EL NUEVO DIARIO, BRASILIA. – El magistrado Alexandre de Moraes, de la Corte Suprema de Brasil, ordenó este martes que sea reforzada la vigilancia policial frente a la casa del expresidente Jair Bolsonaro, quien está en prisión domiciliaria, frente a un posible «riesgo de fuga».

La decisión, informada por el propio tribunal, fue en respuesta a un pedido de la Fiscalía y fundamentada en textos hallados por la Policía Federal en un teléfono incautado al expresidente, entre los que figuraba un «borrador» de un pedido de asilo en Argentina.

La investigación en que fue incautado el teléfono del líder de la ultraderecha corresponde a una causa paralela al juicio penal por golpismo que enfrenta Bolsonaro, que entrará en fase de sentencia a partir del próximo 2 de septiembre.

En este nuevo caso, la Justicia intenta esclarecer las gestiones que el diputado Eduardo Bolsonaro hace en Estados Unidos con el objetivo de intentar impedir el juicio penal por golpismo, que el presidente Donald Trump ha usado como excusa para gravar a gran parte de las importaciones brasileñas con aranceles del 50 %.

El legislador, que está en Estados Unidos desde hace seis meses, se ha ufanado de haber usado sus estrechas relaciones con la ultraderecha y el entorno de Trump para que Brasil sea sancionado, al igual que sucedió con ocho de los miembros del Supremo y al menos dos ministros del Gobierno, a los que la Administración estadounidense les ha cancelado sus visados.

La semana pasada, emplazada por el juez De Moraes, la defensa de Bolsonaro rechazó la posibilidad de una fuga de su cliente y negó que la actividad del diputado Eduardo configure una «obstrucción a la justicia», como la ha calificado la Policía Federal.

Sobre el borrador de pedido de asilo, que estaba dirigido al presidente argentino, Javier Milei, los abogados sostuvieron que «no puede ser considerado un indicio de fuga», pues data de febrero de 2024, cuando Bolsonaro aún no había sido imputado como responsable de un supuesto golpe de Estado.

El mes pasado, el Supremo le impuso a Bolsonaro una serie de cautelares, como el uso de una tobillera electrónica ante el riesgo de fuga y la prohibición de usar redes sociales, y días más tarde decretó su prisión domiciliaria tras comprobar el incumplimiento de algunas de esas restricciones.

El proceso más grave que enfrenta Bolsonaro se refiere a una acusación de la Fiscalía, que le considera como el principal responsable y «líder» de una conspiración golpista para impedir la toma de posesión del actual presidente, el progresista Luiz Inácio Lula da Silva, tras las elecciones de octubre de 2022.

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