El presidente del PLD denuncia abandono de aulas y exclusión educativa

La Vega. — El expresidente de la República y actual líder del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Danilo Medina, no se guardó nada. Durante una asamblea partidaria este fin de semana en La Vega, lanzó duras críticas al gobierno por lo que considera un grave retroceso en la política educativa: el abandono de más de 11 mil aulas listas para ser entregadas y el desmontaje del modelo de tanda escolar extendida.

“Dejamos once mil aulas casi terminadas. Estaban ahí, a punto. Y no las han terminado. ¿Por qué? Porque no quieren dar continuidad al Estado. Entonces ahora, como no hay espacio en las escuelas, se vuelve al viejo sistema de dos tandas. Eso es criminal”, sentenció Medina ante un auditorio repleto de dirigentes y simpatizantes del PLD.

El exmandatario fue enfático: la tanda extendida no era solo una política educativa, era una herramienta de equidad. “Este modelo buscaba nivelar a los hijos de los pobres con los de clase media y alta. Garantizarles comida, cuidado y más tiempo de aprendizaje. Hoy, eso se está perdiendo”, dijo.

Medina también recordó que múltiples estudios demuestran cómo la mala nutrición en los primeros años de vida afecta el desarrollo cognitivo infantil. “Eso se traduce en desventajas permanentes. La tanda extendida daba una oportunidad real de romper ese círculo”, agregó.

La crítica no se limitó al plano educativo. Al hablar sobre la histórica demanda de una presa para La Vega, Medina reconoció la importancia del proyecto para el desarrollo agrícola y el acceso al agua potable, pero advirtió que hay sectores que intentan capitalizar políticamente la obra. “La Vega necesita esa presa desde hace décadas. Pero hay quienes ahora quieren apropiarse de esa lucha comunitaria como si fuera una conquista personal”, advirtió.

La actividad del PLD en el Club Enriquillo, donde tuvo lugar la asamblea, también sirvió como plataforma para lanzar una señal clara: el partido no está dormido. A las 10:35 de la mañana, Medina llegó acompañado por Johnny Pujols, secretario general del partido, y otros altos dirigentes. La dirección provincial lo recibió con aplausos, y el acto comenzó con la bendición del sacerdote Carlos Vásquez y un llamado a la unidad del diácono José Antonio Henríquez.

Durante el evento, el presidente provincial del PLD, Bolívar Marte, criticó duramente la gestión del Partido Revolucionario Moderno (PRM) en la provincia. “Aquí no se ha visto un solo picazo ni corte de cinta. Nos han abandonado”, afirmó, exhortando a los presentes a trabajar por el retorno del PLD al poder.

Johnny Pujols, por su parte, reiteró que el partido está “de pie” y enfocado en su reestructuración interna a través de la Línea Organizativa y Electoral. “Esta es la clave para el próximo triunfo. Es hora de integrarse con compromiso y claridad”, afirmó.

En el acto también se destacó la participación de figuras como Zoraima Cuello, Temístocles Montás, Yomaira Medina, Francisco Domínguez Brito, Juan Ariel Jiménez y José Dantés Díaz, entre otros miembros del Comité Político. Antes de cerrar, los residentes del proyecto habitacional “El Riíto” tomaron la palabra para agradecer a Medina por haberles devuelto la tranquilidad con ese complejo de viviendas.

La actividad finalizó con la juramentación de nuevos miembros en las filas del PLD, entre ellos dos exmilitantes del PRM: Félix Alejo y José Monegro, quienes coincidieron con la consigna repetida por Medina en cada encuentro: “Hay que cambiar el cambio”.

La maestría de ceremonia estuvo a cargo de Héctor Olivo y del profesor Andrés Faña. Y aunque el ambiente fue de reafirmación partidaria, el mensaje de fondo fue político y claro: según Medina, lo que se está desmontando no es solo una política educativa, es una promesa de futuro para miles de familias pobres. Y eso —dijo sin rodeos— no se puede permitir.

El dirigente de la FNP asegura que la nueva ley penal limita a militares y migración

Santo Domingo. – El exdiputado y dirigente de la Fuerza Nacional Progresista (FNP), Vinicio Castillo Semán, lanzó duras críticas al nuevo Código Penal aprobado por el Congreso Nacional. Asegura que la normativa representa una amenaza directa a la soberanía del país y a la capacidad de las autoridades para combatir el tráfico de personas, drogas y otros delitos.

