EL NUEVO DIARIO, MIAMI.- El fiscal general de Florida, James Uthmeier, advirtió este lunes de la posible destitución del alguacil Gregory Tony del condado de Broward, el segundo más poblado del estado, por declarar que no arrestaría a «migrantes ilegales» en su región, donde más de un tercio de los habitantes son inmigrantes.

Uthmeier envió una carta al alguacil de Broward, donde el Migration Policy Institute estima que viven 117.000 indocumentados, para que aclare las declaraciones que hizo en una audiencia el 3 de junio, cuando expresó que «detener a extranjeros ilegales no está dentro de su responsabilidad y no participaría en ello».

El fiscal argumentó que «el requisito de apoyar al Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, en inglés) y aplicar la ley federal de inmigración no es una opción, es una obligación bajo la ley de Florida» y «aquellos que incumplan la ley deben rendir cuentas».

«Mi oficina usará cada herramienta disponible para asegurarse de que los funcionarios locales obedezcan la ley de Florida y protejan la seguridad pública», escribió el fiscal en la carta, que publicó ahora.

Uthmeier enunció que las sanciones por no obedecer esta ley incluyen declararlo en desacato y su destitución, por órdenes del gobernador, el republicano Ron DeSantis.

El funcionario estatal consideró como posible politiquería la declaración de Tony, quien en la reunión sobre presupuesto del 3 de junio manifestó que su oficina, con 765 millones de dólares presupuestados, «tiene otras prioridades en su comunidad» y la «inmigración no es una de ellas».

Las declaraciones causaron controversia porque más del 36 % de la población del condado, que es el segundo más poblado de Florida después de Miami-Dade e incluye a la ciudad de Fort Lauderdale, nació en otro país, según la oficina del Censo federal.

Florida, donde uno de cada cinco residentes es inmigrante, ha sido líder en aplicar la política migratoria del presidente Donald Trump, pues DeSantis ha aprobado leyes estatales que prohíben las ciudades santuario e imponen multas de hasta 5.000 dólares y suspenden a funcionarios que incumplan estas disposiciones.

El gobernador presentó en mayo un plan migratorio al Gobierno federal para usar a elementos de la Guardia Nacional floridana como jueces para deportar inmigrantes y que la Patrulla de Carreteras de Florida haga sus propias redadas migratorias, además de impulsar acuerdos para que policías locales cooperen en esta área.

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