Santo Domingo.- La presidenta de la Confederación Patronal de la República Dominicana (Copardom), Laura Peña Izquierdo, explicó este martes que la propuesta de los empresarios sobre la cesantía en el Código Laboral, no es eliminarla sino ponerle un tope de diez salarios mínimos de las grandes empresas.

En una entrevista en el podcast Sobre la Noticias, de RNN, la empresaria explicó que si el salario mínimo es de 30 mil pesos, estos se multiplican por 10, lo que daría una sumatoria de 300 mil, que servirían como base para el cálculo promedio de la cesantía.

Aclaró que la propuesta no es que se le paguen 300 mil pesos a un empleado cancelado después de muchos años laborando en una empresa, sino tener un cálculo base y no una cesantía indefinida que afecta la economía de las empresas.

«Lo que nosotros proponíamos era que el tope sea hasta diez salarios mínimos. Entonces, si tomamos el salario mínimo de las grandes empresas, que entonces era de 25 mil luego de eso se hizo el aumento de salario y está en 27 mil y el año que viene va a estar en 29 mil casi 30 mil. Entonces los 30 mil los multiplicas por 10, y lo que se decía es que los 300 mil iban a ser la base del cálculo de la cesantía, no era que se le pagaran 300 mil pesos», sostuvo Izquierdo.

Pese a esta propuesta, el Gobierno y el sector sindical abogan para que no sea tocado el tema de la cesantía en el proyecto de modificación del Código Laboral que cursa en el Congreso Nacional.

La presidenta de Copardom recordó que «en diciembre la comisión del Senado nos invitó a que cada sector hiciera sus presentaciones sobre opiniones sobre del tema del anteproyecto y nosotros fuimos a presentar aquellos puntos que no estaban consensuados, uno de ellos, que todos lo saben, era el tema de la cesantía.  (…) Importante aclarar, nosotros nunca hemos dicho de eliminar la cesantía, sino de toparla para que sea menos costoso para el empresariado, porque la cesantía es indefinida en el tiempo».

Dijo que los empresarios esperaban, por lo menos, que se respetaran los artículos que se habían consensuado en la discusión tripartita, «porque precisamente hay una ley donde prevalece el espíritu tripartito».

«Nuestra sorpresa fue que ese anteproyecto que se presentó como propuesta, en primera lectura en el Senado, la semana pasada, había aproximadamente 30 artículos que habían sido consensuados y algunos de ellos no recogían el sentido de lo que se había acordado. Se consensuaron aproximadamente 100 artículos, entonces había más o menos 30 que son los que se están tocando en este anteproyecto», dijo.

Entre los puntos consensuados que no se reflejan en el proyecto aprobado por los senadores en primera lectura, la pasada semana, la empresaria señaló el tema del juez conciliador; la ejecución de la suspensión de la sentencia; y el pago de bonificaciones a los empleados por parte de las zonas francas.

«Uno de esos casos es el juez conciliador, nosotros habíamos acordado que para evitar o disminuir la cantidad de casos que se van a los tribunales, crear un espacio donde haya un juez conciliador que reúna a las partes antes de un juicio de fondo para tratar de dirimir el problema entre empleado y la empresa. Entonces una de las figuras que se elimina en este anteproyecto es el juez conciliador», dijo.

También: «Otro tema, es que en el proyecto que nosotros consensuamos se facilitaba la ejecución de la suspensión de la sentencia, es decir, cuando una empresa es condenada luego de un juicio de fondo la empresa tiene el derecho a apelar. Entonces la empresa solicita la suspensión de la ejecución de la sentencia por vía administrativa, para ver la apelación. Ahora para otorgar esa suspensión tiene que irse a donde un juez de referimiento, entonces eso es una audiencia donde hay un plazo de ocho días, anteriormente eran tres. Entonces, si tú tienes que ir donde un juez de referimiento, entendemos que se puede pasar ese tiempo y la empresa ser embargada».

«Otro artículo que nos llamó poderosamente la atención es que ponían que las zonas francas tenían que repartir beneficios a sus empleados, cuando ese régimen no tiene que repartir beneficios en el país, es un régimen especial y, nos sorprendió tanto, que ellos dijeron que definitivamente ahí había un error», indicó.