SANTO DOMINGO.- Al acoger la solicitud del Ministerio Público, la Cámara Penal de la Corte de Apelación de San Juan de la Maguana envió a prisión al capitán de navío de la Armada Edward Santana Núñez al variarle las medidas de coerción por violencia de género contra su expareja.

Santana Núñez fue arrestado mediante orden judicial el pasado 22 de mayo, después de que el día 19 de ese mismo mes, portando un arma de fuego, interceptara el vehículo de su expareja con intención de agredirla.

Tras su sometimiento a la justicia el Ministerio Público solicitó que le fuera impuesta la prisión preventiva, como medida de coerción. Sin embargo, fue beneficiado con la libertad por la jueza Viamerca Ruiz Sepúlveda, del Juzgado de la Instrucción de San Juan de la Maguana, quien le impuso una coerción consistente en una garantía económica de RD$20 mil e impedimento de salida del país.

Posteriormente, el Ministerio Público apeló esa decisión ante el tribunal de alzada al considerar que la víctima y su hijo se encontraban en situación de riesgo, debido a los constantes ataques y agresiones por parte del imputado.

El procurador general de la Corte de Apelación Salín Valdez Montero aportó diferentes pruebas documentales, periciales y testimoniales que comprometen la responsabilidad penal del encartado.

Las pruebas fueron acogidas por los jueces Ana Milka Acosta, Arsenio Alcántara y José Miguel Mateo, quienes, en atención al pedimento del Ministerio Público, variaron la medida y le impusieron a Santana Núñez la prisión preventiva que deberá cumplir en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) de Elías Piña.

“Entendemos que era lo más apropiado en este momento, es lo conveniente una prisión preventiva para garantizar la seguridad de la víctima y el hijo de ambos”, dijo el fiscal Valdez Montero luego de concluir la audiencia.

El representante del Ministerio Público expresó “estos son casos en los cuales hay que prestar mucha atención para garantizar que dejemos de tener mujeres asesinadas”.

Previo a su arresto, contra el imputado se había interpuesto una denuncia por amenazas de muerte y persecución en perjuicio de la víctima y el adolescente hijo de ambos.

El órgano persecutor indicó que, en su calidad de capitán de la Armada de República Dominicana, Santana Núñez, incluso, estuvo asignado a un área de seguridad del Ministerio Público, unas funciones de las que fue removido el 25 de abril de este año.

La Unidad de Atención Integral a Víctimas de Violencia de Género, Intrafamiliar y Delitos Sexuales de San Juan de la Maguana está a cargo de las investigaciones.

Los delitos en que incurrió Santana Núñez son sancionados por el artículo 309-2 del Código Penal Dominicano, modificado por la Ley 24-97, sobre Violencia de Género e Intrafamiliar.

Santo Domingo. – Con el eslogan “Utilería a tiempo, con todo y para todos”, el Ministerio de Educación de la República Dominicana (Minerd) y el Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (Inabie) lanzaron oficialmente este martes la entrega de kits escolares gratuitos correspondientes al año lectivo 2025-2026, con cobertura universal y equitativa para todos los estudiantes del Sistema Educativo Público Nacional que utilizan el uniforme oficial del Minerd.

El acto de lanzamiento fue encabezado por el director ejeMinerd, Rolando Reyes, en el Centro Educativo San José Fe y Alegría, ubicado en Pantoja. Ambos funcionarios destacaron la disposición presidencial que, por segundo año consecutivo, beneficia a unos 2 millones de estudiantes y a más de 720 mil familias dominicanas.

Víctor Castro garantizó la entrega oportuna y completa de los insumos escolares necesarios para el regreso a clases.

“El inicio anticipado de la entrega, con cobertura total, es una muestra del compromiso del Gobierno con la equidad y el bienestar estudiantil. Garantizar que todos los estudiantes tengan sus útiles a tiempo es un paso decisivo hacia una educación más justa y con más oportunidades para todos”, expresó.

De su lado, el viceministro Rolando Reyes señaló el impacto positivo de este programa en la economía de los hogares:

“La utilería escolar tiene un impacto sumamente significativo en la reducción de la pobreza monetaria, equivalente a 1.2 puntos porcentuales. Es decir, que en términos totales y netos, los programas del Inabie tienen un impacto de más de 3 puntos porcentuales, contribuyendo así a su disminución”.

