EL NUEVO DIARIO, GUAYAQUIL (ECUADOR). – La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), la mayor organización social del país andino, anunció este miércoles el fin del paro nacional que inició hace un mes contra el presidente Daniel Noboa sin lograr que el Gobierno acepte ninguna de sus demandas, y con un saldo de dos manifestantes muertos por disparos y cerca de 300 heridos.

La decisión fue anunciada por el presidente de la Conaie, Marlon Vargas, el mismo que dio el pistoletazo de salida para el inicio de las manifestaciones el 22 de septiembre, después de que Noboa eliminó el subsidio al diésel, por el que el precio del combustible aumentó de 1,80 a alrededor de 2,80 dólares por galón (3,78 litros).

Sin embargo, con el paso de los días fueron agregando otras demandas, como la disminución del impuesto al valor agregado (IVA) del 15 % al 12 % y la liberación de indígenas enviados a prisión preventiva, entre otros reclamos.

Vargas llegó a amenazar al Gobierno con una «toma de Quito» si no se hacía caso a lo que pedían, tal como lo habían hecho en 2019 y 2022, cuando lideraron sendas protestas que llevaron a los presidentes Lenín Moreno (2017-2021) y Guillermo Lasso (2021-2023) a dar marcha a atrás cuando también quisieron eliminar las subvenciones estatales a los combustibles.

Sin embargo, esta vez las protestas solo se realizaron en algunas de provincias andinas, y se concentraron en la norteña Imbabura, donde fallecieron dos comuneros del pueblo indígena kichwa: Efraín Fuerez y José Guamán, a causa de disparos presuntamente procedentes de militares, durante los días más intensos de los enfrentamientos en los que las fuerzas de seguridad buscaban despejar las vías.

Este miércoles, y sin ningún resultado entre sus manos, Vargas aseguró que el cese del paro buscaba «proteger» la vida del pueblo, ya que el Gobierno había ordenado una «brutal represión» en contra de las comunidades.

Horas antes, el presidente Noboa había advertido en una entrevista radial que «entre hoy y mañana» se abrirían las vías cerradas de Imbabura.

Diálogo fallido

A pesar de que fue la Conaie la que convocó a las manifestaciones, desde el Gobierno se negaron a sentarse a hablar con ellos. En su lugar, los ministros prefirieron hablar con las comunidades de cada territorio y el presidente recorrió distintas ciudades del país para repartir bonos y otros incentivos económicos, como medida de compensación por el alza del diésel.

La «toma de Quito» nunca se consumó, aunque sindicatos, organizaciones sociales y estudiantes se unieron para realizar varias manifestaciones, que fueron reprimidas por la Policía con gas lacrimógeno.

En paralelo, las protestas se intensificaban en municipios de Imbabura como Otavalo, y la provincia empezó a quedarse aislada del resto del país y a registrar desabastecimiento de alimentos e insumos médicos, por lo que el Gobierno buscó ingresar con un convoy militar que denominó como «humanitario» y que fue apedreado por los manifestantes.

Eso llevó al Ejecutivo a sentarse la pasada semana en una mesa con representantes de la Unión de Organizaciones Campesinas Indígenas de Cotacachi (Unorcac) y de la Federación de los Pueblos Kichwa de la Sierra Norte del Ecuador (Fici), que lideraron las protestas en Imbabura.

Tras varias horas, los dirigentes y el ministro del Interior, John Reimberg, anunciaron una tregua y el inicio de mesas de diálogo en las que se iban a discutir varios pedidos, entre los que no estaba la restauración del subsidio al diésel.

No obstante, las comunidades de la zona desconocieron el acuerdo y al día siguiente anunciaron que las protestas continuaban. La Conaie también reafirmó que «la resistencia» se mantenía. Pasaron los días y varias carreteras de al menos tres provincias siguieron cerradas, lo que hizo que el Gobierno anunciara el fin de los diálogos sin vuelta atrás.

Nueva marcha

La Conaie entonces decidió replegarse y tomar fuerza para hacer campaña por el ‘No’ en el referéndum del próximo 16 de noviembre, en el que se preguntará a los ecuatorianos, entre otros temas, sobre la instauración de una Asamblea Constituyente que elabore una nueva Constitución, ya que consideran que el Gobierno busca quitarles los derechos colectivos.

Tras esa decisión, la Unorcac, que no pertenece a la Conaie sino a la Federación Nacional de Organizaciones Campesinas, Indígenas y Negras (Fenocin), aseguró que seguían en la resistencia y convocaron para este jueves a una marcha pacífica.

Mientras que la Fici aseguró que se unirá a la marcha de la Unorcac y que accederán a abrir las vías solo para que se retome el diálogo con el Gobierno.

El ministro Reimberg aseguró esta tarde que las organizaciones podrán «realizar su marcha», y que recorrerán todas las carreteras de la provincia para que estén abiertas al tránsito esta misma noche.

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