EL NUEVO DIARIO, BUENOD AIRES.- El Gobierno de Javier Milei denunció este lunes que existe una «operación de inteligencia ilegal destinada a desinformar y desestabilizar el proceso electoral» de cara a las citas electorales de este septiembre y octubre, y consideró que se trata de una «campaña de desinformación» que «responde a influencias extranjeras».

«El Gobierno Nacional denunció ante la Justicia Federal una operación de inteligencia ilegal destinada a desinformar y desestabilizar el proceso electoral, con presunta influencia extranjera», anunció la Vocería Presidencial a través de su perfil de la red social X.

La denuncia, a la que tuvo acceso EFE, fue presentada este jueves por el Ministerio de Seguridad y anunciada más temprano por el portavoz presidencial Manuel Adorni, que acusó un «ataque ilegal, planificado y dirigido» mediante la difusión de grabaciones de funcionarios, pero sin mencionar, sin embargo, influencias extranjeras.

«Esta campaña de desinformación responde a influencias extranjeras, con patrones similares a operaciones atribuidas a intereses rusos y chavistas», añadió en su publicación la Vocería Presidencial, que acusó que dicha campaña tuvo por objetivo «generar caos y desinformación para condicionar ilegítimamente» los comicios legislativos del próximo domingo en la provincia de Buenos Aires y la elección del 26 de octubre que renovará parte del Congreso Nacional.

«La maniobra consistió en la captación ilegal y clandestina de audios privados de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y otros funcionarios, para luego manipularlos o difundirlos de manera escalonada previo a la contienda electoral», agregó la Vocería.

La denuncia presentada por el Gobierno incluyó además una solicitud para que la Justicia frenara la difusión de grabaciones de Karina Milei, hermana del mandatario, en medio de un escándalo de corrupción tras la difusión de audios de un funcionario describiendo un esquema de recaudación de sobornos a través de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) que la tendría como beneficiaria.

La Justicia aceptó la solicitud y dictó una medida cautelar en la que se ordenó «el cese de la difusión únicamente de audios grabados en la Casa de Gobierno de la Nación».

Si bien los audios de Karina Milei filtrados el pasado viernes no hacen mención al escándalo de corrupción sino a disputas dentro del partido oficialista La Libertad Avanza (LLA), la denuncia del Gobierno precisó que un periodista vinculado con su difusión aseguró contar con 50 minutos de grabaciones.

Ante esto, el Ministerio de Seguridad pidió el allanamiento del domicilio del periodista, Mauro Federico, así como del medio digital Carnaval, que dio a conocer las grabaciones, y de otro de sus conductores, Jorge Rial.

La denuncia también solicitó el allanamiento del domicilio de Pablo Toviggino, tesorero de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y vinculado al medio Carnaval, y medidas contra el empresario de medios Franco Bindi, definido en el escrito como «abogado ligado a agentes inorgánicos de inteligencia y pareja de la diputada nacional Marcela Pagano, que desde hace meses conspira para debilitar y boicotear sistemáticamente el espacio político (LLA) que le permitió acceder a su banca».

En entrevistas con medios locales, la diputada rechazó en los últimos días la acusación del oficialimo de haber sido quien difundió los audios filtrados y apuntó, en cambio, contra el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, por llevar a cabo una «guerra de espionaje» al interior del Gobierno.

Relacionado