Internacionales
Expresidente Uribe renuncia a la inminente prescripción de su caso en Colombia – El Nuevo Diario (República Dominicana)
El expresidente colombiano Álvaro Uribe Vélez saluda a sus simpatizantes en el lugar donde el candidato presidencial colombiano Miguel Uribe fue asesinado a tiros durante la campaña. (Foto de Raúl Arboleda / AFP).
EL NUEVO DIARIO, COLOMBIA. – El expresidente de Colombia, Álvaro Uribe, renunció este lunes a la prescripción en octubre del caso en su contra por soborno y fraude procesal mientras se resuelve su apelación a una condena a 12 años de prisión domiciliaria.
El popular exmandatario de derecha (2002-2010) recibió en primera instancia la máxima pena posible por intentar sobornar a exparamilitares para que lo desvincularan de estos violentos escuadrones antiguerrillas.
Antes de la renuncia, el tribunal tenía hasta el 16 de octubre para ratificar la condena o absolverlo. Tras más de una década de litigio el caso no se archivará aunque llegue esa fecha.
«La condena impuesta es equivocada e injusta», quiero que «se reconozca mi inocencia» y «renuncio al derecho de verme favorecido por la prescripción», dice el documento al que la AFP tuvo acceso, presentado ante el Tribunal Superior de Bogotá, que estudia su apelación.
Expertos consultados por AFP consideran que era poco probable que la segunda instancia permitiera la prescripción porque los magistrados al cargo se exponen a medidas disciplinarias.
El padre de la derecha moderna colombiana sostiene que el juicio en su contra está politizado y bajo presiones de la izquierda, en el poder con el presidente Gustavo Petro.
Todo empezó en 2012, cuando Uribe denunció al senador de izquierda Iván Cepeda por un supuesto complot para vincularlo con paramilitares.
Pero en un giro inesperado de la justicia, en 2018 la Corte Suprema empezó a investigar a Uribe por manipular a testigos para desacreditar a Cepeda.
El ahora precandidato presidencial de izquierda acusa a Uribe de buscar la prescripción de su proceso «en otros momentos» por medio de dilación y maniobras jurídicas.
«Hemos sentido presiones enormes de su parte, contra mí y contra las víctimas», dijo a la emisora W Radio. Aseguró que presentará una denuncia penal contra Uribe en los próximos días.
La jueza a cargo del caso, Sandra Heredia, también denunció amenazas en su contra.
«Lo que queremos es un examen riguroso y objetivo de la apelación», dijo uno de los abogados del expresidente, Jaime Lombana, también a W Radio.
La condena de Uribe, líder del principal partido opositor Centro Democrático, marca la carrera electoral de cara a las presidenciales de 2026.
Su formación de derecha, cercana al gobierno de Estados Unidos, es la favorita según los últimos sondeos tras el magnicidio del precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, sin parentezco con el ex mandatario.
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Opositores denuncian la muerte del opositor Mauricio Alonso secuestrado en Nicaragua – El Nuevo Diario (República Dominicana)
Fotografía de archivo del presidente de Nicaragua, Daniel Ortega. EFE/ Ronald Peña R.
EL NUEVO DIARIO, CIUDAD DE PANAMÁ.- Diversas organizaciones de la oposición denunciaron este lunes la muerte en Nicaragua bajo custodia del opositor Mauricio Alonso, que aseguran había sido secuestrado hace más de un mes supuestamente por órdenes del Gobierno que preside Daniel Ortega y su esposa Rosario Murillo.
«Con profunda indignación denunciamos la muerte de Mauricio Alonso Petri mientras se encontraba en manos de la Policía Nacional de Nicaragua», señala un comunicado de la agrupación opositora Unión Democrática Renovadora (Unamos).
Alonso, apunta ese comunicado, «estaba en condición de desaparecido desde que fue secuestrado el 18 de julio del corriente año, sin que, a la fecha, ni la policía ni ninguna autoridad de gobierno hayan dado información de su paradero ni de sus condiciones».
