Nacionales
Politólogo Julián Roa critica la incoherencia del gobierno frente a Haití
Santo Domingo. El abogado y politólogo Julián Roa criticó la política migratoria del gobierno, acusando al presidente Luis Abinader de dar un giro brusco hacia medidas radicales contra Haití, como muros y repatriaciones, pero sin un plan claro ni el consenso necesario para sostenerlas
Según Roa, el mandatario pasó de una postura reivindicativa —cercana a los sectores que cuestionaban la sentencia 168-13 y defendían derechos para los descendientes de haitianos— a una línea dura enfocada en muros fronterizos, repatriaciones masivas y endurecimiento de las restricciones, pero sin el respaldo de un plan bien estructurado ni el necesario consenso político, empresarial y social que permita sostener esas medidas de manera efectiva.
Roa planteó que esta falta de planificación pone en riesgo no solo la estabilidad social, sino también sectores claves de la economía nacional que dependen de la mano de obra haitiana, como la agricultura, la construcción y el turismo.
Advirtió que, sin una estrategia gradual y un acuerdo colectivo, estas políticas solo engrosarán las redes de corrupción vinculadas al control migratorio, dejando al país atrapado en un círculo vicioso.
Estas declaraciones las ofreció durante una entrevista en el programa Propuesta de la Noche, conducido por el periodista Manuel Jiménez por Teleimpacto, canales 52 y 22.
En un análisis histórico y político, Roa desglosó los orígenes del problema haitiano, los errores de la actual administración y las salidas posibles para enfrentar una crisis que calificó como “multifactorial y muy delicada”, donde no caben improvisaciones ni respuestas populistas.
“Este gobierno llegó con un equipo crítico de la sentencia 168-13, diciendo que dejaba sin nacionalidad a muchos hijos de haitianos, y ahora se ha movido al extremo contrario. El presidente ha cambiado de paso porque la realidad lo obliga, pero lo hace desarticulando a su propio equipo y sin prever el impacto en sectores clave de la economía”, afirmó Roa.
El politólogo insistió en que una política migratoria radical no puede sostenerse sin una estrategia gradual ni un acuerdo amplio que involucre al sector empresarial y a la sociedad civil.
“No es solo una decisión del presidente o de cuatro expresidentes reunidos. Esto requiere un pacto colectivo porque, seamos honestos, ni el mercado laboral ni los empresarios agrícolas y de la construcción van a dejar de usar mano de obra haitiana solo porque se lo pidan desde arriba”, advirtió.
Roa recordó que la crisis haitiana y su impacto sobre República Dominicana no es un fenómeno nuevo. Las tensiones arrancan en el siglo XIX, cuando Haití reconoció formalmente la independencia dominicana en 1867, tras 14 años de guerras. Posteriormente vinieron las disputas fronterizas que se resolvieron en los tratados de 1929 y 1936, bajo presión estadounidense, donde se establecieron los límites actuales. Pero, según Roa, la crisis más complicada es la que sigue abierta: la migratoria.
“Desde los inicios del siglo XX, la industria azucarera trajo haitianos porque eran mano de obra más barata, no porque los dominicanos fueran menos productivos. Con la quiebra de los ingenios, esa mano de obra se derramó hacia la agricultura, la construcción, y ahí sigue. Los empresarios lo ven como un milagro: trabajadores sin derechos, sin seguridad social, casi esclavos”, afirmó.
El problema, según Roa, es que las recientes medidas del gobierno no previeron las consecuencias para la economía. “Cuando se habla de repatriaciones masivas, hay que preguntarse: ¿quién va a llenar esos puestos en el campo, en los hoteles, en la construcción? Ya el sector empresarial está reclamando públicamente que necesitan esos trabajadores y piden reactivar un plan de regularización. Pero el gobierno ha dicho que no quiere hablar de eso. El propio vocero Homero Figueroa lo negó rotundamente”, señaló.
Roa también denunció que, aunque hay miles de militares en la frontera, existe una “puerta giratoria” alimentada por la corrupción. “Es imposible que digan que han sacado 300 mil, 400 mil haitianos en seis meses y todavía tengamos tantos aquí. Todo el proceso de deportación tiene precios: desde el policía que lo atrapa y lo suelta, hasta el funcionario que lo deja salir del centro de detención. Nadie lo puede negar. Y el único responsable es el gobierno”, enfatizó.
