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Presentan demanda contra decreto de Gobierno colombiano que adelanta el cobro de impuestos – El Nuevo Diario (República Dominicana)

Fotografía de archivo en la que se registró al presidente de Colombia, Gustavo Petro, durante una rueda de prensa, en Bogotá (Colombia). EFE/Mauricio Dueñas
EL NUEVO DIARIO, BOGOTÁ. – El Consejo de Estado de Colombia recibió este jueves una demanda contra un nuevo decreto del Gobierno que adelanta parte del cobro del impuesto de renta de 2026, una medida que busca aliviar la falta de liquidez del Estado, pero que varios gremios han calificado como una «reforma tributaria escondida».
La demanda fue presentada ante el máximo tribunal de lo contencioso administrativo por Carlos Javier Soler, exsecretario de Seguridad de Cali y exdirector de Derechos Humanos del Ministerio de Defensa, contra el presidente colombiano, Gustavo Petro, el Ministerio de Hacienda y la Dirección de Impuestos y Aduanas (Dian).
«Ante el tremendo raponazo (robo) que pretende realizar Gustavo Petro, el Ministerio de Hacienda y la Dian al bolsillo de todos los colombianos, presenté demanda de nulidad ante el Consejo de Estado», escribió Soler en su cuenta de X.
El documento solicita la nulidad del decreto alegando una violación «flagrante» a la Constitución, «en particular el principio de legalidad tributaria», y pide además la suspensión provisional como medida cautelar «urgente para evitar afectaciones irreparables al patrimonio de los ciudadanos y a la economía nacional».
El Consejo de Estado estudiará la demanda contra el decreto con el cual el Gobierno pretende aliviar los problemas de la caja del Estado este año en medio de una coyuntura fiscal marcada por el desbalance de ingresos.
El decreto fue expedido la víspera por el Ministerio de Hacienda y modifica una serie de tarifas de retención en la fuente y autorretenciones que serán aplicables a partir del próximo domingo, 1 de junio.
Las actividades que tendrán más autorretención en la fuente serán la extracción de oro y otros metales preciosos, de gas natural y de hulla (carbón de piedra). También la generación de energía eléctrica y producción de gas, todos estos con una tarifa del 4,5 %, según el decreto.
Este nuevo decreto ha hecho saltar las alarmas de varios gremios y organizaciones económicas, que han tachado la medida de una «irresponsabilidad» y de una «reforma tributaria disfrazada».
Aunque por ahora solo se conoce la demanda de Soler, la senadora opositora María Fernanda Cabal y el exsenador David Luna, quien fue ministro de Tecnologías de la Información durante el gobierno del expresidente Juan Manuel Santos, han anunciado por redes sociales que también presentarán demandas de nulidad contra el decreto.
«Esto es una reforma tributaria sin pasar por el Congreso de la República. Petro quebró el país y los que paguen no pueden ser los colombianos», escribió Cabal en X.
Por su parte, Luna dijo que su demanda ante el Consejo de Estado solicitará la «suspensión inmediata de este decreto confiscatorio» y coincidió en que el Gobierno está «metiendo a los colombianos una reforma tributaria disfrazada para financiar buses y tarimas».
El Ejecutivo ha asegurado que el hundimiento en diciembre pasado en el Congreso del proyecto de ley para una segunda reforma tributaria, con la cual buscaba hacer un recaudo adicional de 9,8 billones de pesos (unos 2.389 millones de dólares de hoy) para financiar parte del presupuesto de 2025, lo obligó a hacer recortes en varias áreas.
Petro ha manifestado que heredó de Iván Duque, su antecesor, una elevada deuda pública, lo que sumado a la política monetaria del Banco de la República de recortar de manera lenta la tasa básica de interés «han llevado a una situación difícil que el Gobierno nacional ha tratado de sobremontar (sic) sin mayor costo para la gente más pobre».
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¿Qué le espera al expresidente Uribe tras su condena en Colombia? – El Nuevo Diario (República Dominicana)

El expresidente colombiano Álvaro Uribe. (Foto: Juan BARRETO / AFP)
EL NUEVO DIARIO, BOGOTÁ.- Condenado por delitos de soborno y fraude procesal, el expresidente colombiano Álvaro Uribe se conocerá el viernes por parte de una jueza la pena que le espera. ¿Irá a prisión?, ¿podrá defenderse en libertad?, ¿hay lugar a la prescripción del caso? Estos son los escenarios posibles.
El lunes un tribunal halló culpable al exmandatario (2002-2010) de obstruir a la justicia y manipular a paramilitares para evitar que lo vincularan con esos escuadrones de ultraderecha que en medio del conflicto armado con las guerrillas de izquierda cometieron numerosos masacres contra civiles.
El fallo en primera instancia, anunciado en una audiencia que se extendió por 11 horas, lo exponen a pasar hasta 12 años en prisión. Pero la defensa del popular político derechista de 73 años anunció que apelará, lo que abre un nuevo capítulo de esta saga judicial.
