Internacionales
Petro acusa a su excanciller de urdir un «acto de venganza bárbaro y canalla» en su contra – El Nuevo Diario (República Dominicana)
El presidente Gustavo Petro. EFE/EPA/Presidencia de Colombia.
EL NUEVO DIARIO, BOGOTÁ. – El presidente de Colombia, Gustavo Petro, afirmó este domingo que la supuesta trama de su excanciller Álvaro Leyva para sacarlo del poder es «un acto de venganza bárbaro y canalla» y reconoció que lo nombró «sin ningún cálculo político» porque creía que tenía «una genuina vocación de paz».
«Durante meses he sido víctima de la injuria del señor Leyva, y quise simplemente responder a lo que consideraba un acto de venganza bárbaro, canalla, de alguien que simplemente había ayudado de corazón», escribió Petro en una extensa publicación en X.
El mandatario respondió así a un artículo publicado este domingo por el diario El País, que reveló que Leyva, quien fue su primer canciller y lo ha acusado reiteradamente de tener problemas de adicción a las drogas, buscó apoyo en círculos republicanos de Estados Unidos para sacarlo del poder.
Leyva, de 82 años, es un político conservador conocido porque a lo largo de al menos tres décadas ejerció como mediador en varios procesos de paz de diferentes gobiernos con la antigua guerrilla de las FARC y, con la llegada de Petro a la Presidencia, en agosto de 2022, fue nombrado ministro de Relaciones Exteriores.
«Le di el puesto de canciller a Leyva porque pensé sin ningún cálculo político que se lo merecía al final de su vida», admitió Petro, quien agregó: «Pensé engañado que tenía una genuina vocación de paz (…) Hoy conociéndolo personalmente, creo que también buscaba otras cosas con la paz, menos santas».
Ambiciones políticas
Entre las razones detrás de la supuesta venganza de Leyva, Petro mencionó su suspensión como canciller por parte de la Procuraduría (Ministerio Público) a comienzos del año pasado debido a problemas con un contrato del Ministerio de Relaciones Exteriores para la emisión de pasaportes.
«Estoy convencido de que el proceso de licitación de los pasaportes en la Cancillería estaba impregnado de corrupción desde sus inicios», afirmó el mandatario.
A la salida de Leyva del Gobierno le siguió la publicación de varias cartas públicas del excanciller, donde habla de la supuesta adicción de Petro a las drogas, revelaciones que, según El País, el veterano político consideraba el primer paso para sacarlo de la Presidencia.
Petro también manifestó que le «disgustaba» que en sus giras internacionales «siempre» estuviera presente Jorge Leyva, hijo del entonces canciller, a quien el mandatario no quiso darle un puesto en la Cancillería o en embajadas, «como si la democracia fuera hereditaria», dijo.
«Su hijo no tenía por qué seguirnos en nuestras giras, no estaba bien, parecía un ‘lobbista’ de negocios aprovechando el cargo público de su padre», agregó Petro.
Los audios revelados
Una fuente estadounidense dijo a El País que Leyva «contaba con evidencias de que Petro no podía seguir ejerciendo el cargo y que en caso de que esto saliera adelante, el presidente no tendría capacidad de respuesta», por lo que «la ayuda de los americanos era muy importante».
Según el diario, Leyva afirma en una grabación que se reunió en Estados Unidos «con un tipo de primera fila: Mario Díaz-Balart», pero no da detalles del resultado de esa reunión. La Casa Blanca nunca tuvo en consideración el plan de la «presión internacional» contra Petro, agrega la publicación.
El País también tuvo acceso a unas grabaciones de audio en las que Leyva, que habla con alguien no identificado, se refiere a la crisis de seguridad y violencia en Colombia y al clima que se vive a menos de un año de las elecciones legislativas y presidenciales de 2026, por lo que sugiere un «gran acuerdo nacional» en el que incluso estén la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y bandas criminales.
También menciona brevemente la posibilidad de buscar el apoyo de políticos como el senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, del partido de derecha Centro Democrático, gravemente herido en un atentado el pasado 7 de junio.
Internacionales
Unos 250 mil venezolanos se quedan en la clandestinidad en EE. UU. tras perder el TPS – El Nuevo Diario (República Dominicana)
Foto: EFE/Ángel Colmenares.