Sobre la reunión entre Abinader y los expresidentes Fernández, Mejía y Medina, Roa fue claro: es positiva, pero insuficiente. “Esto no se resuelve entre cuatro personas. Es el Consejo Económico y Social (CES) el espacio donde debe debatirse este tema, porque allí están los empresarios, los sindicatos, la sociedad civil. Pero ojo: el gobierno no puede lavarse las manos diciendo ‘que lo decida el CES’. La decisión final es del presidente. No decidir es también decidir”, sostuvo.
Roa subrayó que una política migratoria responsable debe ser gradual. “No podemos aceptar que la mano de obra haitiana sea la base de nuestra economía para siempre, pero tampoco podemos cerrarles la puerta de golpe sin preparar al sector productivo., dijo.
Hay que darle al empresario diez o quince años para actualizar su maquinaria, tecnificarse, contratar dominicanos. Pero eso requiere un plan, no improvisación ni populismo”, afirmó.
El politólogo recordó que el plan de regularización iniciado en el gobierno de Danilo Medina fracasó en gran parte por la falta de identificación de los propios migrantes. “El gobierno haitiano nunca ha mostrado buena fe en entregar documentos a su gente. Sin papeles no hay regularización posible”, explicó.
Finalmente, Roa alertó que los prejuicios históricos pesan en ambos lados. “Los dominicanos tenemos prejuicios hacia Haití, pero los haitianos también creen que su desgracia es culpa nuestra. Es un tema que no se puede resolver ni desde la ignorancia ni desde el oportunismo político. Defender la soberanía es innegociable, pero se necesita inteligencia y planificación”, concluyó.
Santo Domingo.- La Policía Nacional informó este martes el apresamiento de dos personas y la identificación de un prófugo y otro solo identificado como “El Chino”, por su vinculación al rapto y posterior asesinato del joven Anser Stephen Almonte, alias “El Brujo”, de 24 años, cuyo cuerpo fue hallado en la sección Cabirmota, paraje La Cidra, provincia La Vega, el pasado viernes 3 de abril de 2026.
Como resultado de las labores de investigación técnico forense desarrolladas por la Dirección Central de Investigación (DICRIM), fueron detenidos Arisleyda Valdez Moreno alias “La Loca” y Leudi Rafael Almonte Núñez (a) “El Vegano”, quienes habrían tenido vinculación directa en la logística del hecho, incluyendo la renta y entrega del vehículo utilizado para cometer el crimen al igual que ubicar el occiso y darle seguimiento.
Se recuerda que Almonte, alias “El Brujo”, falleció a causa de heridas por proyectil de arma de fuego, según diagnóstico del médico legista.
De acuerdo con el informe preliminar, el vehículo utilizado, un Hyundai Sonata LF, año 2015, color gris, fue rentado días antes del suceso y posteriormente utilizado por los autores materiales para raptar a Almonte (a) El Brujo en Puerto Plata y trasladarla hasta La Vega, donde fue ultimada.
Las investigaciones establecen que ambos detenidos admitieron haber facilitado el vehículo a un individuo identificado como Ángel Raúl Morrobel Salazar (a) “Raulito”, señalado como uno de los principales implicados en el hecho, quien se encuentra prófugo junto al apodado “El Chino” y otros en proceso de identificación, por lo que están siendo activamente buscado por las autoridades.
Asimismo, durante el proceso investigativo dos personas fueron detenidas para fines de investigación, quienes se encontraban junto a la víctima al momento del rapto.
Durante los operativos, fue ocupado el vehículo utilizado en el crimen, así como varios dispositivos electrónicos y documentos que están siendo analizados como parte del proceso investigativo.
La Policía Nacional reiteró que mantiene activa la búsqueda de los demás involucrados, especialmente del prófugo “Raulito”, al tiempo que exhorta a este a entregarse por la vía que considere pertinente.
Los detenidos serán puestos a disposición del Ministerio Público para los fines legales correspondientes, mientras continúan las investigaciones para esclarecer completamente el caso.
Santo Domingo.– El presidente Luis Abinader se encuentra presidiendo en estos momentos la reunión de seguimiento al Plan de Seguridad Ciudadana, con el propósito de fortalecer las estrategias que se implementan en todo el país para garantizar mayor protección y tranquilidad a la población.
La sesión de trabajo se está llevando a cabo en el Salón del Club de Oficiales del Palacio de la Policía Nacional. En ella se evalúan las tareas cumplidas hasta la fecha, los resultados alcanzados y las nuevas disposiciones que serán adoptadas para continuar elevando los niveles de seguridad en beneficio de los dominicanos.
