Santo Domingo. – Tras el informe preliminar dado a conocer el miércoles por la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP), el Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (Inabie) reiteró su disposición de continuar colaborando activamente con todas las investigaciones relacionadas con los procesos de licitación para la adquisición de utilería escolar correspondientes al año 2024.

La institución explicó que ha respondido puntualmente a cada una de las solicitudes realizadas tanto por la DGCP como por la Unidad Antifraude de la Contraloría General de la República, en el marco de una investigación aún en curso.

Asimismo, indicó que está en la mejor disposición de atender cualquier requerimiento de información por parte de la Procuraduría General de la República (PGR).

Cancelación de contratos y desvinculaciones

El INABIE informó que, de manera proactiva, inició el proceso de cancelación de aproximadamente 20 contratos firmados con oferentes. Además, dispuso la desvinculación de nueve colaboradores que participaron en las licitaciones, entre ellos, los peritos encargados de las evaluaciones técnicas.

Medidas adicionales

La institución recordó que fue la propia Dirección Ejecutiva del INABIE la que solicitó a la DGCP y a ProCompetencia el acompañamiento para investigar posibles irregularidades detectadas de manera preliminar en los procesos INABIE-CCC-LPN-2024-0008, INABIE-CCC-LPN-2024-0010 e INABIE-CCC-LPN-2024-0012, relacionados con la adquisición de utilería escolar.

Hasta el momento, las evaluaciones realizadas no han evidenciado afectación de derechos y no se ha recibido ninguna impugnación por parte de los oferentes, ni en el Inabie ni en la DGCP.

Como medida preventiva, se dispuso la suspensión de la certificación de contratos con las empresas involucradas. La institución también aseguró que no se ha realizado ningún desembolso económico vinculado a los contratos observados, en salvaguarda de los recursos públicos.

Desde el año 2022, el Inabie ha fortalecido sus controles internos y ha ejecutado diversas acciones orientadas a garantizar la integridad de sus procesos.

Entre estas se incluyen la suspensión de más de 50 proveedores por irregularidades en distintas licitaciones, la solicitud de inhabilitación por falsificación de documentos y la instalación en curso de una Unidad de Riesgo y Cumplimiento, que permitirá detectar anticipadamente prácticas contrarias a la ley.