Por: Ana Milena Varón
EL NUEVO DIARIO, LOS ÁNGELES.- Un cuarto de millón de venezolanos queda expuesto a la deportación desde la medianoche de este viernes cuando se vence el Estatus de Protección Temporal (TPS) que los protege, lo que supone un duro golpe para los migrantes que prefieren quedarse en las sombras a regresar a su país.
“No podemos regresarnos a Venezuela, allá ya no queda nada para nosotros, prefiero quedarme en la clandestinidad”, dice en una entrevista telefónica con EFE Oriana, una inmigrante venezolana que no quiere dar su apellido.
La mujer de 38 años, madre de una adolescente de 15 años, cuenta que vivió en Florida por más de cinco años, pero recientemente decidió mudarse y establecerse en otro estado, tras la decisión del Gobierno del presidente Donald Trump de poner fin al amparo a los venezolanos concedido por su antecesor.
El TPS protege a los beneficiados de la deportación y les otorga un permiso de trabajo, que Oriana perderá desde este viernes.
“Dejé de usar ese permiso, me estoy adaptando a mi nueva realidad”, cuenta la inmigrante.
La venezolana no quiere dar detalles sobre dónde se establecerá, o cómo se mantendrá, tras perder la autorización de empleo. Asegura que desconectará su número celular y comenzará “una nueva vida” en la clandestinidad pero aún en Estados Unidos.
Aún hay esperanza
“Soy consciente de que con el TPS tuvimos un privilegio frente a otros inmigrantes como los colombianos o mexicanos, pero de ellos aprendí que no hay que perder las esperanzas y que hay que aguantar hasta donde más se pueda”, manifiesta la inmigrante.
Una actitud que aplaude José Palma, coordinador de la Alianza TPS, una coalición que encabeza una demanda contra el Gobierno de Trump para mantener con vida el amparo.
“La lucha sigue en las cortes, no se ha dado la última decisión”, advierte el activista.
La querella legal busca proteger a dos grupos de venezolanos amparados, los de 2021, unos 250,000 a los que se les termina hoy el TPS, y los beneficiarios de la extensión de 2023, unos 350,000, que quedaron desprotegidos desde el mes pasado cuando la Corte Suprema permitió a la Casa Blanca seguir con sus planes mientras la batalla en los tribunales inferiores continúa.
El caso se encuentra en el Noveno Circuito de Apelaciones donde un panel escuchará argumentos de ambas partes, después que el Gobierno Trump recurriera un fallo de un juez federal que dictaminó que la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, excedió su autoridad legal al terminar con el amparo y que su decisión era «arbitraria y caprichosa».
Palma no descarta que la batalla legal llegue nuevamente al Supremo, donde los jueces deberán considerar por completo el caso.
En total son 600,000 venezolanos que desde esta medianoche quedarán en riesgo de detención y deportación inmediata, lo que supone el mayor número de personas que han perdido el TPS, en la historia del amparo.
Esta no es la primera vez que Trump se enfrasca en una pelea contra el beneficio establecido en 1990, en su primer mandato intentó terminar con la protección a inmigrantes de seis países, la mayoría centroamericanos, pero perdió la batalla legal.
“Ya ganamos una vez en la corte, podemos volver a lograrlo”, indica Palma.
La Alianza TPS también está presionando en el Congreso estadounidense a favor de varios proyectos de ley con apoyo bipartidista que otorgaría la legalización permanente a los beneficiados por el TPS de decenas de países.
¿Quiénes corren mayor riesgo?
Pero ambas opciones requieren tiempo, algo que los venezolanos parecen no tener ante la arremetida de las autoridades migratorias para cumplir con la meta del presidente Trump de deportar a un millón de personas en un año.
Fernando Romo, abogado de inmigración y principal asesor jurídico de la Asociación de Salvadoreños de Los Ángeles (Asosal), explica a EFE que los venezolanos que corren un riesgo de detención inmediata, tras perder el TPS son aquellos que tenían una orden de deportación previa.
“El TPS pone un paro a las órdenes de deportación, pero al perder el amparo esta orden se activa y seguramente van a ser buscados por los agentes migratorios”, ahonda el abogado.
No obstante, el jurista explica que los inmigrantes que han perdido el TPS aún tienen otras opciones como solicitar asilo, y aunque estos procesos “no son fáciles de ganar” representan una posibilidad para los venezolanos.
