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Israel ha exigido la evacuación y cierre del hospital gazatí Al Awda, denuncia Sanidad – El Nuevo Diario (República Dominicana)

Foto: EFE/Ahmad Awad.
EL NUEVO DIARIO, CIUDAD DE GAZA.- Israel ha exigido la evacuación y cierre del hospital Al Awda, en la gobernación del norte de la franja de Gaza, y su cierre forzoso, denunció este jueves el Ministerio de Sanidad del enclave palestino en un comunicado.
Hace una semana, el Ejército israelí ya ordenó evacuar este centro hospitalario, el único operativo ahora mismo en la región norte de la Franja, donde todavía quedan en su interior 59 personas entre pacientes y personal médico.
Preguntado por EFE, el Ejército israelí todavía no se ha pronunciado sobre ello.
Este pasado lunes, al menos seis pacientes del Al Awda, ubicado en la localidad de Yabalia, fueron evacuados a otros centros hospitalarios de Ciudad de Gaza debido a la delicada situación en la que se encuentra por los recientes ataques israelíes que ha sufrido, informó su director en funciones, Mohamed Salha.
También cerca de 44 trabajadores sanitarios del Al Alwda fueron trasladados a otro centro hospitalario en Nuseirat, en el centro del enclave.
Pese a todo, Salha insistió que no tiene la intención de abandonar el hospital cuando la ofensiva israelí en las últimas semanas se ha recrudecido.
«Hemos seguido funcionando en los peores momentos, no nos iremos ahora», dijo recientemente a EFE.
Este es el cuarto asedio que registra este hospital norteño desde que Israel lanzó su ofensiva sobre Gaza: el primero fue en diciembre de 2023, el segundo en mayo de 2024 y, el tercero, en enero de 2025, en el momento de la campaña más intensa del Ejército sobre el norte de Gaza antes del alto el fuego.
El sistema sanitario gazatí vive sus horas más críticas tras más de 600 días de ofensiva israelí que también ha bombardeado a hospitales, clínicas y centros de salud primaria; además de matar a personal sanitario.
Este jueves fuentes médicas, citas por la agencia de noticias Wafa, alertaban de que unos 11,000 pacientes de cáncer en la Franja se han quedado en las últimas horas sin tratamiento oncológico por los ataques israelíes contra hospitales que prestaban estos servicios, y por la escasez de suministros médicos.
«Las fuentes indicaron que los servicios de quimioterapia intravenosa y seguimiento médico para pacientes con cáncer han cesado por completo en la Franja», recogía la agencia Wafa.
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EE.UU. se muestra «horrorizado» tras la muerte bajo custodia de un opositor en Nicaragua – El Nuevo Diario (República Dominicana)

EL NUEVO DIARIO, CIUDAD DE PANAMÁ.- La Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado de Estados Unidos aseguró este lunes que se encuentran «horrorizados» tras la muerte bajo custodia en Nicaragua del opositor Mauricio Alonso, que había sido detenido «injustamente» hace más de un mes por órdenes del Gobierno que preside Daniel Ortega y su esposa Rosario Murillo.
«Horrorizados por la inhumanidad de la dictadura Murillo-Ortega. Las autoridades devolvieron el cuerpo sin vida de Mauricio Alonso, un defensor nicaragüense de la libertad religiosa, a su familia hoy», señaló a través de su cuenta en X esa oficina, adscrita al Departamento de Estado.
En el mensaje, las autoridades estadounidenses afirmaron que «la dictadura detuvo injustamente a Alonso y lo mantuvo incomunicado durante un mes, hasta su muerte».
«Esta tragedia ocurrió bajo la mirada de Murillo-Ortega. Estados Unidos ni tolerará tal crueldad ni olvidará este crimen», concluyó la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado.
Este mensaje se suma este lunes al de diversas organizaciones de la oposición, que denunciaron la muerte de Alonso bajo custodia.
Denuncias de organizaciones opositoras
«Con profunda indignación denunciamos la muerte de Mauricio Alonso Petri mientras se encontraba en manos de la Policía Nacional de Nicaragua», señaló un comunicado de la agrupación opositora Unión Democrática Renovadora (Unamos).
