Nueva York. El presidente de la Junta Central Electoral (JCE), Román Andrés Jáquez Liranzo, afirmó ayer que el Pleno de esa institución “se opone radicalmente” al uso de otro documento que no sea la cédula de identidad y electoral para ejercer el derecho al voto.

Jáquez Liranzo manifestó que la cédula de identidad y electoral es el único documento con rango constitucional y es el único habilitado para que los dominicanos y dominicanas puedan votar en las elecciones nacionales que se realizan en el país y en la comunidad dominicana en el exterior.

“Con todo el respeto que merecen los poderes del Estado, sobre todo el Poder Legislativo, la JCE se opone radicalmente al uso de otro documento que no sea la cédula de identidad y electoral para ejercer el derecho al voto. Es el único documento mencionado constitucionalmente, no se puede usar otro y esto es lo que vamos a apoyar”, expresó.

La respuesta se produjo ante la inquietud de dominicanos y dominicanas residentes en el exterior sobre el particular, durante la asamblea de presentación de propuestas de aspirantes a miembros de la Oficina de Coordinación de Logística Electoral (OCLEE), en esta ciudad.

En otro orden, Jáquez Liranzo también se refirió a interrogantes surgidas respecto al contrato de adjudicación de la nueva cédula.

En ese sentido, reiteró que el Pleno de la JCE garantiza que en la contratación no se vulnera en lo absoluto la identidad de los dominicanos.

“El software y los sistemas tecnológicos son creados y propios de la JCE y la data está blindada y nosotros les garantizamos que sus documentos están resguardados y les pertenecen constitucionalmente a la JCE”, expresó.

Recordó que el Pleno realizó una rueda de prensa en la que se aclaró que el consorcio EMDOC, ganador de la licitación que se realizó con la participación de las organizaciones políticas, está integrado por una empresa dominicana, dos panameñas y dos alemanas, y su único papel en el proceso de renovación de la cédula, será proporcionar los materiales que serán utilizados.

El pasado fin de semana una comisión encabezada por Jáquez Liranzo y los miembros titulares del Pleno, Hirayda Marcelle Fernández Guzmán, coordinadora del Voto Dominicano en el Exterior; Samir Rafael Chami Isa, coordinador de la Comisión de las Juntas Electorales, así como el director del Voto en el Exterior, Well Sepúlveda, escucharon la presentación de propuestas de aspirantes a miembros de la OCLEE en esta ciudad, durante una asamblea en la que participaron representantes de diferentes organizaciones políticas y civiles, así como también dominicanos y dominicanas interesados en pertenecer o proponer candidatos a integrar esta OCLEE.

SANTO DOMINGO, R.D.- La Dirección General de Información y Defensa de los Afiliados a la Seguridad Social (DIDA) y el Instituto Tecnológico de Santo Domingo (INTEC) firmaron un acuerdo para la realización de actividades conjuntas en las áreas de docencia, investigación, formación continua, extensión universitaria y desarrollo institucional, en beneficio del Sistema Dominicano de Seguridad Social y de la ciudadanía afiliada.

El acuerdo fue firmado por el director de la DIDA, Elías Báez y por la rectora interina de Intec, Alliet Ortega Rabassa, en presencia de la directora de Promoción y Capacitación de la DIDA, Julissa Magallanes y el coordinador de la Unidad de Investigación en el Área de Ciencias de la Salud del INTEC, Pedro Castellanos; quienes coordinarán la ejecución del mismo; así como de otros colaboradores de ambas instituciones.

Elías Báez, director de la DIDA, informó que los principales objetivos de dicho convenio son de fortalecer la producción e intercambio de las informaciones y conocimientos que contribuyan al fortalecimiento de la protección social de los Derechos a la Salud y Previsión Social de las personas y familias afiliadas en el Sistema Dominicano de Seguridad Social; intercambiar informaciones en el marco de las disposiciones legales vigentes; desarrollar conjuntamente proyectos de investigación y estudios, así como de capacitación y formación sobre Seguridad Social, Protección Social de los Derechos a la Salud y Previsión Social, el Sistema Dominicano de Seguridad Social y los Derechos de los Afiliados y otras iniciativas que sean de interés para ambas partes.

Báez indicó que ambas entidades se comprometieron al desarrollo conjunto de programas académicos de grado, postgrado y formación continua, así como investigación y en el marco de la extensión, responsabilidad social, y otras actividades que contribuyan al fomento y desarrollo de las relaciones de cooperación, lo que calificó como muy importante.

Mientras que Alliet Ortega, rectora interina de INTEC, señaló que la educación y la investigación son pilares indispensables para consolidar un sistema de seguridad social fortalecido, justo y sostenible.

“Desde el INTEC asumimos este compromiso con plena convicción: generar conocimiento riguroso, formar profesionales con sentido ético y contribuir con investigaciones que orienten en la toma de decisiones públicas. En un país que avanza hacia mayores niveles de desarrollo, es urgente educar a la ciudadanía en el conocimiento y ejercicio de sus derechos, porque la verdadera protección social no se logra sólo con leyes, sino con personas informadas, empoderadas y conscientes de su papel dentro del sistema, fue un argumento que compartió Ortega durante su intervención”, expresó Ortega.

