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Nuevas detenciones contra políticos en Venezuela acentúan la crisis a dos días de comicios – El Nuevo Diario (República Dominicana)
Fotografía de archivo de seguidores de la líder antichavista María Corina Machado en una manifestación en Caracas (Venezuela). EFE/ Miguel Gutiérrez
EL NUEVO DIARIO, CARACAS. – La detención del exdiputado opositor venezolano Juan Pablo Guanipa, así como de un periodista y un activista de 84 años de edad, ha acentuado la crisis política en el país a dos días de que se celebren los comicios regionales y legislativos, rechazados por el antichavismo mayoritario y a los que se postuló una minoría opositora.
El ministro de Interior, Diosdado Cabello, anunció este viernes la detención de Guanipa, aliado de la líder opositora María Corina Machado, en la «madrugada de hoy» en un operativo de desmantelamiento de un supuesto «grupo terrorista» que presuntamente tenía un plan contra lo comicios del domingo, que ya había denunciado el lunes.
El funcionario reprodujo un video que muestra el momento en el que el opositor fue detenido por agentes de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) en una vivienda y posteriormente trasladado a un vehículo.
Cabello lo acusó de ser el «jefe de esta red» que, dijo, «intenta boicotear» las votaciones de este 25 de mayo, a través de «actos terorristas» en embajadas, comandos policiales, hospitales, instalaciones de transporte, eléctricas, petroleras y estaciones de servicios.
En este operativo también fue detenido el periodista Carlos Marcano y el activista de 84 años de edad Isidro León, según denunciaron en X el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) y el partido opositor Voluntad Popular (VP).
Posterior a su arresto, Guanipa aseguró en un mensaje,difundido en su cuenta de X que está «injustamente preso, pero nunca derrotado».
Guanipa, exprimer vicepresidente de la Asamblea Nacional (AN, Parlamento), uno de los principales defensores del reclamado triunfo de Edmundo González Urrutia en las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024, se encontraba en la clandestinidad debido a la persecución contra él y «todos los dirigentes políticos», según ha denunciado.
El opositor, así como la mayor coalición antichavista, Plataforma Unitaria Democrática (PUD), rechazan los comicios de este domingo por considerar que hubo «fraude» en las presidenciales de julio del año pasado, en los que el ente electoral, controlado por el chavismo, proclamó la victoria del mandatario Nicolás Maduro.
Oposición denuncia «ola de persecución»
En medio de este panorama, la PUD rechazó la «ola de persecución» que en las «últimas horas se ha desatado contra un número indeterminado de ciudadanos», según publicó en X.
El bloque opositor condenó la detención de Guanipa y reiteró su llamado a que en Venezuela se realice una «negociación formal y transparente», que construya «una solución democrática, pacífica y sostenible» para superar la «profunda crisis» que, dijo, padece la nación.
Por su parte, Machado denunció la detención de «más de 50 dirigentes políticos y sociales, defensores de derechos humanos, periodistas y activistas» en el país caribeño, entre ellos, Guanipa.
Según expresó la opositora en la red social X, se trata de una «razzia feroz en todo el país» y un «terrorismo de Estado puro y duro».
Igualmente, Henrique Capriles, candidato a diputado de la Asamblea Nacional, exigió la liberación de Guanipa y repudió que se le acuse de «terrorista».
El exdiputado Tomás Guanipa aseguró que la detención de su hermano forma parte de un nuevo capítulo de «persecución» por parte del Gobierno de Maduro para profundizar en la «división» y la «confrontación».
Elecciones siguen su curso
El Consejo Nacional Electoral (CNE) informó este viernes de la instalación del 99,52 % de las mesas de votación para los comicios regionales y parlamentarios de este domingo, en los que se elegirán 569 cargos, entre ellos 285 diputados al Parlamento, 24 gobernadores -incluido el del Esequibo, el territorio en disputa con Guyana que Caracas cuenta como su estado 24- y 260 legisladores regionales.
El vicepresidente del CNE, Carlos Quintero, indicó, durante un contacto telefónico con el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV), que el organismo solo ha tenido «0,53 % de novedades» con las máquinas de votación «o uno de sus componentes».
Venezuela estableció, desde este viernes hasta el próximo lunes, un «estricto control» del desplazamiento fronterizo de personas, por vía terrestre, aérea y marítima, así como el paso de vehículos, con el fin de «prevenir actividades de personas que pudiesen representar amenazas a la seguridad» del país, que limita con Colombia y Brasil, en medio del proceso electoral.
Las autoridades también prohíben, durante ese periodo, el expendio y la distribución de licores, las manifestaciones públicas y el traslado de maquinaria pesada, además de que mantiene la prohibición del porte de armas desde 2019.