En compañía del mandatario se encuentran, los ministros de la Presidencia, José Ignacio Paliza; de Defensa, teniente general Carlos Antonio Fernández Onofre; de Interior y Policía, Faride Raful; el comandante general de la Fuerza Aérea de República Dominicana, mayor general Piloto Floreal Tarcicio Suárez Martínez; los directores de la Policía Nacional, mayor general, Andrés Modesto Cruz Cruz; de Migración, vicealmirante Luis Rafael Lee Ballester;
el presidente de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), vicealmirante José Manuel Cabrera Ulloa; la Procuradora General de la República, Yeni Berenice Reynoso;el comisionado ejecutivo para la Reforma Policial, Luis Ernesto García Hernández y el viceministro de la Presidencia para Proyectos Especiales y Coordinación de Seguridad, Roger G. Pujols.
También se encuentran presentes, el presidente del Consejo Nacional de Drogas, Alejandro de Jesús Abreu; el director de la Comisión Militar y Policial, coronel Jorge Rivera López; el director de la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre, general Pascual Cruz Méndez; el director de la Policía de Turismo, general Minoru Matsunaga; el director del Sistema Nacional de Atención a Emergencias 911, coronel piloto Randolfo Rijo; el subdirector general de la Policía Nacional y director central de Transformación Policial, general Juan H. Guzmán Badia, y el director de Asuntos Internos de la Policía Nacional, general Werner Núñez Quezada.
Además, participan el director de la Policía Escolar, general Francisco Osoria de la Cruz; el director de Prisiones, Roberto Santana, y de la Dirección Nacional de Niños, Niñas, Adolescentes y Familia (Dinnaf), Olga Diná Llaverías.
Forman parte de la reunión una comisión de fiscales integrada por la del Distrito Nacional, Rosalba Ramos; de San Cristóbal, Ramona Santana; de La Vega, Aura Luz García; de María Trinidad Sánchez, Juan Antonio Mateo Ciprián; de La Altagracia, Claudia Garrido; de San Pedro de Macorís, Suleyka Mateo, y de Duarte, Smaily Yamel Rodríguez.
También, los fiscales titulares de Santo Domingo Este, Milcíades Guzmán; de Santo Domingo Oeste, Eduard López; de Valverde, Víctor Mejía; de Hermanas Mirabal, Zoila Agustina Rodríguez Ynfante; de Barahona, Wellington Matos Espinal; de Peravia, Ángel Darío Tejeda Fabal; de Dajabón, Yeisin Alcántara; de Espaillat, Yorelbin Rivas, y de La Romana, Kevin Santana.
Nacionales
“Le daba dinero para que no hablaran”: Agredió sexualmente a cinco niñas y varias adolescentes
SANTO DOMINGO.- Luego de acoger la acusación del Ministerio Público, los jueces de un tribunal del distrito judicial de La Romana condenaron a doce años y seis meses de prisión a un hombre hallado culpable de cometer agresión sexual en perjuicio de cinco niñas y adolescentes.
José Luis García fue condenado a cumplir la pena privativa de libertad en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) Cucama, de La Romana, y al pago de una multa de RD$100 mil, por violar los artículos 330 y 333 del Código Penal.
García fue procesado por cometer delitos sexuales contra las cinco víctimas de entre 7 y 14 años de edad. El expediente señala que agredió sexualmente a las niñas y adolescentes en presencia de una infante de siete años, aprovechando momentos en que las madres de las víctimas no se encontraban en sus viviendas.
Antes de cometer la agresión, el ahora condenado amenazaba a las víctimas de muerte y luego las tocaba en diferentes partes del cuerpo, y en algunas ocasiones le daba dinero para que no comentaran los hechos.
La investigación del caso estuvo a cargo de la procuradora fiscal Soila Pilier, de la Unidad de Atención Integral a Víctimas de Violencia de Género, Intrafamiliar y Delitos Sexuales de La Romana.
Durante el proceso judicial, el fiscal litigante Juan Núñez explicó cómo ocurrieron los hechos contenidos en la acusación y sustentados con distintas pruebas audiovisuales, procesales, periciales, documentales y testimoniales.
Los jueces Máximo Agustín Reyes Vanderhorst, Idenisse Catedral y Jossephang Bernhardt, del Tribunal Colegiado de La Romana, dictaron la sentencia con base en los medios de prueba aportados por el Ministerio Público.
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