El Tribunal desestima la acción ciudadana contra la JCE por existir otra vía legal efectiva.

SANTO DOMINGO.– El Tribunal Superior Electoral (TSE) ha marcado la pauta esta semana al declarar inadmisible una acción de amparo interpuesta contra la Junta Central Electoral (JCE), al tiempo que ha zanjado y archivado una disputa interna del Partido Fuerza del Pueblo (FP).

En el primer caso, el tribunal desestimó el amparo que el ciudadano Junior Martínez había depositado contra la JCE el 23 de septiembre de 2025. La decisión fue unánime entre los magistrados, incluyendo al juez presidente Ygnacio Pascual Camacho Hidalgo y a los jueces titulares Pedro Pablo Yermenos Forastieri y Fernando Fernández Cruz.

La clave de la decisión no fue de fondo, sino de forma. El TSE fundamentó su fallo en que la reclamación del ciudadano debe seguir otra ruta legal, más específica y, por ende, más efectiva, según lo establece el artículo 70 de la Ley 137-11.

El tribunal fue preciso al señalar que la vía correcta para la solicitud de Martínez es una demanda en validez de acta de nacimiento ante la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia de Monte Plata. El registro del acta del accionante reposa en esa jurisdicción, y el TSE recordó que su posición se alinea con el precedente dictado por el Tribunal Constitucional en abril de 2022. En esencia, la acción de amparo fue descartada por ser la vía incorrecta para tramitar un reclamo de ese tipo.

Punto final a la disputa en Fuerza del Pueblo

En un caso aparte, el Tribunal Superior Electoral dio por concluido un proceso que afectaba al Partido Fuerza del Pueblo (FP) y a su Comisión de Justicia Electoral.

El TSE libró un acta oficial de desistimiento de la parte demandante, Doris Elsa Nouel Martínez, y ordenó el archivo definitivo del expediente número TSE-01-0026-2025.

Esta acción legal se refería a un “Recurso de apelación e impugnación de votaciones” realizadas durante el Congreso Elector Manolo Tavárez Justo del partido, celebrado el pasado 14 de septiembre de 2025.

Con este desistimiento, la disputa interna queda formalmente fuera de la órbita judicial electoral. La decisión del TSE de archivar el expediente representa un punto final a la controversia dentro de la organización política y alivia la presión sobre la Comisión de Justicia Electoral del FP, permitiendo al partido centrar sus esfuerzos en sus agendas internas sin la sombra de un litigio pendiente.

Ambas resoluciones demuestran el papel activo del TSE en la depuración de los procesos judiciales, asegurando que los ciudadanos utilicen las vías legales que la Constitución y las leyes procesales determinan como las más idóneas para cada tipo de reclamación.

El líder reformista critica el endeudamiento sostenido y pide disciplina fiscal y ahorro interno.

SANTO DOMINGO.– El presidente del Partido Reformista Social Cristiano (PRSC), Federico Antún Batlle (Quique), lanzó una fuerte crítica a la política de endeudamiento de los últimos gobiernos, asegurando que la República Dominicana “vive bajo el espejismo del crédito” y que, de mantenerse esa tendencia, el país terminará “hipotecado de forma perpetua”.

Antún Batlle afirmó que cada administración que llega al poder recurre a nuevos préstamos con el argumento de acelerar el desarrollo, pero que en la práctica “lo que se acelera es la dependencia”. Según explicó, la deuda pública crece sin que la productividad nacional avance al mismo ritmo.

“El problema no es solo cuánto debemos, sino para qué nos endeudamos. En su mayoría, esos fondos se utilizan para cubrir gasto corriente, no para inversiones que generen riqueza sostenible”, sostuvo el dirigente político, quien advirtió que esta práctica convierte el crédito externo “en un parche momentáneo que no resuelve los males estructurales de la economía”.

Antún recordó que durante los gobiernos del expresidente Joaquín Balaguer se demostró que era posible impulsar el desarrollo nacional sin depender de la deuda externa. “Con recursos propios se construyeron presas, carreteras y viviendas, priorizando lo esencial, sin hipotecar la soberanía del país”, dijo.

Para el presidente del PRSC, el endeudamiento actual genera un círculo vicioso que compromete los recursos futuros y debilita los sectores productivos. “Vivir de préstamos es como mantener un hogar a base de tarjetas de crédito: tarde o temprano los intereses se vuelven impagables y la casa se derrumba”, comparó.