Alonso, apunta ese comunicado, «estaba en condición de desaparecido desde que fue secuestrado el 18 de julio del corriente año, sin que, a la fecha, ni la policía ni ninguna autoridad de gobierno hayan dado información de su paradero ni de sus condiciones».
La organización opositora había hecho también un llamado «urgente» a la comunidad internacional «a adoptar medidas políticas, diplomáticas y financieras firmes y efectivas para presionar al régimen a poner fin a las violaciones de derechos humanos».
«Exigimos responsabilidades y demandamos la liberación inmediata de todas las presas y presos políticos, y garantías plenas de su seguridad», remarcó Unamos, grupo del que Alonso fue miembro cuando se identificaba como Movimiento Renovador Sandinista (MRS), según publicaciones de la prensa local.
El Instituto La Segovia en el Exilio Político denunció también que el «sistema dictatorial de Daniel Ortega y Rosario Murillo está entregando muerto al opositor secuestrado y preso político de nombre Mauricio Alonso P.», en un pronunciamiento que señala que esta es «otra muerte de (un) opositor en las cárceles de la dictadura».
Ni el Gobierno de Nicaragua ni la Policía Nacional han ofrecido sus versiones sobre la denuncia de esas detenciones, y generalmente no suelen pronunciarse.
También la agrupación opositora Unidad Nacional Azul y Blanco denunció en sus redes sociales la muerte de Mauricio Alonso, que «falleció en las cárceles orteguistas».
El pasado 19 de julio, durante el acto del 46 aniversario de la revolución sandinista, Ortega ordenó a sus bases una «vigilancia revolucionaria» contra los «enemigos» de su Gobierno, a los que tildó de «terroristas, conspiradores y vendepatrias».
«En cuanto se les descubra», continuó el mandatario sandinista, «se les captura y se les procesa».
Hasta el 15 de julio pasado, al menos 54 disidentes y críticos con el Gobierno de Nicaragua seguían en las cárceles de ese país, incluidos 18 adultos mayores, según el Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas, cuyos datos son avalados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Nicaragua atraviesa una crisis política y social desde abril de 2018, que se acentuó tras las controvertidas elecciones de noviembre de 2021, en las que Ortega, de 79 años y en el poder desde 2007, fue reelegido para un quinto mandato, el cuarto consecutivo.
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Partido de Machado denuncia la detención de una coordinadora local en el este de Venezuela – El Nuevo Diario (República Dominicana)

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro y María Corina Machado. (Ilustración: El Nuevo Diario)
EL NUEVO DIARIO, CARACAS. – El partido opositor Vente Venezuela (VV), liderado por la exdiputada María Corina Machado, denunció este lunes la detención de la activista política Lorenia Gutiérrez, coordinadora de la formación política en una localidad en el sureste del país.
A través de la red social X, el Comité de Derechos Humanos de VV señaló que Gutiérrez, coordinadora del partido en la parroquia Universidad del municipio Caroní, en el estado Bolívar, fue detenida «la mañana de este lunes, 25 de agosto, (por) funcionarios encapuchados y armados», quienes «allanaron su residencia, sin orden judicial, y se la llevaron a la fuerza a paradero desconocido».
«Alertamos a la comunidad internacional de esta situación que hoy vulnera los derechos de una mujer venezolana, por el simple hecho de pensar distinto», dijo el comité, que exigió información sobre el paradero de la activista, así como su liberación inmediata.
Con Gutiérrez, el partido de Machado contabiliza 211 activistas y dirigentes opositores detenidos, la gran mayoría colaboradores de la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), la principal coalición de oposición en Venezuela.
El pasado fin de semana fueron excarcelados en el país 13 presos políticos, entre ellos el exdiputado Américo de Grazia, el dirigente Pedro Guanipa y dos exalcaldes, lo que fue celebrado por activistas y dirigentes opositores, quienes abogaron por la liberación de quienes, consideran, aún permanecen detenidos «injustamente».
Organizaciones de derechos humanos venezolanas e internacionales, como Foro Penal y Human Rights Watch (HRW), denuncian que en la nación caribeña existe un patrón de «puerta giratoria» por el que se libera a algunos políticos presos, al tiempo que se detiene a otros.