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Unos 250.000 venezolanos se quedan en la clandestinidad en EE.UU. tras perder el TPS – El Nuevo Diario (República Dominicana)
EL NUEVO DIARIO, LOS ÁNGELES, EE.UU.- Un cuarto de millón de venezolanos queda expuesto a la deportación desde la medianoche de este viernes cuando se vence el Estatus de Protección Temporal (TPS) que los protege, lo que supone un duro golpe para los migrantes que prefieren quedarse en las sombras a regresar a su país.
“No podemos regresarnos a Venezuela, allá ya no queda nada para nosotros, prefiero quedarme en la clandestinidad”, dice en una entrevista telefónica con EFE Oriana, una inmigrante venezolana que no quiere dar su apellido.
La mujer de 38 años, madre de una adolescente de 15 años, cuenta que vivió en Florida por más de cinco años, pero recientemente decidió mudarse y establecerse en otro estado, tras la decisión del Gobierno del presidente Donald Trump de poner fin al amparo a los venezolanos concedido por su antecesor.
El TPS protege a los beneficiados de la deportación y les otorga un permiso de trabajo, que Oriana perderá desde este viernes.
“Dejé de usar ese permiso, me estoy adaptando a mi nueva realidad”, cuenta la inmigrante.
La venezolana no quiere dar detalles sobre dónde se establecerá, o cómo se mantendrá, tras perder la autorización de empleo. Asegura que desconectará su número celular y comenzará “una nueva vida” en la clandestinidad pero aún en Estados Unidos.
Aún hay esperanza
“Soy consciente de que con el TPS tuvimos un privilegio frente a otros inmigrantes como los colombianos o mexicanos, pero de ellos aprendí que no hay que perder las esperanzas y que hay que aguantar hasta donde más se pueda”, manifiesta la inmigrante.
Una actitud que aplaude José Palma, coordinador de la Alianza TPS, una coalición que encabeza una demanda contra el Gobierno de Trump para mantener con vida el amparo.
“La lucha sigue en las cortes, no se ha dado la última decisión”, advierte el activista.
La querella legal busca proteger a dos grupos de venezolanos amparados, los de 2021, unos 250.000 a los que se les termina hoy el TPS, y los beneficiarios de la extensión de 2023, unos 350.000, que quedaron desprotegidos desde el mes pasado cuando la Corte Suprema permitió a la Casa Blanca seguir con sus planes mientras la batalla en los tribunales inferiores continúa.
El caso se encuentra en el Noveno Circuito de Apelaciones donde un panel escuchará argumentos de ambas partes, después que el Gobierno Trump recurriera un fallo de un juez federal que dictaminó que la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, excedió su autoridad legal al terminar con el amparo y que su decisión era «arbitraria y caprichosa».
Palma no descarta que la batalla legal llegue nuevamente al Supremo, donde los jueces deberán considerar por completo el caso.
En total son 600.000 venezolanos que desde esta medianoche quedarán en riesgo de detención y deportación inmediata, lo que supone el mayor número de personas que han perdido el TPS, en la historia del amparo.
Esta no es la primera vez que Trump se enfrasca en una pelea contra el beneficio establecido en 1990, en su primer mandato intentó terminar con la protección a inmigrantes de seis países, la mayoría centroamericanos, pero perdió la batalla legal.
“Ya ganamos una vez en la corte, podemos volver a lograrlo”, indica Palma.
La Alianza TPS también está presionando en el Congreso estadounidense a favor de varios proyectos de ley con apoyo bipartidista que otorgaría la legalización permanente a los beneficiados por el TPS de decenas de países.
¿Quiénes corren mayor riesgo?
Pero ambas opciones requieren tiempo, algo que los venezolanos parecen no tener ante la arremetida de las autoridades migratorias para cumplir con la meta del presidente Trump de deportar a un millón de personas en un año.
Fernando Romo, abogado de inmigración y principal asesor jurídico de la Asociación de Salvadoreños de Los Ángeles (ASOSAL), explica a EFE que los venezolanos que corren un riesgo de detención inmediata, tras perder el TPS son aquellos que tenían una orden de deportación previa.
“El TPS pone un paro a las órdenes de deportación, pero al perder el amparo esta orden se activa y seguramente van a ser buscados por los agentes migratorios”, ahonda el abogado.
No obstante, el jurista explica que los inmigrantes que han perdido el TPS aún tienen otras opciones como solicitar asilo, y aunque estos procesos “no son fáciles de ganar” representan una posibilidad para los venezolanos.
