Santo Domingo.-Un tribunal del distrito judicial de Santiago Rodríguez condenó a 20 y 15 años de prisión, respectivamente, a Mercedes Báez y a su pareja Isidro Antonio Jáquez Valerio (Megateo), por su responsabilidad en un caso de explotación sexual de mujeres, adolescentes y niños en un establecimiento de su propiedad.

Además de la pena de cárcel, ambos deberán pagar una multa de 175 salarios mínimos, conforme a lo dispuesto en la sentencia dictada por el Tribunal Colegiado de Santiago Rodríguez, integrado por los jueces Robinson Rodríguez, Dayanara Peralta y Risel Peña.

Las penas deberán cumplirse en los centros penitenciarios de Montecristi, en el caso de Báez, y Santiago Rodríguez, para Jáquez Valerio.

El proceso judicial concluyó tras la presentación de pruebas documentales, periciales, testimoniales y materiales por parte del Ministerio Público, representado por la fiscal titular Sumaya Rodríguez Matías, junto a los fiscales Rafael Bueno y Francisco David Guzmán, quienes lograron demostrar la responsabilidad penal de los imputados.

La investigación fue dirigida por la Procuraduría Especializada contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas (PETT), encabezada por su titular Yoanna Bejarán Álvarez, en conjunto con la Fiscalía de Santiago Rodríguez.

El caso se inició en marzo de 2023, tras una denuncia recibida en el Centro de Recepción de Denuncias de la Fiscalía, sobre la desaparición de una mujer que había salido de su hogar en San José de las Matas en diciembre de 2022.

Durante las pesquisas, las autoridades localizaron a la víctima en un establecimiento llamado El Bojucal, donde fue rescatada junto a su hijo de un año. También fueron liberadas en el mismo operativo otra mujer con un niño de nueve años y una adolescente. En el lugar se encontraron además objetos de carácter ilícito.

Según consta en el expediente, la pareja ofrecía los servicios sexuales de las mujeres por precios que oscilaban entre 300 y 500 pesos, aunque los clientes pagaban hasta mil pesos o más, lo que evidencia el lucrativo esquema de trata y explotación sexual en que estaban involucrados.

Mercedes Báez e Isidro Jáquez Valerio fueron hallados culpables de violar la Ley 137-03 sobre Trata de Personas, en su modalidad de explotación sexual, así como el artículo 396, literales B y C, de la Ley 136-03 que protege los derechos de niños, niñas y adolescentes, sancionando el abuso sexual y psicológico contra menores.

Santo Domingo.-El Ministerio Público puso en marcha la Operación Lobo, dirigida contra una estructura delictiva que se apoyaba en el pago de sobornos para obtener y mantener contratos de servicios de seguridad privada en instituciones públicas.

La operación fue ejecutada por la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), con el apoyo de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público, e incluyó la realización de 15 allanamientos simultáneos en el Distrito Nacional y la provincia de Santiago.

Un equipo compuesto por 26 fiscales y 189 agentes de la Policía Nacional participó en los operativos contra la red que afectó a varias entidades estatales, entre ellas:

• El Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia (Inaipi)
• El Seguro Nacional de Salud (SeNaSa)
• La Empresa Distribuidora de Electricidad del Norte (EdeNorte)
• La Empresa Distribuidora de Electricidad del Este (Edeeste)
• La Empresa Distribuidora de Electricidad del Sur (EdeSur)

La investigación se inició tras una denuncia presentada por la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental, que encabeza la doctora Milagros Ortiz Bosch.

La Pepca y la Dirección General de Persecución informaron que las líneas de investigación continúan activas, y que el caso es abordado con la rigurosidad y el enfoque integral que promueve la procuradora general Yeni Berenice Reynoso, como parte de los esfuerzos por enfrentar la criminalidad en todas sus formas.

Hasta el momento, la operación ha resultado en el arresto de 14 personas, y se espera que en las próximas horas el Ministerio Público deposite la solicitud de medida de coerción contra los implicados en esta red criminal.

Santo Domingo.-La Comisión Especial del Senado, designada para estudiar el Proyecto de Ley que introduce modificaciones a la Ley núm. 16-92, de fecha 29 de mayo de 1992, que aprueba el Código de Trabajo, concluyó este lunes la lectura, análisis y aprobación de la pieza legislativa, y tiene previsto presentar su informe al pleno senatorial en la próxima sesión.

El encuentro fue encabezado por el presidente de la comisión, el senador Rafael Barón Duluc «Cholitín», y contó con la participación del presidente del Senado de la República, Ricardo de los Santos.

Durante la reunión, los senadores revisaron el Capítulo V del proyecto, correspondiente a las derogaciones, así como artículos vinculados a los derechos de los trabajadores del hogar, la ejecución de las sentencias laborales, entre otros temas relevantes.

La comisión especial fue conformada en la sesión del pasado 10 de octubre, con el objetivo de estudiar una iniciativa que busca actualizar diversos principios y disposiciones del Código de Trabajo.

Esta reforma está orientada a mejorar las condiciones laborales y garantizar los derechos fundamentales de los trabajadores, incluyendo la prohibición de la discriminación, la promoción de la conciliación en los conflictos laborales, y el fortalecimiento de aspectos clave como las horas extraordinarias, la suspensión de contratos y las licencias laborales.

Además del presidente de la comisión, estuvieron presentes en la reunión los senadores Cristóbal Castillo, Pedro Catrain, Santiago José Zorrilla, María Mercedes Ortiz, Antonio Marte y Omar Fernández.