El proceso se remonta a 2012, cuando Uribe demandó ante la corte suprema al senador izquierdista Iván Cepeda para asegurar públicamente que los paramilitares encarcelados decían tener nexos con el exmandatario.
El caso dio un giro en 2018 y el expresidente pasó de demandante a investigado, al ser señalado de manipular a testigos para perjudicar a Cepeda.
En medio de las investigaciones en 2020 Uribe, que entonces era senador, renunció al Congreso en una maniobra que le hizo perder sus fueros e hizo que el caso pasara a la justicia ordinaria.
Estos son los caminos que se abren ahora:
– ¿En prisión o en libertad? –
El viernes «conoceremos cuál es el monto de la sanción», es decir cuántos años debería pasar Uribe en prisión, y si la jueza ordenará que sea capturado de «inmediato» o si «le va a permitir, como lo dice la ley, defenderse en libertad», explica a la AFP el abogado penalista Francisco Bernate.
Para los delitos por los que fue condenado, denominados «soborno en acción penal» y «fraude procesal», el código penal dispone penas de máximo ocho y 12 años respectivamente, precisó Dalila Henao, miembro de la junta directiva del Colegio de Abogados Penalistas de Colombia.
Los juristas coinciden en que el escenario más probable es que Uribe se defienda en libertad mientras se resuelve su apelación, recurso que la defensa deberá anunciar luego de que el viernes la jueza exponga el detalle de las más de 1.000 páginas del veredicto.
La ficalía pidió nueve años de prisión domiciliaria.
– Apelación –
La defensa anunció que el 11 de agosto presentó una apelación del fallo ante el Tribunal Superior de Bogotá.
Según el equipo jurídico del exgobernante, «esta no es una decisión definitiva: la presunción de inocencia del expresidente Uribe permanece intacta y aún existen recursos pendientes».
Ante la apelación, el Tribunal Superior tendrá dos caminos: «confirmar la decisión de la jueza», es decir la condena, o «revocar el fallo de primera instancia y absolverlo», dice Henao.
Uribe insiste en que la grabación con una cámara instalada en un «reloj espía» para registrar el soborno de uno de sus abogados fue manipulada y no puede usarse como prueba.
En ella el jurista Diego Cadena, que enfrenta su propio juicio, intenta sobornar al testigo estrella Juan Guillermo Monsalve, quien acusa al expresidente de haber conformado un grupo paramilitar junto a su hermano Santiago.
La defensa del exmandatario también sostiene que las interceptaciones a su teléfono son una violación a la privacidad.
– Prescripción –
Miguel Ángel del Río, uno de los abogados de la contraparte, explicó a la AFP que el Tribunal Superior de Bogotá debe tomar una decisión antes del 16 de octubre o «de lo contrario prescribirá la acción penal» y el caso se archivará.
El deseo de los demandantes es que «cada uno de esos hechos jurídicamente relevantes se confirman y se materialicen» tras un proceso de más de una década.
Pese a la carrera contrarreloj, Henao ve poco probable que el proceso prescriba «por ser un caso tan relevante».
Bernate coincide: «El tribunal nunca deja prescribir un caso».
– Regreso a la corte suprema –
Sin importar cuál sea la decisión del Tribunal Superior de Bogotá, si cualquiera de las partes apela, el caso podría volver a donde todo empezó: la Corte Suprema de Justicia.
En caso de estar en desacuerdo con la decisión del tribunal, la defensa, la fiscalía o el ministerio público pueden presentar un recurso de casación ante la corte, que tiene hasta cinco años para dar un dictamen, explica Henao.
Una vez lo haga, no habrá espacio a ninguna acción adicional.
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España envía a Gaza 12 toneladas de comida que se lanzarán este viernes en paracaídas – El Nuevo Diario (República Dominicana)

El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, en una imagen de archivo. EFE/Borja Sánchez-Trillo.
EL NUEVO DIARIO, MADRID.- España envió este jueves un avión del Ejército del Aire con 12 toneladas de ayuda humanitaria que serán lanzadas sobre Gaza con paracaídas mañana viernes, confirmó el ministro español de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares.
El cargamento, compuesto por 5,500 raciones de comida que, según el Ministerio de Asuntos Exteriores, pueden alimentar a unas 11,000 personas, despegó hacia Jordania en un avión militar A400 y desde allí volará este viernes para ser lanzada en 24 paracaídas sobre la Franja.
Exteriores informó de que este envío de ayuda urgente, coordinado a través de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (Aecid), forma parte de los esfuerzos de España por responder de manera urgente y eficaz a la catástrofe humanitaria que sufre Gaza.
España se ha sumado a los esfuerzos de varios países, que durante los últimos días han tratado de enviar ayuda a Gaza, tanto por tierra como por aire.
