Nacionales
Holguín‑Veras: “El sistema de seguridad social fue desnaturalizado; Senasa está en crisis por sobrecarga y falta de recursos”

Santo Domingo.– El coordinador del Movimiento por las Pensiones a los Empleados Públicos, Luis Holguín‑Veras, advirtió que el Seguro Nacional de Salud (Senasa) enfrenta una crisis estructural derivada del crecimiento acelerado del régimen subsidiado y de una desactualización crítica del financiamiento estatal.
“El Senasa es uno de los actores que más debemos defender porque como ARS pública juega un papel vital en el sistema dominicano de seguridad social, sobre todo en salud”, expresó al inicio de su intervención.
No obstante, explicó que la expansión abrupta del régimen subsidiado —especialmente durante la pandemia de Covid‑19— provocó un desbalance grave en la capacidad financiera de la entidad.
“Solamente a partir del 2020 se incorporaron 2.4 millones de personas. Eso implicó un crecimiento muy rápido y no se ajustó el per cápita que se paga por cada afiliado del régimen subsidiado”, detalló.
De acuerdo con Holguín‑Veras, Senasa tiene actualmente más de siete millones de afiliados, de los cuales cerca de seis millones pertenecen al régimen subsidiado.
“Ese esquema no es sostenible si el Estado no cumple con su responsabilidad de aportar los recursos suficientes”, señaló.
Durante su participación en el programa Propuesta de la Noche, conducido por los periodistas Manuel Jiménez y Carlos Arturo Guisarre, y transmitido por Teleimpacto (canales 52 y 22), Holguín‑Veras afirmó que el sistema de seguridad social dominicano fue desnaturalizado en su propósito original y se encuentra atrapado en una contradicción entre derechos ciudadanos y fines lucrativos.
A su juicio, el problema central radica en la falta de actualización del per cápita, es decir, la cantidad que el sistema transfiere por cada afiliado para cubrir los servicios de salud.
“Se necesita una revisión técnica del per cápita, y hay propuestas que indican que con ese ajuste se podría cubrir gran parte del déficit actual”, indicó.
Al explicar el funcionamiento del sistema, hizo una distinción entre tres elementos clave: cotización, per cápita y copago.
“Hay que diferenciar la cotización, que es lo que uno aporta junto con el empleador; el per cápita, que es lo que se paga a las ARS por cada afiliado; y el copago, que es un pago adicional que hace el paciente cuando recibe el servicio”, aclaró.
Sobre este último punto fue categórico: “El copago es una figura que no estaba contemplada en la ley. Entró por necesidad, pero representa un costo demasiado alto que recae sobre el afiliado”.
Holguín‑Veras también cuestionó la lógica de permitir que empresas privadas, motivadas por el lucro, administren riesgos de salud dentro del sistema.
“Es una inserción parasitaria. Buscan maximizar utilidades y eso no se corresponde con lo que debe ser el diseño de la seguridad social, que es garantizar derechos”, denunció.
Criticó además que el artículo 1 de la Ley 87-01 no sitúa al afiliado como el centro del sistema, sino como garante financiero junto al Estado.
“Desde el primer artículo, el sistema está mal enfocado. No habla de garantizar derechos, sino de asegurar el financiamiento”, afirmó.
Otro aspecto que abordó fue la falta de información a los ciudadanos sobre su estatus dentro del sistema.

