La FP denuncia colapso estructural y cuestiona capacidad estatal ante eventos previsibles

Las intensas lluvias registradas el pasado 8 de abril han desatado un nuevo capítulo de cuestionamientos sobre la capacidad del Estado dominicano para gestionar riesgos y garantizar infraestructuras resilientes. La crítica proviene del partido Fuerza del Pueblo (FP) que sostiene que lo ocurrido no responde a un fenómeno extraordinario, sino a fallas estructurales acumuladas en planificación, ejecución y respuesta institucional.

Durante una rueda de prensa, dirigentes de la organización alertaron que el impacto de las precipitaciones dejó en evidencia debilidades críticas, particularmente en obras recientes como el Metro de Santo Domingo, cuya línea 2C presentó filtraciones, acumulación de agua y riesgos asociados a su sistema eléctrico.

Infraestructura reciente bajo cuestionamientos técnicos severos

El ingeniero Mariano Germán, secretario de Obras Públicas del partido, advirtió que los problemas detectados no pueden atribuirse a una lluvia imprevisible. Según explicó, las fallas en drenajes, filtraciones en estaciones y la incertidumbre sobre el tramo subterráneo de más de 900 metros apuntan a una posible deficiencia en diseño, planificación y supervisión.

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Uno de los puntos más críticos señalados es la continuidad de operaciones bajo la modalidad de “marcha en blanco”, en la que el sistema transporta usuarios sin completar su validación integral. Para Germán, esta decisión representa un riesgo elevado en un contexto donde ya se ha evidenciado la interacción peligrosa entre agua e infraestructura eléctrica.

Sistema de riesgos evidencia debilidad institucional persistente

Por su parte, Wilkin Moreno, responsable de Gestión de Riesgos en la FP, enfatizó que el evento climático fue advertido con antelación por los sistemas oficiales. En ese sentido, cuestionó que la situación se presente como inesperada cuando existían alertas activas entre 48 y 72 horas antes.

El dirigente subrayó que lo ocurrido refleja una falla sistémica en la prevención, así como en la coordinación entre instituciones. Las imágenes de ciudadanos atrapados, vías colapsadas y zonas históricamente vulnerables nuevamente inundadas confirman, según su análisis, la ausencia de mejoras estructurales.

Además, criticó que el país opere con un Plan Nacional de Gestión de Riesgos basado en 2011, sin actualizaciones significativas, mientras más de 700 millones de dólares destinados a cambio climático y prevención no se traducen en resultados visibles.

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La organización concluye que el país enfrenta un patrón repetitivo de crisis vinculadas a lluvias desde 2022 hasta 2026, sin evidencia de aprendizaje institucional. En ese contexto, exige auditorías independientes, transparencia en el uso de recursos y la implementación urgente de políticas preventivas eficaces.

Para la FP, cuando un fenómeno advertido deriva en crisis, el problema no es la lluvia, sino la falta de preparación del Estado, una condición que, de no corregirse, podría escalar hacia consecuencias más graves.

Designación busca reforzar transparencia electoral frente a creciente fragilidad institucional regional

La designación del dominicano Rafael Santos Badía como jefe de la Misión de Observación Electoral Internacional en Perú marca un movimiento estratégico de la Conferencia Permanente de Partidos Políticos de América Latina y el Caribe (COPPPAL) en un momento de alta tensión democrática en la región. El anuncio fue realizado por el senador Alejandro Moreno, quien subrayó la necesidad de garantizar procesos transparentes en la antesala de los comicios del 12 de abril en Perú.

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Moreno no ocultó su preocupación por el deterioro institucional que, según afirmó, afecta a varios países latinoamericanos. Señaló que existe una tendencia alarmante donde líderes electos democráticamente terminan debilitando las estructuras que los llevaron al poder. 

La erosión de la separación de poderes, la cooptación de organismos electorales y la reducción de la competencia política configuran, a su juicio, un escenario de riesgo para la democracia.

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En este contexto, la misión encabezada por Santos Badía adquiere relevancia no solo técnica, sino también simbólica. La presencia de observadores internacionales busca reforzar la legitimidad del proceso electoral peruano, en el que se elegirán presidente, vicepresidente y representantes legislativos para el período 2026-2031.

