EL NUEVO DIARIO, QUITO.- Un manifestante fallecido, 12 militares heridos, 17 retenidos, denuncias indígenas de «represión» por parte de las fuerzas del orden, así como acusaciones del Gobierno sobre «emboscadas» a un convoy, se registraron este domingo, al cumplirse una semana de las protestas convocadas por la Confederación de Nacionalidades Indígenas (Conaie) contra el alza del diésel y otros reclamos.

La provincia andina de Imbabura se mantiene como el epicentro de las protestas, donde el lunes un millar de manifestantes atacó, en Otavalo, un destacamento policial, dañó sus instalaciones, e incendió diez vehículos policiales y particulares.

Varias personas fueron detenidas tras ese ataque, entre ellas doce indígenas que son procesados por terrorismo, al igual que dos venezolanos, que el Gobierno presume pertenecen a la banda criminal transnacional Tren de Aragua, al que el Gobierno cataloga como «terrorista».

La ministra de Gobierno, Zaida Rovira, quien tildó de «terroristas» a esos actos, denunció que manifestantes «emboscaron» la madrugada de este domingo un convoy que llevaba ayuda a la zona norte.

«No confundamos a los manifestantes pacíficos con quienes se infiltran para delinquir. Lo de Cotacachi no fue protesta: fue una emboscada cobarde ejecutada por estructuras criminales -terroristas- que atacaron a nuestras Fuerzas Armadas», señaló.

Y agregó: «Con los manifestantes, diálogo y garantías. Con el crimen organizado, ley y firmeza».

Manifestante fallecido

En medio de las tensiones, la noche de este domingo, un contingente, que también tenía ayuda humanitaria, partió desde Quito con dirección al norte del país.

«Alertamos a las comunidades y a la opinión pública: este despliegue busca intensificar la represión contra pueblos que mantienen su resistencia en el marco del paro nacional», dijo la Conaie.

La Conaie, convocante a las manifestaciones contra la eliminación del subsidio al diésel, denunció este domingo «la muerte de Efraín Fuerez, comunero indígena de Cuicocha, Imbabura, asesinado por un impacto de bala de las FFAA (Fuerzas Armadas)».

Ni la Presidencia, la Policía o el Ministerio del Interior, consultados por la prensa, se han pronunciado sobre la denuncia de la Conaie, la mayor organización social del país.

«Rechazamos el uso letal de la fuerza por parte de las Fuerzas Armadas contra comuneros indígenas», dijo.

Este domingo, la Conaie también denunció «represión» en la localidad de La Esperanza (Imbabura) y publicó en redes sociales videos de un amplio despliegue militar ante las protestas.

Asimismo, indicó que se reportan bloqueos y limitaciones en la señal de internet en comunidades de Cotacahi y Otavalo, y publicó videos de movilizaciones indígenas en la provincia de Bolívar.

La Empresa de Agua Potable de Ibarra (capital de Imbabura) indicó que «debido a la rotura de la red de distribución, ubicada bajo el puente de Rumipamba, producto de las manifestaciones, varios sectores de la parroquia de Caranqui presentan bajas presiones y/o suspensiones del servicio de agua potable».

Los equipos de emergencia de la empresa intentan «ingresar al sitio a reparar el daño sin éxito hasta el momento», añadió.

Detonante de protestas

El detonante de estas protestas, que hasta el momento se han registrado en unas cinco de las 24 provincias del país, fue la eliminación del subsidio al diésel decretada hace dos semanas, por lo que el precio de este combustible pasó de 1,80 a 2,80 dólares por galón (3,78 litros).

La Conaie exige que se libere a los detenidos y que se derogue el decreto con el que se eliminó el subsidio, pero el presidente, Daniel Noboa, se mantiene firme en su medida pues asevera que alrededor de los 1.100 millones de dólares de egreso que representaba esa subvención para el Estado, los ha comenzado a entregar directamente a los sectores más vulnerables.

Asimismo, apunta que al eliminar el subsidio golpean a grupos criminales vinculados al narcotráfico y la minería ilegal.

El movimiento indígena ya lideró en 2019 y 2022 las masivas protestas que llevaron a los presidentes Lenín Moreno (2017-2021) y Guillermo Lasso (2021-2023) a dar marcha a atrás cuando también quisieron eliminar las subvenciones estatales a los combustibles para cumplir con las metas de ajuste fiscal de los programas crediticios firmados con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

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