Santo Domingo.- La Corporación Financiera Internacional (IFC, por sus siglas en inglés), una entidad del Banco Mundial, ha invertido en República Dominicana unos USD 1,500 millones de dólares en diferentes iniciativas que han impactado a la industria, la manufactura, agronegocios, turismo e infraestructura resiliente.

Así lo expresó la representante de la entidad en el país, Frida Ruiz, quien aprovechó la ocasión para valorar la relevancia de que la banca múltiple pueda canalizar estos recursos y promover las mejores prácticas medioambientales. Ruiz compartió estos criterios con la Asociación de Bancos Múltiples de la República Dominicana (ABA). Añadió que han hecho un fuerte impulso a las energías renovables y a la inclusión financiera, particularmente en micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes), y en negocios liderados por mujeres.

Ruiz aseguró que el país se encuentra en una coyuntura clave para transformar su crecimiento económico en un modelo sostenible e inclusivo. Indicó que en los últimos años, República Dominicana ha experimentado uno de los mayores crecimientos en América Latina y el reto actual es que este desempeño pueda traducirse en un cambio estructural del aparato productivo, inversiones responsables y empleos de calidad, a fin de que ese desarrollo llegue a los sectores más vulnerables.

“En la medida en que el sector bancario continúe incorporando criterios de sostenibilidad en sus decisiones de financiamiento, se incentivará a las empresas a adoptar prácticas más responsables, lo que contribuiría a cerrar brechas de infraestructura, exclusión social y financiera, y a construir un modelo económico más resiliente y justo”, sostuvo la representante del IFC en el país.

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Expresó que, en virtud de esto, el IFC impulsa una serie de iniciativas orientadas a la inclusión de diversos sectores y el fomento a la sostenibilidad, con el apoyo del sector público, agentes productivos y financieros del país.

Citó entre estas acciones al Protocolo Verde, una iniciativa impulsada junto a la ABA, que contiene compromiso de las entidades bancarias para establecer un marco integral encaminado a promover e institucionalizar las prácticas financieras responsables del sector bancario, emitir bonos temáticos y enverdecer la cartera de créditos de la banca múltiple. 

En ese orden, mencionó el acompañamiento a la firma de la Carta Compromiso entre la ABA y el Consejo Nacional de la Empresa Privada (CONEP) para la implementación del plan de acción del citado protocolo, promoviendo la sostenibilidad tanto en el sector financiero como en el sector real.

“Más que desafíos, hemos encontrado oportunidades en la República Dominicana”, comentó. Para aprovecharlas, apuntó que el IFC ha creado instrumentos innovadores como préstamos vinculados al cumplimiento de metas sostenibles y fondos de preinversión para estudios de viabilidad, lo que reduce el riesgo para el sector privado.

Frida Ruiz calificó como un avance en los esfuerzos del país hacia la sostenibilidad y resiliencia económica, la conformación de la Taxonomía Verde, un instrumento que permite clasificar los proyectos susceptibles de financiamiento sostenible (verde, azul y biodiversidad). 

También valoró que se promuevan proyectos como el We Finance Code, coordinado por la ABA, y en el que participan entidades bancarias y fintech, con la finalidad  de recopilar y desagregar datos que sirva para facilitar el acceso al crédito bancario de las mujeres que lideran mipymes.

En un documento de prensa compartido por la Asociación de Bancos, expresó el compromiso del IFC para seguir colaborando activamente con el sector público y privado, en especial la banca múltiple, para cerrar las brechas de infraestructura, inclusión social y acceso al financiamiento sostenible.

Una propuesta de ley en la Cámara de Representantes de Estados Unidos, que busca imponer un impuesto del 5% a las remesas que se envían desde ese país, ha generado preocupación entre empresarios e industriales dominicanos quienes advierten que una medida como esta tendría efectos negativos sobre el consumo nacional y la demanda de productos locales.

La iniciativa, parte del polémico plan presupuestario y fiscal que impulsa el presidente estadounidense, Donald Trump, que agregarían un costo adicional al promedio de envío de remesas que actualmente oscila entre 5 y 6 dólares por cada 100.

La posibilidad de que se aplique este impuesto al dinero que se envían desde Estados Unidos mantiene en alerta a distintos sectores productivos en República Dominicana, como a empresarios e industriales los cuales aseguran que este gravamen sería un golpe para miles de familias que dependen de esos ingresos.

«Eso sería muy desafortunado«, considera el presidente del Consejo de la Empresa Privada, Celso Juan Marranzini. Entiende que es así «porque realmente afectaría las remesas y la verdad es que no sería positivo de ninguna manera para el país, ni tampoco para las familias dominicanas que hacen un esfuerzo en enviar parte de sus recursos a los familiares en nuestro país o en otros países también«, enfatizó Marranzini.

«Un cinco por ciento podría restar la cantidad que se reciba«, aseguró Julio Brache, presidente de la Asociación de Industrias.

Ante la preocupación, desde ya se contemplan negociaciones diplomáticas y comerciales para evitar que esta propuesta, que aún se encuentra en fase de discusión en el Congreso estadounidense, se materialice.

«Todavía hay un espacio de negociación, eso no es definitivo y se van a hacer todos los esfuerzos para que ese impuesto no se produzca. Así que estemos pendientes de los próximos días que se van a iniciar una serie de negociaciones para que eso no nos afecte a República Dominicana«, aseguró Brache.

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Estados Unidos es la principal fuente de remesas que tiene la República Dominicana con más de un millón de quisqueyanos que envían dinero a sus familiares.

Según cifras oficiales, el año pasado, los dominicanos enviaron 11 mil millones de dólares a sus familiares, equivalentes a un 11% del Producto Interno Bruto.