EL NUEVO DIARIOA, NUEVA YORK. – Un juez federal ordenó este miércoles al Gobierno de Donald Trump ofrecer a más de un centenar de inmigrantes venezolanos expulsados a la megacárcel de El Salvador, la posibilidad de apelar sus acusaciones en un plazo de una semana.

El juez James Boasberg publicó hoy un fallo de casi 70 páginas que compara la situación de los inmigrantes, que estaban detenidos en un centro de Texas el 15 de marzo cuando el Gobierno inició su expulsión a la cárcel CECOT de El Salvador, a la novela ‘El juicio’ de Franz Kafka.

La decisión parte de una demanda en nombre de un grupo de estos inmigrantes que estaban indocumentados en EE.UU., y que argumentan que se ha violado su derecho al debido proceso legal al expulsarlos usando una controvertida ley centenaria.

El 14 de marzo, Trump invocó la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798, utilizada en tiempos de guerra, para expulsar por la vía rápida a cientos de venezolanos a los que acusaba de pertenecer a la organización criminal Tren de Aragua.

Boasberg bloqueó el uso de esa ley cuando dos aviones iban rumbo a Centroamérica con los migrantes y ordenó su regreso, pero estos aterrizaron en El Salvador, desatando una batalla legal en la que el Supremo ha decidido también vetar ese tipo de deportaciones.

El juez dice que quizás el Gobierno tenga razón en que los denunciantes son pandilleros, pero no se puede saber «porque nunca tuvieron la oportunidad de desafiar» la acusación de que son criminales, y alude a «pruebas» de que muchos no lo son.

«Ahora, pruebas importantes han salido a la luz indicando que muchos de los sepultados en la CECOT no tienen conexión con la pandilla y por tanto languidecen en una prisión extranjera por acusaciones frágiles e incluso frívolas», escribió Boasberg.

Boasberg dio «una semana para entregar un aviso al tribunal explicando cómo pretenden facilitar la capacidad» de los encarcelados en la CECOT «para pedir un recurso de habeas» (corpus, el derecho a comparecer ante un juez para que decida si un arresto fue legal o no).

La Unión de Libertades Civiles (ACLU), una de las organizaciones que defienden a los inmigrantes en el caso, consideró que el juez opina que «la expulsión de unos 130 hombres venezolanos» bajo la Ley de Enemigos Extranjeros el 15 de marzo «fue ilegal».

El abogado Lee Gelernt, de ACLU, que lidera la defensa, aplaudió que «el juez adecuadamente reconoció que el gobierno no puede enviar gente a un notorio gulag extranjero sin el debido proceso y luego lavarse las manos en la situación».

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