Perfil técnico y político del designado

La elección de Santos Badía no es casual. Actual ministro de Educación Superior, Ciencia y Tecnología de República Dominicana, su trayectoria combina experiencia legislativa, formación académica y liderazgo en el ámbito sindical. Moreno lo describió como un actor con solidez ética y capacidad profesional, cualidades clave para liderar una misión que exige imparcialidad y rigor.

Además de su labor política, Santos Badía ha desarrollado una carrera como docente y analista del sistema educativo, participando en iniciativas como el Plan Decenal de Educación y en órganos vinculados a la seguridad social magisterial. Su obra sobre el gremialismo docente dominicano refuerza su perfil como pensador comprometido con las transformaciones sociales.

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La COPPPAL, que agrupa partidos de diversas corrientes progresistas del continente, ha insistido en que estas misiones no solo observan, sino que también contribuyen a fortalecer estándares democráticos. En un escenario regional marcado por la polarización, el organismo apuesta por la vigilancia electoral como herramienta de estabilidad.

Así, la misión en Perú se convierte en una prueba clave para medir no solo la transparencia del proceso, sino también la capacidad de las instituciones latinoamericanas para resistir presiones y garantizar la voluntad popular.

Dirigentes exigen un escenario solemne y critican fines mediáticos oficialistas

El reciente llamado a un “gran acuerdo nacional” realizado por el presidente Luis Abinader ha encontrado una barrera de escepticismo en las filas del Partido de la Liberación Dominicana (PLD). Lejos de percibir una intención genuina de concertación, figuras clave de la organización opositora han calificado la convocatoria como una estrategia de propaganda carente del rigor institucional que la crisis global amerita.

Andrés Navarro, miembro del Comité Político y ex canciller, fue tajante al señalar que una propuesta de esta envergadura no debió lanzarse en una rueda de prensa sobre seguridad ciudadana. 

Según Navarro, delegar el mandato en ministros en lugar de ser encabezado directamente por el mandatario resta carácter oficial al proceso, convirtiéndolo en un ejercicio superficial frente a los embates económicos internacionales.

Escenario y formas erróneas

Para la cúpula peledeísta, la forma en que se comunica el consenso es tan importante como el fondo. Navarro subrayó que, en experiencias previas como el diálogo sobre la crisis haitiana, el Poder Ejecutivo utilizó canales más robustos como el Consejo Económico y Social (CES). Al evitar estos mecanismos formales, el gobierno actual parece priorizar el impacto mediático sobre la formulación de políticas efectivas.

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El dirigente recordó que el PLD mantiene una “oposición constructiva”, presentando críticas semanales acompañadas de alternativas de acción. Sin embargo, lamentó que la actual gestión posea una “amplia hoja de convocatorias” que no han tenido resultados tangibles, lo que genera una profunda desconfianza sobre la utilidad de sentarse nuevamente a la mesa de negociaciones sin una metodología clara.

Contradicciones y fines mediáticos

Por su parte, Yván Lorenzo, vicepresidente del partido, advirtió que la propuesta de un acuerdo nacional para enfrentar la crisis global realizada por el presidente Luis Abinader podría estar siendo utilizada con fines mediáticos y no como un ejercicio genuino de concertación.

Luego de encabezar una sorpresiva reunión del Consejo de Seguridad y Defensa Nacional el domingo de resurrección, el jefe del Estado instruyó a varios de sus ministros, realizar consultas con los diversos sectores, nacionales para alcanzar un consenso que lleve a un gran acuerdo nacional para enfrentar la crisis global actual.

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Al respecto Lorenzo denunció una dualidad peligrosa en el discurso oficial. Mientras se promueve la unidad, el Gobierno adopta medidas que la oposición considera cuestionables, como el otorgamiento de pensiones especiales que Lorenzo tildó de herramientas para “pagar el transfuguismo”. Esta supuesta falta de coherencia debilita la buena fe necesaria para cualquier pacto político.

Dijo que el PLD no respaldará iniciativas que deriven en cargas impositivas adicionales para una población ya asfixiada por la inflación. 

La organización exige que el oficialismo asuma un rol ejemplar con medidas de sacrificio real, advirtiendo que la “nobleza del liderazgo político” no debe ser utilizada como un recurso cosmético para validar decisiones unilaterales del PRM en un contexto de incertidumbre global.