EL NUEVO DIARIO, LA PAZ. – La audiencia judicial para revisar la detención preventiva de los líderes opositores Luis Fernando Camacho y Marco Pumari por su rol en la crisis política de 2019 en Bolivia se aplazó hasta este martes, informó este lunes uno de los abogados defensores.

El Tribunal Sexto de Sentencia Anticorrupción de La Paz dispuso aplazar a este martes en la mañana la audiencia con el fin de «evidenciar si existen o no existen riesgos procesales», explicó a los medios el abogado Diego Gutiérrez, defensor del exlíder cívico de la región andina de Potosí Marco Pumari.

«Mañana (martes) se dictaría el fallo con relación a la detención preventiva de Luis Fernando Camacho y Marco Antonio Pumari» una vez revisados los riesgos procesales, indicó Gutiérrez.

El jurista recordó que su defendido lleva 44 meses en detención preventiva en la cárcel de Cantumarca en la región de Potosí (suroeste) y consideró que en su caso, los riesgos procesales señalados inicialmente ya no existen, pues los documentos requeridos en este proceso ya fueron presentados y también declararon todos los testigos.

Mientras que Camacho, el gobernador suspendido de la región oriental de Santa Cruz, está detenido en una cárcel de máxima seguridad en el Altiplano de La Paz desde finales de 2022.

La audiencia se realiza dentro del instructivo emitido el pasado viernes por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) para que se verifique el cumplimiento de los plazos de las detenciones preventivas en todos los procesos en curso contra la expresidenta interina Jeanine Áñez (2019-2020), Camacho y Pumari.

El llamado caso ‘golpe de Estado I’ se inició por una denuncia de la exdiputada del oficialista Movimiento al Socialismo (MAS) Lidia Patty en 2020 sobre los hechos que derivaron en la renuncia de Evo Morales (2006-2019) a la Presidencia en 2019.

El Gobierno de Luis Arce y el oficialista Movimiento al Socialismo (MAS) sostienen que la dimisión de Morales fue por un «golpe de Estado», mientras que sus detractores afirman que las protestas sociales que derivaron en su renuncia fueron consecuencia de un fraude electoral a su favor en los fallidos comicios generales de 2019, posteriormente anulados.

Camacho está acusado de haber liderado las protestas poselectorales contra Morales en 2019, cuando todavía era presidente del Comité Cívico de Santa Cruz, la mayor región del país, por lo que fue imputado por los delitos de terrorismo, seducción de tropas y cohecho activo, entre otros.

La expresidenta Áñez estaba acusada en este caso en calidad de «cómplice», pero en 2024 el tribunal decidió apartarla al determinar que ya fue juzgada y sentenciada por los mismos hechos en otro proceso conocido como ‘golpe de Estado II’.

En el juicio por ese otro caso, la exmandataria transitoria fue sentenciada en junio de 2022 a 10 años de cárcel, acusada de situarse ilegalmente en la línea de sucesión en 2019.

En 2023, el TSJ ratificó la condena de 10 años de cárcel contra Áñez, por lo que al ser la última instancia a la cual se podía recurrir para anular la sentencia, su defensa se planteó acudir a la vía internacional.

La defensa de Áñez y la oposición insisten en que se le debe procesar en un juicio de responsabilidades por ser una expresidenta y no por la vía ordinaria, algo que rechazan el Gobierno y el oficialismo.

Además de los casos por la crisis de 2019, Áñez y Camacho afrontan otros procesos penales por decisiones tomadas en sus respectivos gobiernos, si bien solamente la exmandataria ha sido sentenciada.

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