Añade que este «trágico evento» ha tenido lugar sin que se haya proporcionado «ninguna justificación» por parte de las autoridades, «lo que agrava la preocupación sobre las condiciones de detención y el respeto a los derechos humanos en el país».
Unamos expresó su «profundo dolor» y más sinceras condolencias a la familia de Alonso, y además reiteró su «solidaridad con todos los familiares de las personas injustamente privadas de libertad».
La organización opositora también hizo un llamado «urgente» a la comunidad internacional «a adoptar medidas políticas, diplomáticas y financieras firmes y efectivas para presionar al régimen a poner fin a las violaciones de derechos humanos».
«Exigimos responsabilidades y demandamos la liberación inmediata de todas las presas y presos políticos, y garantías plenas de su seguridad», remarcó Unamos, grupo del que Alonso fue miembro cuando se identificaba como Movimiento Renovador Sandinista (MRS), según publicaciones de la prensa local.
«Otra muerte de opositor» en Nicaragua
El Instituto La Segovia en el Exilio Político denunció también que el «sistema dictatorial de Daniel Ortega y Rosario Murillo está entregando muerto al opositor secuestrado y preso político de nombre Mauricio Alonso P.», en un pronunciamiento que señala que esta es «otra muerte de (un) opositor en las cárceles de la dictadura».
La agrupación opositora indicó en un comunicado, recogido por medios locales, que en la madrugada del 18 de julio pasado Alonso, junto a su esposa e hijo, fue «secuestrado por encapuchados (en el marco de las redadas que hacen cada año previo a su espectáculo del 19 de julio)», fecha de aniversario de la Revolución Sandinista.
Añade que a la esposa la liberaron el mismo día, pero a Alonso y a su hijo «los dejaron presos».
«Hasta el día de hoy que su familia recibe una llamada de medicina legal y lo están entregando muerto», asegura el Instituto La Segovia, sin que de momento haya una confirmación oficial.
Ni el Gobierno de Nicaragua ni la Policía Nacional han ofrecido sus versiones sobre la denuncia de esas detenciones, y generalmente no suelen pronunciarse.
También la agrupación opositora Unidad Nacional Azul y Blanco denunció en sus redes sociales la muerte de Mauricio Alonso, que «falleció en las cárceles orteguistas».
«Mauricio se encontraba en condición de desaparecido desde su secuestro y se desconocen las razones de su fallecimiento. Denunciamos este nuevo crimen de la dictadura y demandamos prueba de vida del hijo de Mauricio, también secuestrado por la dictadura, y de todos los secuestrados, así como la libertad incondicional de todas las personas presas políticas», indicó la agrupación.
El pasado 19 de julio, durante el acto del 46 aniversario de la revolución sandinista, Ortega ordenó a sus bases una «vigilancia revolucionaria» contra los «enemigos» de su Gobierno, a los que tildó de «terroristas, conspiradores y vendepatrias».
«En cuanto se les descubra», continuó el mandatario sandinista, «se les captura y se les procesa».
Hasta el 15 de julio pasado, al menos 54 disidentes y críticos con el Gobierno de Nicaragua seguían en las cárceles de ese país, incluidos 18 adultos mayores, según el Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas, cuyos datos son avalados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Nicaragua atraviesa una crisis política y social desde abril de 2018, que se acentuó tras las controvertidas elecciones de noviembre de 2021, en las que Ortega, de 79 años y en el poder desde 2007, fue reelegido para un quinto mandato, el cuarto consecutivo.
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ONG Surgentes propone una ley de amnistía para liberar a los presos políticos en Venezuela – El Nuevo Diario (República Dominicana)
Foto de archivo de la activista Martha Grajales (2d) habla en una manifestación en Caracas (Venezuela). EFE/ MIGUEL GUTIÉRREZ
EL NUEVO DIARIO, CARACAS.- La ONG venezolana Surgentes propuso este lunes la creación de una ley de amnistía que permita la “extinción de la acción penal” en todos los casos de presos políticos en el país, al considerar que se trata de una medida que contribuiría a la recuperación de la constitucionalidad.
