EL NUEVO DIARIO, BOGOTÁ.- El Congreso de Colombia comienza este domingo su nuevo período ordinario de sesiones, el último con el presidente Gustavo Petro, con quien terminó enfrentado en la anterior legislatura por diferencias sobre el contenido de las reformas laboral y de pensiones del Gobierno.

Petro entregará el cargo el 7 de agosto de 2026 y, aunque el año próximo volverá a instalar el Congreso, para entonces ya estará elegido su sucesor para el período 2026-2030.

Por eso, en el período de sesiones que se inicia mañana, Día de la Independencia colombiana, el Gobierno de Petro buscará impulsar nuevamente las reformas a la salud, a la justicia y una nueva tributaria.

«El 20 de julio, ante la nación, mostraré los grandes logros alcanzados por nuestras reformas en la salud y que han salvado la vida de miles de niñas y niños de Colombia», manifestó el presidente sobre los cambios que ha implementado su Gobierno en el sector por vía administrativa.

El presidente debe instalar el Congreso después de llegar de una visita oficial a Haití y, tras hacerlo, viajará a Santiago de Chile para participar el lunes en la cumbre por la defensa de la democracia, convocada por su homólogo chileno, Gabriel Boric, y en la cual también estarán los mandatarios de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva; de Uruguay, Yamandú Orsi, y el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez.

En este nuevo período legislativo, la polémica se anticipa por el proyecto de reforma a la justicia, liderado por el nuevo ministro de esa cartera, el exfiscal general Eduardo Montenegro, quien radicará mañana mismo esta iniciativa, que ha catalogado como «una tercera vía» entre los acuerdos con los paramilitares y con la guerrilla de las FARC, y que ya acumula críticas de la oposición y de juristas.

El motivo de la discordia es que el proyecto incluye beneficios para jefes de bandas criminales que se sometan a la justicia, lo que eventualmente podría incluir al Clan del Golfo, el principal grupo criminal de Colombia, e incluso a la banda criminal transnacional Tren de Aragua, según los críticos de la iniciativa.

«Este proyecto es una tercera vía entre las experiencias de la Ley de Justicia y Paz (para la desmovilización de los paramilitares) y de la Justicia Especial producto de los acuerdos de La Habana (con las FARC)», dijo Montealegre.

El ministro asegura que la ley que propondrá el Gobierno «es una mezcla de justicia retributiva y de justicia restaurativa».

«Colombia debe tener la seguridad de que aquí no estamos construyendo una alambrada de impunidad; siempre habrá un mínimo de pena privativa de la libertad», subrayó el jefe de la cartera de Justicia.

Sin embargo, ese proyecto ha recibido críticas de quienes consideran que es la concreción de un acuerdo que supuestamente negoció Juan Fernando Petro, hermano del presidente, durante la pasada campaña presidencial, con criminales presos en la cárcel bogotana de La Picota, y que consistía en entregar dinero y bienes a cambio de que no se les extraditara a EE. UU. y de que se les diera tratamiento político como parte de la «paz total» del Gobierno.

«El nuevo proyecto de acuerdos con el narcotráfico, disfrazado de paz total, último capítulo de la implementación del Pacto de La Picota, afianza la narcocracia con que Gustavo Petro está comprometido desde la campaña presidencial», escribió en su cuenta de X el expresidente conservador colombiano Andrés Pastrana.

La otra reforma importante que el Gobierno tramitará en el período legislativo es la tributaria, con el propósito de conseguir un recaudo adicional de 19,6 billones de pesos (unos 4.870 millones de dólares), según el ministro de Hacienda, Germán Ávila.

Dicha propuesta, tercera del actual Gobierno, incluirá la modificación de la estructura del IVA para reducir el gasto tributario, así como modificaciones adicionales al impuesto al carbono; IVA para juegos de azar, plataformas digitales e iglesias; y medidas dirigidas a gravar las diferentes formas de contaminación, tales como plaguicidas, ruido y vapeadores, entre otros.

La instalación del nuevo período de sesiones del Parlamento servirá también para medir fuerzas entre el Pacto Histórico, partido de Gobierno, y sus aliados, y la oposición, para ver quién se queda con las presidencias de la Cámara de Representantes y del Senado, posiciones importantes porque son las que controlan la agenda legislativa.

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