en las redes sociales, en el marco de la ley de servicios digitales.

Bruselas sugiere que los perfiles de menores sean por defecto privados y no muestren notificaciones, así como que no recomienden cuentas de otros usuarios, entre más medidas.

Un grupo de países liderados por España, Francia y Grecia pide ir más allá y fijar una edad mínima de acceso a las redes, y obligar a todos los fabricantes de dispositivos con acceso a internet a que lleven integradas herramientas de verificación de edad y de control parental.

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