EL NUEVO DIARIO, BOGOTÁ. – El Consejo de Estado de Colombia recibió este jueves una demanda contra un nuevo decreto del Gobierno que adelanta parte del cobro del impuesto de renta de 2026, una medida que busca aliviar la falta de liquidez del Estado, pero que varios gremios han calificado como una «reforma tributaria escondida».

La demanda fue presentada ante el máximo tribunal de lo contencioso administrativo por Carlos Javier Soler, exsecretario de Seguridad de Cali y exdirector de Derechos Humanos del Ministerio de Defensa, contra el presidente colombiano, Gustavo Petro, el Ministerio de Hacienda y la Dirección de Impuestos y Aduanas (Dian).

«Ante el tremendo raponazo (robo) que pretende realizar Gustavo Petro, el Ministerio de Hacienda y la Dian al bolsillo de todos los colombianos, presenté demanda de nulidad ante el Consejo de Estado», escribió Soler en su cuenta de X.

El documento solicita la nulidad del decreto alegando una violación «flagrante» a la Constitución, «en particular el principio de legalidad tributaria», y pide además la suspensión provisional como medida cautelar «urgente para evitar afectaciones irreparables al patrimonio de los ciudadanos y a la economía nacional».

El Consejo de Estado estudiará la demanda contra el decreto con el cual el Gobierno pretende aliviar los problemas de la caja del Estado este año en medio de una coyuntura fiscal marcada por el desbalance de ingresos.

El decreto fue expedido la víspera por el Ministerio de Hacienda y modifica una serie de tarifas de retención en la fuente y autorretenciones que serán aplicables a partir del próximo domingo, 1 de junio.

Las actividades que tendrán más autorretención en la fuente serán la extracción de oro y otros metales preciosos, de gas natural y de hulla (carbón de piedra). También la generación de energía eléctrica y producción de gas, todos estos con una tarifa del 4,5 %, según el decreto.

Este nuevo decreto ha hecho saltar las alarmas de varios gremios y organizaciones económicas, que han tachado la medida de una «irresponsabilidad» y de una «reforma tributaria disfrazada».

Aunque por ahora solo se conoce la demanda de Soler, la senadora opositora María Fernanda Cabal y el exsenador David Luna, quien fue ministro de Tecnologías de la Información durante el gobierno del expresidente Juan Manuel Santos, han anunciado por redes sociales que también presentarán demandas de nulidad contra el decreto.

«Esto es una reforma tributaria sin pasar por el Congreso de la República. Petro quebró el país y los que paguen no pueden ser los colombianos», escribió Cabal en X.

Por su parte, Luna dijo que su demanda ante el Consejo de Estado solicitará la «suspensión inmediata de este decreto confiscatorio» y coincidió en que el Gobierno está «metiendo a los colombianos una reforma tributaria disfrazada para financiar buses y tarimas».

El Ejecutivo ha asegurado que el hundimiento en diciembre pasado en el Congreso del proyecto de ley para una segunda reforma tributaria, con la cual buscaba hacer un recaudo adicional de 9,8 billones de pesos (unos 2.389 millones de dólares de hoy) para financiar parte del presupuesto de 2025, lo obligó a hacer recortes en varias áreas.

Petro ha manifestado que heredó de Iván Duque, su antecesor, una elevada deuda pública, lo que sumado a la política monetaria del Banco de la República de recortar de manera lenta la tasa básica de interés «han llevado a una situación difícil que el Gobierno nacional ha tratado de sobremontar (sic) sin mayor costo para la gente más pobre».

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