También lamentó que el peso del pago de intereses absorba parte importante de los ingresos del Estado, reduciendo la inversión en áreas vitales como agricultura, educación, salud y seguridad alimentaria. “Estamos dejando de sembrar los pilares del desarrollo por pagar la cuenta de otros”, expresó.

No obstante, reconoció que la deuda no es negativa por sí misma, siempre que se use con prudencia y visión. “Cuando es razonable y bien dirigida, puede servir de palanca para el crecimiento. Pero cuando se normaliza como la principal fuente de financiamiento, se convierte en una sentencia de hipoteca perpetua”, advirtió.

Como salida, Quique Antún propuso impulsar el ahorro interno, reducir el gasto clientelar, y aplicar una reforma fiscal justa que premie la producción y alivie la carga sobre los más vulnerables. Además, pidió priorizar proyectos estratégicos en educación, energía, agua, salud y producción alimentaria.

“El futuro no se compra a crédito”, concluyó. “Se construye con disciplina, visión y coraje. Lo que está en juego no es una cifra contable: es la soberanía económica de la República Dominicana.”

El movimiento cívico pide reforzar controles para impedir el financiamiento ilícito en partidos y campañas electorales

SANTO DOMINGO. – El movimiento cívico Participación Ciudadana (PC) lanzó una advertencia contundente sobre los riesgos de que el narcotráfico y el lavado de activos penetren en la economía y el sistema político de la República Dominicana. La organización llamó al Gobierno, al empresariado y a los partidos políticos a tomar medidas urgentes para cerrar el paso a capitales provenientes del crimen organizado.

La preocupación surge tras recientes informaciones que vinculan a figuras del sector empresarial y político, especialmente relacionadas con el Partido Revolucionario Moderno (PRM), en casos de narcotráfico y lavado de activos.

Estas revelaciones, según PC, generan serias dudas sobre la eficacia de los mecanismos de control del Estado, tanto en los organismos especializados como en los entes financieros y no financieros, que tienen la obligación legal de prevenir la infiltración de dinero ilícito en la economía, conforme a la Ley 155-17 contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.

El movimiento advirtió que los partidos y agrupaciones políticas deben fortalecer sus mecanismos de control interno, especialmente en la afiliación de miembros y recepción de financiamiento privado, para evitar que estructuras delictivas utilicen la política como medio de legitimación o influencia.

PC reiteró su propuesta de que los partidos políticos, movimientos, agrupaciones y candidatos sean reconocidos como “sujetos obligados no financieros” dentro del marco de la Ley 155-17. Esto implicaría que las organizaciones políticas deban realizar debida diligencia ampliada sobre el origen de los fondos recibidos en campañas, dificultando el ingreso de dinero proveniente del narcotráfico u otros delitos.

En referencia al PRM, partido actualmente en el poder, Participación Ciudadana reconoció su comunicado oficial desvinculándose de los implicados en actividades ilícitas, pero señaló que la organización política debe asumir su cuota de responsabilidad.

“No basta con alegar responsabilidad penal individual. El partido debe revisar sus filtros de ingreso y financiamiento, para evitar que casos como los ocurridos vuelvan a repetirse”, expresó la entidad.

La organización recordó varios ejemplos recientes que han dañado la imagen institucional del país, como los casos del exdiputado Miguel Gutiérrez, condenado en Estados Unidos por narcotráfico; la exdiputada Rosa Amalia Pilarte, sentenciada a cinco años de prisión; así como los legisladores Nelson Marmolejos Gil, Faustina Guerrero y Héctor Félix, y otros dirigentes locales del PRM involucrados en procesos judiciales o solicitudes de extradición.

Participación Ciudadana denunció además que en muchos de estos casos, las actividades sospechosas de los acusados eran conocidas públicamente en sus comunidades, lo que sugiere falta de control y supervisión interna por parte de las estructuras partidarias.

Finalmente, la organización instó al Comité Nacional contra el Lavado de Activos —integrado por el Consejo Nacional de Drogas, la Procuraduría General, el Ministerio de Hacienda, la Superintendencia de Bancos y la DNCD— a ejercer su poder reglamentario para incluir formalmente a los partidos políticos y candidatos como sujetos obligados, tal como lo permite la ley.

“La democracia no puede ser financiada por el crimen organizado. Si el dinero del narcotráfico entra en la política, la institucionalidad se derrumba”, advirtió Participación Ciudadana en su comunicado.