“Conozco muchos casos de personas desvinculadas del sector público que no saben que han sido integradas al régimen subsidiado. Esa gente no accede a servicios porque ni siquiera saben que tienen derecho a ellos”, sostuvo.
Explicó que, al ser separados de sus empleos, los exempleados públicos son afiliados automáticamente a Senasa bajo el régimen subsidiado, el cual cubre servicios médicos a través de la red hospitalaria pública.
Consultado sobre el acceso a servicios privados, explicó que los afiliados al régimen subsidiado deben, en la mayoría de los casos, acudir a hospitales públicos. No obstante, aclaró que esos centros reciben compensación por cada afiliado atendido.
“Los hospitales reciben un pago por cada afiliado atendido. Es un aporte indirecto del Estado a los servicios públicos de salud”, apuntó.
En la segunda parte de su intervención, Holguín‑Vera analizó el impacto del estancamiento del salario mínimo del sector público en el régimen de pensiones. Indicó que desde 2019 el sueldo base para empleados estatales se mantiene en RD$10,000, lo que afecta directamente la pensión solidaria y el límite máximo de pensión.
“La ley dice que la pensión máxima debe ser equivalente a ocho salarios mínimos. Pero la Dirección de Jubilaciones y Pensiones sigue calculando ese tope en base al salario mínimo del sector público, no al salario mínimo nacional, lo cual reduce injustamente el monto de las pensiones”, explicó.
Como ejemplo, señaló que una persona que cotizó para recibir RD$100,000 de pensión termina recibiendo solo RD$80,000 porque se aplica un tope desactualizado.
Por último, criticó la falta de voluntad política para enfrentar una reforma estructural del sistema.
“Los políticos no le han dicho la verdad a la gente. No quieren admitir que el Estado dominicano no tiene capacidad, por sí solo, para garantizar servicios de salud en el momento y con la calidad que la población necesita”, denunció.
Aseguró que, mientras se mantenga un diseño orientado a sostener intereses financieros y no derechos ciudadanos, la crisis se profundizará.
“El sistema necesita una reforma integral que devuelva el enfoque a las personas, no a las ganancias”, concluyó.
Nacionales
MP valora sentencia del TC que valida condena de 5 años por lavado contra Nelson Rizik

SANTO DOMINGO.- El Ministerio Público ponderó la sentencia del Tribunal Constitucional que confirma la sentencia con autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada que pesa contra Nelson Rizik Delgado, sentenciado a cinco años de prisión por lavado de activos.
Rizik Delgado, procesado junto a un hermano que ya cumplió su pena de 10 años de prisión, recibió una confirmación de condena el 31 de agosto de 2023 en la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, instancia que lo benefició al quitarle a su expediente la calificación por narcotráfico, pero que mantuvo igual la condena a cinco años de prisión por haberse prestado a lavar activos al coimputado del proceso.
La sentencia del TC valida la decisión de la Suprema Corte que, a su vez, reconoce las decisiones anteriores de primera y segunda instancias, en las que a Nelson Rodríguez Rizik se le impuso una condena de 5 años de prisión suspendida y la obligación de pagar una multa ascendente a 50 salarios mínimos.
Asimismo, reconoce una aplicación correcta de la ley en cuanto al decomiso, a favor del Estado dominicano, de un listado de objetos mobiliarios e inmobiliarios que incluyen una finca en Rancho Cacique, de siete mil tareas, ubicada en la Comunidad Ana Santana, del municipio Sabana Grande de Boyá.
El TC tomó la decisión mediante la Sentencia TC/1046/24, del 30 de diciembre de 2004, notificada recientemente a la procuradora de corte Ramona Nova Cabrera, titular interina de la Procuraduría Especializada contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.
Al informar sobre la decisión, la procuradora de corte Ramona Nova Cabrera valoró la decisión del Tribunal Constitucional porque, según afirmó, respalda las acciones del Ministerio Público contra el crimen organizado.
Nova Cabrera resaltó que la decisión “está en consonancia con las sanciones que deben de recibir el tipo de conductas en que incurrieron los acusados, completamente reprochables en la sociedad dominicana”.
La decisión del tribunal deja confirmada la condena por violación a las disposiciones de los artículos 3, literales a y b; 4, 8, letra b; 18, 21, letra b, y 26, de la Ley 72-02 sobre Lavado de Activos provenientes del Tráfico Ilícito de Drogas y Sustancias Controladas y otras infracciones graves.
Los tribunales de primera y segunda instancia habían constatado, con las pruebas aportadas por el Ministerio Público, la participación de Nelson Rizik Delgado en el ocultamiento y encubrimiento de las acciones ilícitas llevadas a cabo por su hermano coimputado en el proceso, al hacerse pasar a su nombre, y mantener la administración, de varios bienes muebles e inmuebles, así como al firmar documentos públicos y recibir dinero como si fuera suyo, arribar a acuerdos y representar a su hermano ante terceros.
Una jueza disintió
Conforme al dispositivo de la Sentencia TC/1046/24, la jueza del TC Alba Luisa Beard Marcos emitió un voto disidente argumentando que sus colegas Napoleón R. Estévez Lavandier (presidente), Eunisis Vásquez Acosta, José Alejandro Ayuso, Fidias Federico Aristy Payano, Sonia Díaz Inoa, Army Ferreira, Domingo Gil, Amaury A. Reyes Torres, María del Carmen Santana y José Alejandro Vargas Guerrero hicieron una “errada interpretación respecto a la determinación de plazo razonable”.
“A nuestro modo de ver, esta sede constitucional debió acoger el recurso de revisión en cuestión, y anular la sentencia de la Suprema Corte de Justicia”, dice Beard Marcos en su voto disidente.
Nacionales
Presidente Abinader tendrá agenda este fin de semana en San Pedro, SDE y Boca Chica

