EL NUEVO DIARIO, GUAYAQUIL (ECUADOR). – El ministro del Interior ecuatoriano, John Reimberg, aseguró este domingo que los 1.000 presos que están siendo deportados a Colombia, y que cumplían penas en distintas cárceles del país, tienen «prohibido su ingreso al Ecuador por los próximos 40 años».

«No vamos a permitir que el terror cruce nuestras fronteras ni que se instale en nuestras calles», escribió Reimberg en su cuenta de la red social X después de que el viernes el Gobierno empezara con la repatriación de los primeros 700 reos, una medida que Colombia denunció que se ha realizado de manera «unilateral» e «inamistosa».

«Esta acción forma parte de nuestra política de tolerancia cero con el crimen organizado. Quienes atenten contra la seguridad del país, no tienen cabida aquí», añadió.

Según el ministro, los extranjeros estaban finalizando su tiempo en prisión tras haber sido capturados por robo, receptación, tráfico de drogas y delitos contra la propiedad, aunque dos deportados aseguraron a EFE el viernes que habían estado poco tiempo en la cárcel, uno llevaba dos de los diez años a los que lo sentenciaron y otro un poco más de un año, de los más de tres que debía cumplir.

«Seguiremos firmes. La seguridad de los ecuatorianos está por encima de todo, añadió Reimberg este domingo.

Protesta de Colombia

El viernes, la Cancillería colombiana expresó «su más enérgica protesta» contra Ecuador por comenzar «de manera unilateral» el proceso de deportación de los reos.

Según Colombia, las autoridades ecuatorianas decidieron dar inicio a las repatriaciones «sin que se hubiera diseñado el protocolo, impidiendo la plena identificación de los ciudadanos deportados, la verificación de su situación jurídica, e incumpliendo así las más básicas nociones del Derecho Internacional, que prohíben las deportaciones masivas».

Pero el sábado el Ministerio de Relaciones Exteriores de Ecuador negó que estuviera realizando una «deportación colectiva» hacia Colombia, pues aseguró que se estaba garantizando «el respeto al debido proceso mediante la emisión de resoluciones individuales debidamente motivadas y la correspondiente boleta de excarcelación emitida por la autoridad judicial especializada en la materia».

La Cancillería ecuatoriana defendió que «comunicó oficialmente al Consulado de Colombia en Quito desde el 8 de julio sobre los procesos individuales de deportación en curso, en calidad de canal diplomático».

«Ecuador nos responde con desdén», escribió el sábado el presidente colombiano, Gustavo Petro, en su cuenta de la red social X, quien, aunque no hizo referencia directa a las deportaciones, aseguró que «si la Gran Colombia entra en guerra, entra en guerra la humanidad».

A diferencia de otras repatriaciones de presos, que debían seguir cumpliendo su condena en Colombia, los presos expulsados por Ecuador quedaron exonerados y recuperan la libertad al entrar en territorio colombiano si no cuentan con procesos pendientes en la Justicia de ese país.

Las prisiones son uno de los epicentros de la escalada de violencia criminal que afecta a Ecuador y que lo ha llevado a situarse a la cabeza de Latinoamérica en índice de homicidios, algo que el presidente Daniel Noboa ha buscado contrarrestar al declarar al país bajo «conflicto armado interno» para enfrentar a las bandas criminales, a las que ha catalogado de terroristas.

En ese contexto, el mandatario ordenó el año pasado la repatriación de presos extranjeros, que en ese momento eran unos 3.200 reos, equivalentes al 10 % de la población penitenciaria a nivel nacional, la gran mayoría de nacionalidades colombiana y venezolana.

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