El Ejecutivo de Nicolás Maduro asegura que el país está «libre de presos políticos» y que los señalados como tal están encarcelados por la «comisión de terribles hechos punibles».
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Aplazan audiencia para revisar la detención de opositores por la crisis de 2019 en Bolivia – El Nuevo Diario (República Dominicana)

Simpatizantes del gobernador suspendido Luis Fernando Camacho, rezan por su libertad. EFE/ Luis Gandarillas
EL NUEVO DIARIO, LA PAZ. – La audiencia judicial para revisar la detención preventiva de los líderes opositores Luis Fernando Camacho y Marco Pumari por su rol en la crisis política de 2019 en Bolivia se aplazó hasta este martes, informó este lunes uno de los abogados defensores.
El Tribunal Sexto de Sentencia Anticorrupción de La Paz dispuso aplazar a este martes en la mañana la audiencia con el fin de «evidenciar si existen o no existen riesgos procesales», explicó a los medios el abogado Diego Gutiérrez, defensor del exlíder cívico de la región andina de Potosí Marco Pumari.
«Mañana (martes) se dictaría el fallo con relación a la detención preventiva de Luis Fernando Camacho y Marco Antonio Pumari» una vez revisados los riesgos procesales, indicó Gutiérrez.
El jurista recordó que su defendido lleva 44 meses en detención preventiva en la cárcel de Cantumarca en la región de Potosí (suroeste) y consideró que en su caso, los riesgos procesales señalados inicialmente ya no existen, pues los documentos requeridos en este proceso ya fueron presentados y también declararon todos los testigos.
Mientras que Camacho, el gobernador suspendido de la región oriental de Santa Cruz, está detenido en una cárcel de máxima seguridad en el Altiplano de La Paz desde finales de 2022.
La audiencia se realiza dentro del instructivo emitido el pasado viernes por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) para que se verifique el cumplimiento de los plazos de las detenciones preventivas en todos los procesos en curso contra la expresidenta interina Jeanine Áñez (2019-2020), Camacho y Pumari.
El llamado caso ‘golpe de Estado I’ se inició por una denuncia de la exdiputada del oficialista Movimiento al Socialismo (MAS) Lidia Patty en 2020 sobre los hechos que derivaron en la renuncia de Evo Morales (2006-2019) a la Presidencia en 2019.
El Gobierno de Luis Arce y el oficialista Movimiento al Socialismo (MAS) sostienen que la dimisión de Morales fue por un «golpe de Estado», mientras que sus detractores afirman que las protestas sociales que derivaron en su renuncia fueron consecuencia de un fraude electoral a su favor en los fallidos comicios generales de 2019, posteriormente anulados.
Camacho está acusado de haber liderado las protestas poselectorales contra Morales en 2019, cuando todavía era presidente del Comité Cívico de Santa Cruz, la mayor región del país, por lo que fue imputado por los delitos de terrorismo, seducción de tropas y cohecho activo, entre otros.
La expresidenta Áñez estaba acusada en este caso en calidad de «cómplice», pero en 2024 el tribunal decidió apartarla al determinar que ya fue juzgada y sentenciada por los mismos hechos en otro proceso conocido como ‘golpe de Estado II’.
En el juicio por ese otro caso, la exmandataria transitoria fue sentenciada en junio de 2022 a 10 años de cárcel, acusada de situarse ilegalmente en la línea de sucesión en 2019.
En 2023, el TSJ ratificó la condena de 10 años de cárcel contra Áñez, por lo que al ser la última instancia a la cual se podía recurrir para anular la sentencia, su defensa se planteó acudir a la vía internacional.
La defensa de Áñez y la oposición insisten en que se le debe procesar en un juicio de responsabilidades por ser una expresidenta y no por la vía ordinaria, algo que rechazan el Gobierno y el oficialismo.
Además de los casos por la crisis de 2019, Áñez y Camacho afrontan otros procesos penales por decisiones tomadas en sus respectivos gobiernos, si bien solamente la exmandataria ha sido sentenciada.
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