Nacionales
Solicitan prisión preventiva contra 10 militares y civiles arrestados en Operación Lobo

SANTO DOMINGO.- El Ministerio Público solicitó la noche del miércoles prisión preventiva, como medida de coerción, contra diez involucrados en una estructura de corrupción administrativa de militares y civiles enfrentada con la Operación Lobo, la cual se valía de la distribución de sobornos para agenciarse la contratación y el mantenimiento de contratos de seguridad privada en instituciones públicas.
“Es importante destacar que esta operación (Lobo) apenas inicia y que, como en todas las operaciones nuestras, pueden venir más personas investigadas, más arrestos y más sometimientos en este proceso”, explicó la procuradora de corte Mirna Ortiz, titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), al encabezar el equipo de fiscales que depositó la solicitud de medida de coerción ante la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional.
“Con la Operación Lobo el Ministerio Público ha desarticulado una estructura criminal que operaba desde el ámbito de las contrataciones públicas, en empresas públicas, en el área de seguridad privada”, dijo.
“Hemos identificado hasta el momento una suma pagada en sobornos que excede los 100 millones de pesos y contamos con más de 500 pruebas para demostrar en esta primera fase del proceso la implicación y vinculación de todos los imputados que han sido arrestados en base a esta operación”, sostuvo Ortiz, quien estuvo acompañada de los fiscales Elizabeth Paredes, Ernesto Guzmán y Yoneivy González.
Al ser consultada por los periodistas sobre la posible implicación de funcionarios, la titular de la Pepca sostuvo que todo el que esté implicado en la estructura desmantelada con la Operación Lobo será sometido a la acción de la justicia. “Como les digo, esto apenas comienza”, apuntó. “Inicia la etapa preparatoria que abre la fase de investigación, así que vamos por más”, enfatizó.
“Estamos solicitando prisión preventiva, como medida de coerción, ya que se trata de una estafa contra el Estado en instituciones públicas de tal magnitud que perjudica la libre competencia de otras empresas”, indicó.
Sostuvo que los militares y civiles implicados en la estructura de corrupción administrativa enfrentada por el Ministerio Público violan la Ley de Compras y Contrataciones (Ley 340-06) y, además, lo hacen instituciones que atienden necesidades de poblaciones vulnerables, como el caso del Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia (Inaipi), o de servicios básicos para la población y estratégicos para el desarrollo social y económico, como las empresas distribuidoras de electricidad.
Además de solicitar prisión preventiva contra el mayor general retirado del Ejército Carlos Ambrosio Robles Díaz y los coroneles Andrés Pacheco Varela, Luis Ernesto Vicioso Bocio, Francisco Guarín Fernández y Elías Camaño Pérez, el Ministerio Público solicita que el caso sea declarado complejo.
La solicitud incluye al coronel de la Fuerza Aérea Yorbyn Eduardo Eufracio Aybar y al primer teniente del Ejército Wellington Peralta Santos, al empresario Quilvio Bienvenido Rodríguez González, al coronel de la Policía Ramón Quezada Ortiz y al civil Bolívar Nicolás Fernández Espinal.
Los imputados afectaron, además del Inaipi, al Seguro Nacional de Salud (Senasa) y a las empresas distribuidoras de electricidad del Norte (EdeNorte), del Este (EdeEste) y del Sur (EdeSur).
La investigación del Ministerio Público partió de una denuncia remitida al Ministerio Público por la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental.
Nacionales
Abinader y expresidente Hipólito Mejía abordan crisis haitiana en reunión privada

Santo Domingo. –En estos momentos, el presidente Luis Abinader se encuentra reunido con el exmandatario Hipólito Mejía, en un espacio de diálogo privado, dando continuidad a las conversaciones sobre la crisis que atraviesa Haití y su impacto en la soberanía y seguridad nacional.
En desarrollo…
Nacionales
Asaltantes tienen en zozobra vecindarios residen miles dominicanos en Nueva York

Por Ramón Mercedes.-
NUEVA YORK.- Dos sospechosos en una motocicleta se han dedicado en las últimas semanas a asaltar ciudadanos en varios vecindarios de Queens, lugar donde residen miles de dominicanos.
La policía ha informado que los delincuentes son responsables de al menos 23 robos, y su accionar delincuencial consiste en arrebatar prendas, principalmente cadenas.
Varias víctimas han resultado con lesiones leves. Los sectores afectados corresponden a los cuarteles 102, 104, 108 y 110, así como en cinco comisarías de Brooklyn y una en Manhattan.
El dúo atacó por primera vez en el distrito 104 el 1 de mayo, cuando se acercaron a una joven de 17 años que caminaba cerca de la intersección de la avenida Cooper y la calle 71 en Glendale, le arrebataron su cadena y huyeron.
La institución del orden ofrece una recompensa de $3,500 dólares por información que conduzca al arresto de los maleantes.
Se solicita a cualquier persona que tenga información sobre estos incidentes llamar a Crime Stoppers del NYPD al 1-800-577-8477 o al 1-888-57-7-4782. También puede enviar sus pistas a través del sitio web de Crime Stoppers en crimestoppers.nypdonline.org o en la plataforma X (anteriormente Twitter) @NYPDTips. Todas las llamadas y mensajes son confidenciales.
Nacionales
El Senado aprueba el Código Penal en primera lectura por unanimidad