«Se trata de una medida urgente que abonaría a la recuperación de la constitucionalidad en el país y a abrir progresivamente condiciones para el diálogo y la convivencia democrática», indicó la organización en un comunicado.
Se excluirían de esta ley, aclaró la ONG, los delitos graves contra las personas, violaciones a los derechos humanos y delitos de lesa humanidad.
La organización saludó la excarcelación de 13 presos políticos en Venezuela, según informaron dirigentes opositores la madrugada del domingo.
A juicio de Surgentes, esta decisión permite «avanzar hacia la solución democrática, institucional y constitucional de las diferencias políticas que atraviesa el país y que amenazan gravemente la defensa y vigencia de los derechos humanos».
«El conflicto venezolano debe reconstitucionalizarse y eso pasa, entre otras medidas, por liberar a todos los presos políticos y ofrecer garantías para el ejercicio de la política y el respeto a la soberanía popular», añadió.
De acuerdo a la ONG Foro Penal, en Venezuela hay 815 presos políticos, la mayoría detenidos tras las protestas en contra del resultado oficial de los comicios presidenciales de julio de 2024, en los que el Consejo Nacional Electoral (CNE) proclamó la victoria del mandatario Nicolás Maduro, rechazado por la oposición mayoritaria y parte de la comunidad internacional.
Por su parte, el Ejecutivo de Maduro asegura que el país está «libre de presos políticos» y que los señalados como tal están encarcelados por la «comisión de terribles hechos punibles».
Los diputados electos a la Asamblea Nacional (AN, Parlamento) Henrique Capriles y Tomás Guanipa dieron a conocer en la madrugada de este domingo en sus redes sociales la excarcelación de 13 presos políticos, entre ellos, el exalcalde de la ciudad de Maracaibo (noroeste) Rafael Ramírez -detenido en octubre de 2024- y el exmandatario de la vecina localidad de Cabimas Nabil Maalouf, arrestado en diciembre del año pasado.
Capriles sostuvo en su publicación que están en «libertad: Víctor Jurado, Simón Vargas, Arelis Ojeda Escalante, Mayra Castro, Diana Berrío, Margarita Assenzo, Gorka Carnevalli, Américo de Grazia».
De igual forma, el dos veces candidato presidencial, agregó que recibieron «casa por cárcel: Nabil Maalouf, Valentín Gutiérrez Pineda, Rafael Ramírez, Pedro Guanipa, David Barroso».
Entretanto, Guanipa, hermano de Pedro Guanipa, destacó que celebran «la libertad de hermanos de vida» y consideró que «este año ha sido de dolor para todos».
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Prisión preventiva en Ecuador para 18 detenidos por EE. UU. en altamar por narcotráfico – El Nuevo Diario (República Dominicana)
EL NUEVO DIARIO, GUAYAQUIL.- Dieciocho ecuatorianos que fueron detenidos en diversas operaciones contra el narcotráfico en altamar, en las que la Guardia Costera de Estados Unidos incautó 10,3 toneladas de droga en coordinación con la Armada y la Policía del país andino, fueron enviados a prisión preventiva, informó este lunes la Fiscalía.
Los hombres fueron detenidos entre el 2 y el 22 de agosto en aguas internacionales y llegaron este domingo, junto con los bloques de droga, al puerto de la ciudad costera de Manta, de la provincia de Manabí, a bordo de la embarcación USCGC Seneca, de la Guardia Costera estadounidense, para ser entregados para su respectivo procesamiento por el presunto delito de tráfico de drogas.
La Policía indicó que la droga incautada está valorada en más de 60 millones de dólares en el mercado internacional.
Este lunes se instalaron seis audiencias en las que la Fiscalía relató las circunstancias de las capturas y presentó las evidencias obtenidas durante las operaciones en altamar, entre las que están, además de la droga, dispositivos tecnológicos como GPS y teléfonos satelitales.