Santo Domingo.-El presidente Luis Abinader, continuará este fin de semana con su agenda de trabajo en el territorio nacional, con actividades programadas el sábado 12 y domingo 13 de julio en la provincia de San Pedro de Macorís, Santo Domingo Este y Boca Chica en beneficio de la ciudadanía.
Las acciones incluyen la entrega de títulos de propiedad, supervisión de obras de infraestructura, programas alimentarios y entrega de soluciones habitacionales, en el marco de las políticas públicas que impulsa el Gobierno en beneficio de la ciudadanía.
Sábado 12, San Pedro de Macorís
El sábado a las 11:00 de la mañana, el mandatario se trasladará al municipio de Quisqueya, en la provincia de San Pedro de Macorís, donde encabezará un acto de entrega de 1,800 títulos de propiedad.
Esta iniciativa forma parte del programa del gobierno para regularizar la tenencia de tierras y garantizar seguridad jurídica a cientos de familias.
Domingo 13, Santo Domingo Este y Boca Chica
La jornada del domingo iniciará a las 3:00 de la tarde en Santo Domingo Este, donde el mandatario realizará una visita de supervisión a los trabajos de construcción de la tercera etapa de la Avenida Ecológica, una obra vial estratégica para mejorar la conectividad y el flujo vehicular en la zona oriental del Gran Santo Domingo.
Más tarde, a las 4:00 de la tarde, el jefe de Estado se desplazará a Boca Chica, específicamente al Parque de La Altagracia, en la margen norte, donde inspeccionará un puesto móvil del Instituto de Estabilización de Precios (INESPRE), parte de los esfuerzos del gobierno por facilitar el acceso a productos básicos a precios asequibles.
Mientras que a las 4:15 el gobernante inaugurará 96 apartamentos que serán entregados a familias de escasos recursos.
Nacionales
Abinader resalta consenso nacional ante crisis haitiana tras reunión con expresidente Hipólito Mejía

Santo Domingo.– El presidente Luis Abinader destacó este viernes el alto nivel de consenso nacional que se ha venido construyendo frente a la crisis haitiana, tras sostener una reunión, que calificó de muy productiva con el expresidente Hipólito Mejía y los equipos técnicos del Consejo Económico y Social (CES), en la residencia del exmandatario.
Durante el encuentro, se evaluaron los avances de las comisiones que trabajan en diversas áreas relacionadas con la crisis, como migración, seguridad, comercio y comunicación.
El presidente Abinader afirmó que este proceso de diálogo multisectorial refleja un compromiso colectivo con la estabilidad y la defensa de los intereses nacionales.
«Todos los temas que se están tratando en el CES son de gran importancia para el país, para llevar una política unificada en relación con los problemas cada vez más graves en la República de Haití”, expresó.
En ese sentido explicó se está trabajando en trabajando en armonía y buscando soluciones con las comisiones de los demás expresidentes ante la gravedad de la situación de la República de Haití.
El jefe de Estado anunció que una vez concluyan los trabajos de las comisiones técnicas, el próximo 23 de julio convocará a todas las delegaciones al Palacio Nacional para conocer directamente sus conclusiones y avanzar en una estrategia consensuada entre el Gobierno y los expresidentes.
El presidente Abinader resaltó además, que tanto el expresidente Mejía como sus homólogos Danilo Medina y Leonel Fernández han mostrado disposición a colaborar en la construcción de una política de Estado ante el impacto de la situación en Haití.
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