Otros de los compromisos asumidos entre las partes es el de Intercambiar informaciones, bajo el marco legal permitido por la ley 200-04, de Libre Acceso a la Información Pública, a los fines de ejecutar los proyectos, formular y ejecutar proyectos e investigaciones conjuntos de interés común, basados en el presente ACUERDO, que sean previamente consensuados entre ambas partes firmantes.

INTEC y la DIDA garantizarán la confidencialidad sobre los datos e informaciones intercambiadas para los fines de este acuerdo, divulgando solo los datos previamente acordados y autorizados entre ambas partes, dar el crédito a las partes firmantes en cualquier publicación que resulte de los estudios e investigaciones realizadas, brindar colaboración mutua en la realización de actividades curriculares y extracurriculares en la universidad como apoyo a la formación académica, tales como: Maestrías, Estudios de Postgrado, Jornadas Científicas, Actividades Sociales y Comunitarias, Ferias, Charlas, Congresos, Conferencias, Diplomados, Cursos y Talleres.

Ambas instituciones también pactaron promover el intercambio por tiempo limitado de estudiantes, profesores e investigadores, compartir información y materiales de docencia e investigación disponibles, bajo los lineamientos de cada institución, ccolaborar en cuantas otras actividades sean consideradas de interés mutuo, dentro de las disponibilidades de las partes y de las actividades que constituyen el objeto del presente acuerdo.

El presente acuerdo tendrá una vigencia de tres (3) años a partir de la firma realizada este lunes 27 de octubre del 2025 y será renovado automáticamente por un periodo similar, salvo que una de las partes comunique, con al menos, dos meses de antelación, su interés de darlo por concluido.

Ambas entidades designaron una Comisión Mixta responsable de la coordinación, el desarrollo y seguimiento del presente convenio que elaborará y ejecutará planes anuales de trabajo, evaluará y aprobará las propuestas de proyectos que sean planteados por alguna de las partes y presentarán los informes de avance anuales o con la frecuencia que sea establecida.

Madrid, España.- La presidenta de la Comisión de Pueblos Indígenas y Afrodescendientes del Parlamento Centroamericana (PARLACEN), diputada dominicana Namibia Angola Didiez, declaró aquí que trabajan para contribuir y promover acciones dirigidas a incentivar la vigencia y respeto de   los derechos humanos de estos pueblos, tras asegurar que “el racismo es una herida histórica aún abierta contra las personas afrodescendientes en Centroamérica”.

Al participar en 11 Foro Parlamentario AFROMADRID 2025, celebrado en el Congreso del Senado, de esta nación europea, Didiez dijo, asimismo, que esa comisión propicia la erradicación de la discriminación y el racismo “y promueve la naturaleza de la sociedad multiétnica y pluricultural de nuestra región”.

Además -prosiguió diciendo-, velar por la inclusión de estas comunidades en las políticas públicas, como lo manda el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la Declaración sobre los Pueblos Indígenas y Afrodescendientes, Ístmica e Insular del Parlacen, promoviendo un mayor conocimiento y respeto de la diversidad de la herencia y la cultura de los afrodescendientes y de su contribución al desarrollo de las sociedades.

Resaltó, durante su intervención en el evento, que el racismo es una herida histórica aún abierta contra las personas afrodescendientes en Centroamérica, “el cual no es un fenómeno reciente ni aislado”.

“El racismo es una herencia estructural de los siglos de esclavitud y colonización, que marcaron profundamente nuestras sociedades, y aunque formalmente abolido, continúa reproduciéndose en los sistemas educativos, en los medios de comunicación, en la representación política y en las estructuras económicas”, afirmó.

Sostuvo que se trata de un racismo muchas veces silencioso, institucionalizado y cotidiano, “que niega derechos, oportunidades y reconocimiento”.

La parlamentaria resaltó en ese sentido, que aún hoy, las personas afrodescendientes enfrentan estigmas, exclusión social y desigualdad de acceso a servicios básicos, “y de manera más sutil, son víctimas de una narrativa que intenta borrar o minimizar su aporte histórico a la construcción de nuestras naciones”.

“En nuestras comunidades, vemos cómo esta discriminación se traduce en datos y en rostros: familias afrodescendientes que viven en condiciones de pobreza estructural; mujeres y jóvenes que, pese a su talento, enfrentan techos invisibles en el acceso al empleo digno y a la educación superior; niños y niñas que crecen escuchando chistes o comentarios que normalizan la exclusión”, dijo.

Entiende que aunque existen avances en materia de derechos humanos, los prejuicios raciales aún se interponen como barreras para el pleno ejercicio de la ciudadanía.

Manifestó que desde el Parlamento Centroamericano que tiene su sede en Guatemala, a lo largo de los años se han impulsado acciones concretas, como la Declaración para construir la Agenda Regional de los Derechos de los Pueblos Indígenas y Afrodescendientes.

También citó la iniciativa de apoyo al Año Internacional de los Pueblos Afrodescendientes proclamado por las Naciones Unidas en 2011, y la Declaración de derechos a estos pueblos del 2018, que exhorta a los Estados del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA)a ratificar y aplicar los convenios internacionales en materia de derechos colectivos y culturales.