Según Castillo, la reforma penal incluye figuras delictivas que podrían utilizarse para acusar penalmente a militares, agentes de migración y otras autoridades, dejando el terreno abierto a denuncias de particulares y organizaciones no gubernamentales financiadas por organismos internacionales. Esto, dice, limitará la capacidad del Estado para aplicar la ley, sobre todo en zonas sensibles como la frontera.

“El nuevo Código le da a los haitianos la posibilidad de querellarse si se les niega el acceso a hospitales, escuelas o maternidades, argumentando discriminación por raza o nacionalidad, lo que ahora será considerado delito”, afirmó. A su juicio, esto frenará operativos fronterizos y de control migratorio, ya que los oficiales temerán ser acusados y enfrentar cárcel por detener vehículos sin una orden judicial.

En el ámbito del narcotráfico y el porte de armas ilegales, el exlegislador advirtió que la nueva ley también crea un escenario preocupante. “El miedo a actuar sin una orden judicial específica hará que las autoridades se abstengan de intervenir ante sospechas razonables. Se desarma a quienes deben combatir el crimen en el terreno”, puntualizó.

Castillo sostiene que el Congreso ha legislado “reaccionando a abusos aislados”, cuando bastaba con reforzar controles internos y dotar a los agentes de cámaras para registrar los operativos. “Convertir esto en un delito penal es, literalmente, poner a las autoridades contra la pared. El crimen organizado y las mafias de tráfico humano deben estar celebrando”, advirtió.

Aunque reconoce como un logro la exclusión de las tres causales en la nueva legislación —una bandera histórica de la FNP—, Castillo asegura que los artículos que, según él, debilitan las estructuras de control y vigilancia del Estado, empañan cualquier avance. “No puedo celebrar algo que compromete los intereses vitales del país”, concluyó.

Dice que el nuevo Código fortalecerá la justicia y la democracia

Rafael “Fiquito” Vásquez, coordinador nacional del Movimiento Electoral Peñagomista (MEP), aplaudió la aprobación del nuevo Código Penal por parte del Congreso, y afirmó que el presidente Luis Abinader no dudará en promulgarlo. A su juicio, esta reforma representa un paso firme hacia el fortalecimiento del sistema judicial y democrático del país.

“El Congreso dio una respuesta valiente y justa”, declaró Vásquez al referirse a la votación que se llevó a cabo esta semana en ambas cámaras legislativas. Según el dirigente político, el nuevo Código recoge demandas largamente esperadas por la sociedad dominicana y es producto de años de discusión entre distintos sectores del país.

Vásquez destacó que los legisladores actuaron con responsabilidad y sensibilidad al “poner sus oídos en el corazón del pueblo”, en alusión al reclamo de más de 20 años por una reforma penal. Subrayó especialmente el trabajo de la Cámara de Diputados, encabezada por Alfredo Pacheco, y agradeció el esfuerzo de los senadores y sus líderes, como Ricardo de los Santos.

“Valió la pena cada hora de debate y sacrificio”, afirmó, al señalar que el nuevo marco legal endurece penas contra delitos que hoy golpean con fuerza a la sociedad, como el feminicidio, el secuestro y los abusos contra menores. Aseguró que estas modificaciones envían un mensaje claro: el que delinca enfrentará consecuencias severas.

Fiquito también valoró la disposición de algunos sectores de la oposición que apoyaron la pieza, por encima de diferencias partidarias. “El país está por encima de cualquier interés político”, afirmó, en lo que interpretó como una señal de madurez del liderazgo nacional.

A su entender, el nuevo Código no solo fortalece el combate a la criminalidad, sino que responde a reclamos de juristas, académicos y organizaciones de la sociedad civil que han exigido un marco penal más actualizado. En su opinión, la nueva legislación deja atrás vacíos legales que favorecían la impunidad y permitirá a las autoridades actuar con más firmeza ante crímenes que antes quedaban sin castigo proporcional.

Con respecto al paso siguiente, Fiquito Vásquez se mostró confiado en que el presidente Abinader no se apartará del rumbo trazado por el Congreso. “Este Código será promulgado. Es una herramienta clave para afianzar la justicia y reforzar nuestra democracia. Estoy seguro de que el presidente lo ve igual”, aseguró.

Mientras algunos sectores sociales y defensores de derechos humanos han expresado serias críticas al contenido del Código, Vásquez insiste en que la reforma representa un avance. “Quien cometa crímenes, tendrá que pensarlo dos veces. Ya no habrá espacio para la impunidad”, concluyó.

El debate ahora pasa al Poder Ejecutivo, donde el presidente Abinader tendrá la última palabra sobre si se convierte o no en ley.