Albares manifestó que este envío es «una gota en el océano» que servirá «para aliviar la hambruna inducida por Israel en Gaza».
«Lo que está ocurriendo en Gaza debe terminar ya y no puede volver a repetirse», reiteró, que exigió que la ayuda pueda entrar de forma «regular, suficiente y segura» de acuerdo con los estándares internacionales.
Manifestó también que la única vía para evitar el colapso humanitario pasa por poner fin a la guerra e implementar una solución política duradera basada en la existencia de dos Estados, por lo que exigió un alto al fuego que permita la distribución de la ayuda en Gaza siguiendo los principios humanitarios y de neutralidad.
Para el ministro, «la hambruna inducida que están sufriendo los gazatíes es una vergüenza para la humanidad», con «muertes diarias por hambre» y «100,000 niños y 40,000 bebés en riesgo de muerte», por lo que Israel debe permitir ya el paso «permanente, ininterrumpido y libre de toda la ayuda humanitaria posible».
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Al menos 86 gazatíes muertos el miércoles mientras iban a buscar ayuda humanitaria – El Nuevo Diario (República Dominicana)

Palestinos trasladan el cadaver de una persona fallecida en un reparto de ayuda en Zikim, en el norte de Gaza. EFE/EPA/Mohammed Saber.
EL NUEVO DIARIO, CIUDAD DE GAZA.- Al menos 86 gazatíes perdieron la vida este miércoles mientras iban a buscar ayuda humanitaria en diferentes puntos de la Franja de Gaza, confirmaron a EFE fuentes de los hospitales locales.
La mayoría de los fallecidos, 60, fueron registrados por el hospital Al Shifa de Ciudad de Gaza, la capital gazatí, tras acudir al cruce de Zikim, en el noroeste del enclave, para tratar de conseguir algo de lo introducido en los pocos camiones con ayuda que están entrando estos días en el territorio.
Otros 22 fallecidos fueron registrados en el hospital Naser de Jan Yunis, en el sur de Gaza, y 4 más en el centro del enclave, donde se encuentra un punto de distribución de comida de la polémica Fundación Humanitaria para Gaza (GHF, en inglés).
El Gobierno de Hamás en Gaza dijo que, solo en la «masacre de Zikim», murieron al menos 58 personas, de las que al menos 50 fueron a parar al hospital Al Shifa, 5 al hospital de campaña kuwaití y 3 al hospital Al Ahli.
El incidente tuvo lugar entre las 19:00 y las 19:45 hora local (16:00–16:45 GMT), horario que el Ejército israelí había anunciado el pasado domingo como dentro de las llamadas ‘pausas tácticas’ en las que aseguraba que no atacaría ciertos puntos del enclave palestino para facilitar la entrada y distribución de ayuda humanitaria.
Este jueves EFE habló con testigos presenciales en el hospital Al Shifa, que relataron cómo el Ejército israelí abrió ayer fuego de tanques y francotiradores al atardecer contra la multitud que se congregaba cerca del paso de Zikim.
Uno de los supervivientes del incidente, que no quiso dar su nombre, detalló a EFE que visitó el miércoles el sitio junto a su primo, a quien una bala alcanzó en la cabeza.
«¿De qué pausa (humanitaria) me hablas?», pregunta. «Si quieren ocupar Gaza, que lo hagan ya, pero basta ya con esta historia en la que todos los días perdemos a un hermano, un amigo, un ser querido o un allegado. Basta ya», dijo.
Fuentes médicas de este centro hospitalario dijeron a EFE que todos los muertos presentaban heridas de bala en distintas partes del cuerpo.
«Todos los días nuestros hijos llegan muertos», comentó a EFE sobre el incidente Jamil Achur Kafani, quien denunció que los puntos de distribución de ayuda humanitaria establecidos, entre ellos el cruce de Zikim, son «trampas de muerte para nuestros jóvenes».
El Ejército israelí reconoció haber lanzado «disparos de advertencia» contra los gazatíes que acudieron el miércoles por la tarde al paso fronterizo de Zikim.
Preguntado por EFE, indicó que los gazatíes se reunieron alrededor de los camiones de ayuda que entraron por ese paso y «muy cerca de las tropas de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) que operan en la zona», tras lo que dichas tropas realizaron disparos de advertencia «en respuesta a la amenaza que se les planteaba».
Estas muertes se suman a las 1,239 personas que -según el Ministerio de Sanidad gazatí- han fallecido por disparos del Ejército israelí mientras intentaban recoger ayuda desde que a finales de mayo comenzó la distribución de asistencia humanitaria en la Franja bajo control militar, tras más de dos meses de bloqueo total.
Más de 60,000 personas han muerto en el enclave palestino desde el inicio de la ofensiva israelí en octubre de 2023, según las autoridades sanitarias locales, en una situación denunciada como genocidio por países como Sudáfrica ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ), una calificación que también han usado organizaciones internacionales e israelíes de derechos humanos.
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