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Arce culpa a Evo Morales por fracasos de su Gobierno a un día de dejar el mando de Bolivia – El Nuevo Diario (República Dominicana)
presidente de Bolivia, Luis Arce. EFE/Luis Gandarillas ARCHIVO.
EL NUEVO DIARIO, LA PAZ.- El presidente de Bolivia, Luis Arce, responsabilizó este viernes al ex mandatario Evo Morales por las dificultades que tuvo su Gobierno aquejado por la crisis económica y admitió que, si el oficialismo no se hubiera fragmentado a causa de las disputas internas, todavía habría un «gobierno popular» en el poder.
Arce emitió el que se considera su último mensaje grabado al país, acompañado del vicepresidente David Choquehuanca y de todos sus ministros, a pocas horas de la posesión del presidente electo, Rodrigo Paz Pereira, prevista para el sábado.
«Las acciones de Evo Morales (2006-2019) tuvieron terribles consecuencias no solo en lo que respecta a la unidad del movimiento popular, sino principalmente en la paz social y la economía del pueblo boliviano», recalcó Arce al hacer un balance de su gestión en estos cinco años.
El mandatario saliente afirmó que, a finales de 2022, comenzaron a verse las divisiones en el hasta ahora Movimiento al Socialismo (MAS), «producto de la angurria de poder de Evo Morales», quien, señaló, «no se ve en otro espacio que no sea la silla presidencial y busca imponer su candidatura para mantenerse en vigencia».
«Evo nunca soportó que yo no sea un títere, así como tampoco soportó que emerjan nuevos líderes y que el MÁS se democratice», mencionó Arce.
El gobernante, que entregará la Presidencia el sábado, también culpó a los seguidores de Morales en el Parlamento de pactar con la «derecha» e impedir la aprobación de más de 1.800 millones de dólares distribuidos en créditos internacionales.
«Lamentablemente, el flujo de dólares para comprar diésel y gasolina en el exterior se vio muy afectado y, por lo tanto, comenzaron los problemas en el abastecimiento de combustibles; asimismo, se encarecieron las importaciones», dijo.
Arce recalcó que durante estos cinco años «no hubo mayor error que la división del instrumento político, la división del MAS» y reflexionó que las distintas corrientes oficialistas «debieron esforzarse más por preservar la unidad», ya que las diferencias «nunca fueron ideológicas».
También señaló que el principal «golpe anímico y moral» a la militancia del MAS se dio cuando, según consideró, «algunos prefirieron pactar con la derecha en lugar de con sus antiguos compañeros de lucha».
«No sería exagerado afirmar que el proceso de cambio fue herido de muerte y que las distintas facciones contribuimos a la derrota electoral de agosto, dando paso a la derecha», agregó.
Arce señaló que su gestión deja cinco legados al país: el «cuidado de la vida» durante los momentos de mayor tensión social, la defensa de las políticas sociales sin retirar los bonos ni la subvención a los combustibles, la no venta del patrimonio del Estado, la construcción de «más de 100 plantas industriales» y la preservación de la democracia mediante la realización de elecciones.
«Contra los deseos de algunos, hoy salimos por la puerta grande y con la cabeza en alto», enfatizó.
Asimismo, reconoció que uno de los principales errores durante el ‘proceso de cambio’, como se conoce a los Gobiernos del MAS desde 2006, fue «no cuidar la nacionalización» de los hidrocarburos que se realizó hace 20 años «con inversión en exploración adecuada».
Hasta 2014, el gas natural fue el principal producto de exportación de Bolivia, por el que recibía una importante renta y captación de divisas.
La posterior declinación de la producción impactó negativamente en los ingresos del Estado y en la liquidez de dólares, lo que generó crisis en el abastecimiento de diésel y gasolina, además del incremento de precios.
Arce se consideró blanco de «ataques» que buscaron acabar con él «políticamente» y «familiarmente», por lo que reiteró que, al dejar la Presidencia de Bolivia, se defenderá «desde el llano» para que la verdad salga a la luz a través de la Justicia.
La gestión de Arce estuvo afectada por denuncias de corrupción y polémicas que involucraron también a tres de sus hijos, quienes accedieron a créditos millonarios, además de que uno fue acusado de presuntamente ser intermediario en negociaciones sobre proyectos de litio.
En una entrevista reciente con EFE, Arce afirmó que no asistirá a la investidura de Paz y que tiene previsto retornar a la docencia en la estatal Universidad Mayor de San Andrés (UMSA), en La Paz.
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