Santo Domingo. – El Senado aprobó este jueves en primera lectura el proyecto de ley Orgánica que instituye el Código Penal de la República Dominicana, una novedosa y actualizada ley que tipifica nuevas conductas delictivas, cierra vacíos legales y contempla cúmulo de penas de hasta 60 años de prisión.
El presidente de la Comisión Bicameral encargada del estudio de la pieza, Santiago José Zorrilla, presentó al Pleno el informe favorable, el cual fue incluido en el Orden del Día de este jueves.
En una sesión maratónica que dio inicio a las 11:05 am, y finalizó a las 5:31 pm, fue aprobado el proyecto a unanimidad y de pie, con una votación de 23 senadores presentes.
Al iniciar los trabajos, el presidente del Senado, Ricardo de los Santos, autorizó dar lectura al proyecto de Ley que contiene unos 413 artículos que vienen a sancionar diferentes delitos y violaciones penales.
Esta novedosa propuesta legislativa fue presentada al Pleno por los senadores Ramón Rogelio Genao, Alexis Victoria, Félix Bautista, Cristóbal Venerado Castillo, Jonhson Encarnación, Moisés Ayala Pérez, Guillermo Lama y Odalis Rodríguez.
Esta reforma al Código Penal, que constituye una transformación estructural no solo de la ley, sino, del entendimiento propio del sistema penal dominicano; contiene novedades como el que destaca el artículo 52, en el que se señala que el límite de la pena aplicable en el concurso de infracciones muy graves que conlleven penas de la misma naturaleza no podrá ser en ningún caso superior a sesenta años de prisión.
En tanto, que, los artículos 95 y 96 castigan con penas entre 10 y 30 años de prisión los atentados dolosos contra personas, como el homicidio, y el homicidio agravado.
En el artículo 97 refiere que el feminicidio constituye el hecho que cause la muerte de una mujer, independientemente de la edad, relación de pareja, y sin importar el lugar donde ocurra, será sancionado con pena de treinta a cuarenta años de prisión mayor.
La referida pieza indica en el artículo 102, que quien planifique un acto de sicariato, encargue, ordene o ejecute de manera directa o indirecta, un asesinato, a cambio de entregar o recibir una remuneración o a cambio de una promesa de remuneración, es culpable de sicariato, y será sancionado con penas de treinta a cuarenta años.
La normativa legislativa, leída íntegramente por el Pleno del Senado, contempla penas mayores en el artículo 191, para los que cometen explotación sexual de niños, niñas y adolescentes, así como la utilización de personas menores de edad en actividades sexuales a cambio de dinero. Este delito será castigado con penas mayor de 10 a 20 años.
La ley contempla, también, el castigo con diferentes penas al delito de hostigamiento o intimidación “Bullying”, tortura, actos de barbarie, ciberdelitos, uso de sustancias nocivas o ácido del diablo, actividad sexual no consentida, extorsión y chantaje, la corrupción, entre otros tipos penales que se contemplan en el nuevo código.
Esta reforma se presenta como una solución a una necesidad imperiosa de satisfacer la complejidad y evolución del crimen contemporáneo. La propuesta presenta respuesta novedosa en materias como género, tecnología, crimen organizado y derechos humanos.
Esta herramienta legislativa busca garantizar una aplicación más aceptable y justa de la ley penal, toda vez que tipifica nuevas conductas delictivas, cierra vacíos legales, otorga una clasificación y graduación más moderna de la pena, actualizada a la tecnología lingüística, y ajustada a la norma de técnica legislativa.
Con esta nueva legislación los operadores de justica, fiscales, defensores y jueces actuarán con mayor eficiencia y legitimidad, haciendo que la justicia sea más accesible, clara y efectiva.
Durante el conocimiento de la iniciativa, el presidente del Senado, Ricardo de los Santos, felicitó el trabajo realizado por el presidente de la Comisión Bicameral, Santiago Zorrilla, y a los demás miembros por la gran labor realizada.
De los Santos solicitó a sus pares dejar sobre la mesa varias resoluciones pendientes, para ser sancionadas en los trabajos de una próxima sesión.
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