La entrega comenzó en las regionales 15 (Herrera, Pedro Brand), 18 (Jimaní, Duvergé, Villa Jaragua, Neyba y Tamayo) y 01 (Vicente Noble), como parte de un cronograma nacional que abarcará más de 6,000 centros educativos.

Kits adaptados por nivel

Cada kit escolar ha sido diseñado tomando en cuenta las necesidades de cada etapa formativa.

Para el Nivel inicial, los estudiantes reciben una mochila equipada con un cuaderno de dibujo, lápices de colores, sacapuntas y lápiz, además de un polocher, pantalón, un par de medias y zapatos.

En tanto, los alumnos de Nivel básico y Secundario reciben una mochila con tres cuadernos rayados, lápices de colores, sacapuntas, lápiz, goma de borrar, cartabones y regla, junto a su uniforme compuesto por polocher, pantalón, medias y zapatos.

Protocolo de entrega

El protocolo establece que los kits deben ser entregados completos y sin fraccionamientos, a fin de garantizar la equidad en el acceso a los recursos escolares. Para esto, el Inabie identificó centros de acopio en las 18 regionales educativas y 122 distritos escolares, desde donde se coordina la distribución a los directores de los centros educativos.

Los directores escolares son responsables de custodiar y entregar los kits completos a cada estudiante matriculado, preferiblemente durante el proceso de inscripción o reinscripción. En caso de que una talla de uniforme no coincida con la del estudiante, se asigna una talla alternativa disponible en el inventario del centro educativo.

Finalmente, los padres o tutores son notificados para retirar los kits escolares directamente en los centros educativos. Posteriormente, el centro remite al Inabie los formularios de entrega firmados, que certifican la recepción de los materiales por parte de cada estudiante.

Santo Domingo.-Un tribunal del distrito judicial de Santiago Rodríguez condenó a 20 y 15 años de prisión, respectivamente, a Mercedes Báez y a su pareja Isidro Antonio Jáquez Valerio (Megateo), por su responsabilidad en un caso de explotación sexual de mujeres, adolescentes y niños en un establecimiento de su propiedad.

Además de la pena de cárcel, ambos deberán pagar una multa de 175 salarios mínimos, conforme a lo dispuesto en la sentencia dictada por el Tribunal Colegiado de Santiago Rodríguez, integrado por los jueces Robinson Rodríguez, Dayanara Peralta y Risel Peña.

Las penas deberán cumplirse en los centros penitenciarios de Montecristi, en el caso de Báez, y Santiago Rodríguez, para Jáquez Valerio.

El proceso judicial concluyó tras la presentación de pruebas documentales, periciales, testimoniales y materiales por parte del Ministerio Público, representado por la fiscal titular Sumaya Rodríguez Matías, junto a los fiscales Rafael Bueno y Francisco David Guzmán, quienes lograron demostrar la responsabilidad penal de los imputados.

La investigación fue dirigida por la Procuraduría Especializada contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas (PETT), encabezada por su titular Yoanna Bejarán Álvarez, en conjunto con la Fiscalía de Santiago Rodríguez.

El caso se inició en marzo de 2023, tras una denuncia recibida en el Centro de Recepción de Denuncias de la Fiscalía, sobre la desaparición de una mujer que había salido de su hogar en San José de las Matas en diciembre de 2022.

Durante las pesquisas, las autoridades localizaron a la víctima en un establecimiento llamado El Bojucal, donde fue rescatada junto a su hijo de un año. También fueron liberadas en el mismo operativo otra mujer con un niño de nueve años y una adolescente. En el lugar se encontraron además objetos de carácter ilícito.

Según consta en el expediente, la pareja ofrecía los servicios sexuales de las mujeres por precios que oscilaban entre 300 y 500 pesos, aunque los clientes pagaban hasta mil pesos o más, lo que evidencia el lucrativo esquema de trata y explotación sexual en que estaban involucrados.

Mercedes Báez e Isidro Jáquez Valerio fueron hallados culpables de violar la Ley 137-03 sobre Trata de Personas, en su modalidad de explotación sexual, así como el artículo 396, literales B y C, de la Ley 136-03 que protege los derechos de niños, niñas y adolescentes, sancionando el abuso sexual y psicológico contra menores.