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Conflicto armado colombiano suma 10,2 millones de víctimas; este jueves fueron homenajeadas – El Nuevo Diario (República Dominicana)
Conflicto armado colombiano suma 10,2 millones de víctimas; este jueves fueron homenajeadas (Ilustración: El Nuevo Diario)
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BOGOTÁ. – Colombia conmemoró este jueves el Día Nacional de la Memoria y Solidaridad con las Víctimas del conflicto armado, una jornada que busca rendir homenaje y dignificar a más de 10,2 millones de personas afectadas por la violencia en el país.
Durante la jornada denominada ‘A la plaza con las víctimas’, organizaciones sociales, entidades estatales y colectivos se dieron cita en distintos espacios del país para recordar esta fecha establecida en la Ley 1448 de 2011, impulsada por el entonces presidente Juan Manuel Santos (2010-2018).
«Nos reunimos para honrar la historia y la resiliencia de millones de colombianos y colombianas que han sido afectados por el conflicto armado. Este día es un llamado a la memoria, a la solidaridad y al compromiso de la no repetición», dijo Miller Ruiz, director territorial central de la estatal Unidad para las Víctimas, durante un acto en Bogotá.
El funcionario destacó además los avances en materia de reparación, al asegurar que más de 673.000 víctimas han sido indemnizadas en el país durante el mandato de Gustavo Petro, que finaliza el próximo 7 de agosto, lo que, según afirmó, «refleja el compromiso del Estado con la atención integral de esta población».
Sin embargo, en paralelo a la conmemoración, la Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia de la OEA (MAPP/OEA) advirtió sobre la necesidad de fortalecer la respuesta institucional frente a los desafíos que enfrentan las víctimas en los territorios.
La misión señaló que persisten debilidades en la activación de rutas de atención, la entrega de ayudas humanitarias y la protección a líderes sociales, además de fallas de coordinación entre las entidades que atienden a las víctimas.
Más de 10 millones de víctimas
Según el Registro Único de Víctimas, en Colombia hay 10.230.330 personas reconocidas como afectadas por el conflicto armado, de las cuales más de 7,8 millones son sujetos de atención y reparación.
Del total, el 50,2 % son mujeres y el 49,8 % hombres, mientras que cerca de 1,3 millones se reconocen como población afrocolombiana y más de 289.000 como indígenas.
Estas cifras reflejan la magnitud y diversidad de una crisis que ha impactado de manera diferencial a distintos sectores de la población.
Una de esas historias es la de Leidy Pérez, integrante del colectivo Unión de Costureros, que durante la conmemoración de la fecha explicó que su trabajo se centra en dignificar las experiencias de quienes como ella han sufrido la violencia, a través de prácticas como el bordado, la escritura y la oralidad.
«Buscamos que las personas no se queden en el asistencialismo, sino que transformen sus experiencias en alternativas de vida a partir de lo que sabemos hacer», señaló mientras enseñaba a EFE una especie de libro con la historia de la fundadora del colectivo que llegó a Bogotá huyendo de la violencia en el suroeste del país.
Según explicó, estos espacios, en los que varias personas, principalmente mujeres, bordan en telas sus experiencias, permiten reconstruir el tejido social y fortalecer los proyectos de vida de las comunidades afectadas por la guerra, al tiempo que preservan la memoria colectiva.
El Día Nacional de la Memoria y Solidaridad con las Víctimas se conmemora cada 9 de abril y coincide con una fecha clave en la historia de Colombia: el asesinato del líder liberal Jorge Eliécer Gaitán en 1948, un hecho que provocó el ‘Bogotazo’, una ola de disturbios en la capital que se extendió a otras regiones del país.
Este episodio marcó el inicio de un prolongado periodo conocido como ‘La Violencia’, caracterizado por enfrentamientos entre liberales y conservadores que dejaron cientos de miles de muertos y sentaron las bases del conflicto armado interno que ha afectado a Colombia durante décadas.
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Parlamento venezolano avala ley para atraer inversión minera entre protestas por salarios – El Nuevo Diario (República Dominicana)
Parlamento venezolano avala ley para atraer inversión minera entre protestas por salarios (Ilustración: El Nuevo Diario)
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CARACAS. – efe, de mayoría oficialista, dio luz verde este jueves a una nueva Ley de Minas que allana la entrada de capital privado y extranjero para la explotación de minerales en el país, en una jornada en la que miles de trabajadores se movilizaron para exigir un aumento del salario mínimo, congelado desde 2022 pese al aumento sostenido del costo de vida.
Después de un mes de debates y consultas, la norma de 131 artículos quedó sancionada por unanimidad y derogó la Ley de Minas vigente desde 1999, aprobada por un decreto del entonces presidente Hugo Chávez -fallecido en 2013-, quien había sido investido de poderes especiales por el Legislativo.
La nueva normativa, aprobada luego de la reforma de ley de hidrocarburos, tiene como telón de fondo los acercamientos con la Administración de Donald Trump y su interés manifiesto en el petróleo y el oro venezolano.
Entre otros, la norma establece la mediación y el arbitraje para la resolución de conflictos y el pago de regalías al Estado de hasta un 13 %.