De acuerdo al Ministerio Público, José S., Eduardo M. y Walter A. fueron procesados por 11,4 kilos de clorhidrato de cocaína; Wilmer M., Jonathan C. y Diego V., por 11,5 kilos, y Juan L. y Mario M., por 445 kilos.
En otras tres audiencias se procesó a José G., Freddy B., Carlos G. y Jeremy E. por 1,8 toneladas de clorhidrato de cocaína; a Gregorio T., Bryan Ch. y Alfredo M., por 11 kilos; y Luis G., Sender C. y José S., por 11,55 kilos más.
En el primer semestre del año, en el país andino se habían incautado alrededor de 105 toneladas de droga, en su mayoría cocaína, según cifras oficiales, y a mediados de julio llegaron también a Manta 14 toneladas de droga que fueron decomisadas en altamar en cinco operaciones coordinadas con EE.UU.
Ecuador está considerado como el tercer país del mundo que más drogas decomisa, después de Colombia y Estados Unidos, con 200 toneladas anuales desde 2021 y un récord histórico de cerca de 300 toneladas en 2024.
Rodeado por Colombia y Perú, los dos mayores productores mundiales de cocaína, y con varios puertos en sus costas, como el de Guayaquil, y una economía dolarizada, Ecuador se ha convertido en los últimos años en un paso importante para el tráfico de esa droga que se dirige mayormente a Europa y Norteamérica.CARACAS.- La ONG venezolana Surgentes propuso este lunes la creación de una ley de amnistía que permita la “extinción de la acción penal” en todos los casos de presos políticos en el país, al considerar que se trata de una medida que contribuiría a la recuperación de la constitucionalidad.
«Se trata de una medida urgente que abonaría a la recuperación de la constitucionalidad en el país y a abrir progresivamente condiciones para el diálogo y la convivencia democrática», indicó la organización en un comunicado.
Se excluirían de esta ley, aclaró la ONG, los delitos graves contra las personas, violaciones a los derechos humanos y delitos de lesa humanidad.
La organización saludó la excarcelación de 13 presos políticos en Venezuela, según informaron dirigentes opositores la madrugada del domingo.
A juicio de Surgentes, esta decisión permite «avanzar hacia la solución democrática, institucional y constitucional de las diferencias políticas que atraviesa el país y que amenazan gravemente la defensa y vigencia de los derechos humanos».
«El conflicto venezolano debe reconstitucionalizarse y eso pasa, entre otras medidas, por liberar a todos los presos políticos y ofrecer garantías para el ejercicio de la política y el respeto a la soberanía popular», añadió.
De acuerdo a la ONG Foro Penal, en Venezuela hay 815 presos políticos, la mayoría detenidos tras las protestas en contra del resultado oficial de los comicios presidenciales de julio de 2024, en los que el Consejo Nacional Electoral (CNE) proclamó la victoria del mandatario Nicolás Maduro, rechazado por la oposición mayoritaria y parte de la comunidad internacional.
Por su parte, el Ejecutivo de Maduro asegura que el país está «libre de presos políticos» y que los señalados como tal están encarcelados por la «comisión de terribles hechos punibles».
Los diputados electos a la Asamblea Nacional (AN, Parlamento) Henrique Capriles y Tomás Guanipa dieron a conocer en la madrugada de este domingo en sus redes sociales la excarcelación de 13 presos políticos, entre ellos, el exalcalde de la ciudad de Maracaibo (noroeste) Rafael Ramírez -detenido en octubre de 2024- y el exmandatario de la vecina localidad de Cabimas Nabil Maalouf, arrestado en diciembre del año pasado.
Capriles sostuvo en su publicación que están en «libertad: Víctor Jurado, Simón Vargas, Arelis Ojeda Escalante, Mayra Castro, Diana Berrío, Margarita Assenzo, Gorka Carnevalli, Américo de Grazia».
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