El Ministerio de Minas determinará los «parámetros necesarios» para estos pagos que, según el artículo 92, el Estado podrá exigir «en dinero o en especie».
La ley señala igualmente que el Banco Central de Venezuela «tiene el derecho preferente para la compra del mineral oro» durante los primeros cinco días después de su extracción.
Concesiones, prohibiciones y sanciones
Además, señala que las concesiones serán por un periodo de 30 años, pudiendo prorrogarse por dos períodos consecutivos de hasta 10 años.
En el artículo 74 se establece que ningún funcionario del Estado ni sus familiares podrán obtener títulos a los que se refiere la Ley, ni podrán participar como accionistas o asociados en cooperativas o sociedades mercantiles hasta que no hayan transcurrido cinco años desde el cese del ejercicio de su cargo.
Asimismo, contempla una pena de 10 a 15 años de prisión en el caso de que las actividades mineras sean desarrolladas en áreas bajo régimen de administración especial de protección ambiental.
La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, -quien impulsó esta iniciativa-, agradeció, en un mensaje difundido en Telegram, la aprobación de la ley que, dijo, moderniza el sector, «fortalece la seguridad jurídica» y «potenciará» la minería.
De igual forma, destacó que el Parlamento designó a los abogados Larry Davoe y Eglée González como fiscal general y defensora del Pueblo, respectivamente.
Rodríguez ha dado un giro a la política económica del país, luego de asumir el poder el pasado 5 de enero, dos días después del ataque militar de Estados Unidos en su país que terminó con la captura de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores.
Desde entonces, Caracas y Washington mantienen una relación que parece cada vez más cercana y que se ha traducido en la visita de varios altos funcionarios estadounidenses al país suramericano.
Marcha reprimida y un detenido
En medio de los cambios impulsados por Rodríguez y del ingreso de divisas al país por la venta de petróleo a EE.UU., miles de trabajadores se movilizaron este jueves en varias ciudades del país para exigir el incremento del salario mínimo mensual, que al día de hoy equivale a 27 de centavos de dólar, según la tasa de cambio oficial.
En Caracas la Policía bloqueó una marcha que buscaba avanzar hacia el Palacio Presidencial de Miraflores y golpeó con escudos, piedras y cascos a los manifestantes, al tiempo que los dispersó con gas pimienta.
Al menos un militante juvenil del partido opositor Primero Justicia (PJ) fue detenido durante la marcha, según la ONG Foro Penal, que contabiliza más de 480 presos políticos en el país, mientras se desarrolla un proceso de amnistía promovido por el Gobierno y que, de acuerdo al Parlamento, ha otorgado más de 8.000 sobreseimientos.
Por su parte, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa reportó agresiones contra 10 periodistas durante las protestas.
En paralelo, una marcha de chavistas llegó sin inconvenientes a Miraflores.
Con todo, los sindicalistas planean una concentración para entregar, el próximo 17 de abril, una carta a la Embajada de Estados Unidos, con copia al presidente Donald Trump, para exponer la crisis venezolana.
«Tome usted cartas en el asunto y díganos: ¿esta es la transición que habla Donald Trump? ¿De esto se trata la transición?», cuestionó el líder de la Coalición Sindical Nacional, José Patines, al término de la marcha reprimida en Caracas.
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Juez federal de EE.UU. anula nuevas restricciones del Pentágono a la prensa – El Nuevo Diario (República Dominicana)
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WASHINGTON. – Un juez federal en Estados Unidos bloqueó este jueves un segundo intento del Departamento de Guerra, encabezado por Pete Hegseth, de imponer nuevas restricciones al acceso de los periodistas acreditados en el Pentágono, al considerar que la política revisada vuelve a ser inconstitucional.
La decisión fue emitida por el juez Paul Friedman, del Tribunal distrital de Washington, quien concluyó que los cambios introducidos por el Pentágono tras un fallo previo no resolvían las objeciones legales ya señaladas.
El caso fue impulsado por The New York Times, que acusó al Departamento de Guerra de intentar restringir el trabajo periodístico mediante nuevas normas sobre el acceso a información y el movimiento de reporteros dentro del complejo militar.
El juez también ordenó revisar la situación de periodistas a quienes se les habían retirado credenciales, mientras el Pentágono anunció que apelará la decisión y defendió que sus medidas buscan equilibrar seguridad y acceso a la prensa.
En 2025, Hegseth había establecido reglas restrictivas que limitaban el acceso físico a las instalaciones y al uso de fuentes, y planteaba sanciones por solicitar información de interés público sin autorización, incluso si no se trataba de temas clasificados.
Esto llevó a que la mayoría de los medios renunciaran a sus credenciales, incluyendo The New York Times, The Washington Post, Politico, Reuters, Associated Press y cadenas como ABC, CBS, CNN y NBC, así como Fox News, donde Hegseth trabajó antes de asumir el cargo.
Tras esas dimisiones, solo medios conservadores como One America News, The Federalist y The Epoch Times permanecieron acreditados en el Pentágono.
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